¿SEGÚN CÓMO SE VEA?
¿Legal o ilegal? Autorización de presidente de ANP a Montecon contradice a prosecretario de Presidencia
El presidente de la Administración Nacional de Puertos autorizó en 2020 a la empresa Montecon a ocupar un espacio en el puerto capitalino bajo el sistema de almacenaje, algo que el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, calificó como ilegal.Simultáneamente, a la empresa se le autorizó a abonar un canon inferior, mientras se tramitaba un permiso de un año, pasando de casi U$S 58.000 a U$S 35.200, según se desprende de una nota publicada por Paula Barquet en Montevideo Portal.
De acuerdo con documentos a los que afirma haber tenido acceso Montevideo Portal, desde 2016 Montecon tenía vigente un permiso para la explotación del llamado Depósito 20 y sus áreas adyacentes, una superficie de 8.052 metros cuadrados en el puerto de Montevideo. En agosto de 2020, cuando se acercaba el vencimiento del permiso -lo que ocurriría en enero de 2021-, la empresa hizo llegar a la ANP una nota en la que solicitaba una prórroga, y en la que planteaba bajar el canon. Un deterioro del negocio de los depósitos logísticos intraportuarios y una fuerte competencia de otras alternativas logísticas, como zonas francas, eran parte de la argumentación para rebajar el precio. Además, Montecon advertía que la propuesta tarifaria estaba en el orden de lo que pagaban otros depósitos, y aclaraba que el nuevo valor incluiría los costos de mantenimiento del lugar -mejoras que ya se habían hecho, del entorno de los 300.000 USD-.
El directorio analizó el petitorio en setiembre de 2020, y a pedido de la oposición el tema pasó al área Jurídico Notarial, a efectos de analizar la legalidad de lo propuesto.
Se consideró que no era posible rebajar el canon, ya que el contrato lo establecía expresamente. El expediente volvió a circular, buscando alternativas, y nuevamente jurídica se expidió en iguales términos.
Casi un mes después, Montecon dejó sin efecto la solicitud inicial y presentó otra, ya no qieriendo renovar el permiso vigente sin solicitando uno nuevo, ahora por un año, y con un canon de U$S 35.200; es decir, lo mismo que había rechazado jurídica pocos días antes.
Finalmente, informa Montevideo Portal, el pedido llegó al directorio, que el 21 de enero de 2021 resolvió otorgar el permiso tal como estaba solicitado. Se remitió la resolución al Tribunal de Cuentas y al Ministerio de Transporte.
Aunque los trámites posteriores tardarían bastante más que los dos días que quedaban de plazo con el permiso vigente, Montecon permaneció en el Depósito 20; no lo desocupó y siguió haciendo las tareas que venía ejecutando con el permiso anterior -consolidación y desconsolidación, almacenaje, y actividades previstas en la Ley de Puertos, además del mantenimiento del equipamiento- pero lo hizo bajo la figura de "almacenaje", que en realidad no habilita dichas operaciones. Esa posibilidad fue expresamente avalada por la resolución del directorio del 21 de enero, tal como pudo corroborar Montevideo Portal.
Luego de varios procedimientos necesarios -actualización de planos, renovación de la póliza de seguro de incendio, entre otras cosas-, recién en agosto de 2021 se hizo entrega formal del área a las autoridades de Montecon, dueñas de un nuevo permiso de ocupación. Es decir, la empresa hizo uso del Depósito 20 durante siete meses sin haber concluido los trámites correspondientes, pero con el aval explícito del directorio.
En mayo de 2022, Montecon volvió a enviar una nota a Curbelo como presidente de ANP. En esta instancia pidió la renovación del último permiso -que establecía la posibilidad de prorrogarse por una sola vez- y no solicitó rebaja del canon. Ninguna de las divisiones del ente se pronunció en contra. Hasta donde supo Montevideo Portal, el trámite de renovación avanzó sin inconvenientes.
Desde que se instaló la polémica por el acuerdo que el gobierno firmó con Katoen Natie en 2021, y por el cual -entre otras cosas- se le otorgó a Terminal Cuenca del Plata (TCP, propiedad en un 80 % de la empresa belga) la concesión de la terminal especializada hasta 2081, algunos exponentes del gobierno han defendido su accionar poniendo el foco en lo que se hizo en administraciones anteriores, aduciendo que el Frente Amplio es responsable de haber generado las condiciones para el reclamo. Sostienen que Montecon se benefició al usar espacios en el puerto sin las mismas exigencias que Katoen Natie e incumpliendo la Ley de Puertos.
A nivel gubernamental hay quienes consideran que la figura de almacenaje es, directamente, ilegal, siendo uno de los principales exponentes de esta opinión el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés. "Cuando asumimos el gobierno nos encontramos con una situación manifiestamente irregular e ilegal en el manejo de las áreas públicas del Puerto de Montevideo. A tal punto que, con solo eso, tuve la más firme convicción de que era muy difícil sostener una defensa en Estados Unidos en el juicio internacional. Me parecía absolutamente inconveniente, porque vi desde el origen una ilegalidad manifiesta e irregularidades consentidas por parte de las anteriores administraciones a una empresa en desmedro de otra. Vos nunca podés permitir ni avalar que se instale a prestar servicios portuarios una empresa en el Puerto de Montevideo si no es a través de los títulos habilitantes o actos jurídicos que establece taxativamente la Ley de Puertos. Es lo que pasó acá. Cualquier otra situación es irregular, ilegítima, absolutamente", dijo en su oportunidad en entrevista con El Observador.
Ferrés apoyó esto y, en ocasión de su citación a Fiscalía como indagado por la denuncia presentada por el Frente Amplio cuestionó que una empresa operara con un título habilitante (concesión y permiso) mientras que otra lo hiciera por "decreto de almacenaje". "Para mí eso es ilegal", afirmó tras la consulta del fiscal de si el acuerdo con Katoen Natie alteraba la libre competencia en el puerto.
"Para que se pueda competir internamente en el Puerto de Montevideo, otra empresa de contenedores debe tener una concesión, tiene que haber un proceso competitivo transparente, tiene que pagar canon e invertir. El decreto de almacenaje que le permitió actuar durante más de 10 años a esta otra terminal de contenedores, no paga canon, no tiene que invertir como TCP. Está actuando por fuera de la ley", enfatizó luego en rueda de prensa. Y agregó: "Las administraciones anteriores deberían hacer una autocrítica, mirarse para adentro y decir ¿qué pasó durante estos 10 años? ¿Por qué llegamos a esta situación?".
En la misma dirección se expresó el hoy ministro del Interior y exministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber: "Montecon formaba parte de una situación ilegal", porque "no tiene concesión y actúa en los muelles públicos con permisos precarios, compitiendo deslealmente".
Sin embargo, mientras esto afirmaba Heber, el presidente de la ANP, Juan Curbelo, miembro del mismo Partido Nacional, autorizaba expresamente a Montecon usar espacio del puerto en régimen de almacenaje y, además, la habilitaba a hacer actividades de permisario bajo esa figura que en el gobierno consideran ilegal e irregular.
Según detalla Barquet en la nota de Montevideo Portal, en agosto de 2021, justo cuando Montecon dejaba de explotar el Depósito 20 del Puerto de Montevideo bajo la figura del almacenaje y pasaba a hacerlo con permiso, Curbelo mencionó que en la administración pasada, en el directorio de la ANP que él integró como representante de la oposición, "se generó el comienzo de un orden de las distintas áreas del recinto portuario y, de esa manera, se establecieron dos permisos y una concesión". "Entendíamos, y entendemos, que se tiene que trabajar y caminar hacia la eliminación de esta tarifa de almacenaje -más allá de que se haya modificado en 2016-, porque creemos que es más ventajoso y conveniente para la autoridad portuaria tener permisos o concesiones que, obviamente, representan una mejora en la recaudación", advirtió.
Consultado por Montevideo Portal acerca de si el sistema de almacenaje es ilegal -como dicen algunos de sus correligionarios- o no, Curbelo prefirió poner "el foco" en lo que sucedió entre 2008 y 2016, antes del cambio en el decreto.
"Llamémosle como quieran, pero esos fueron los años donde claramente existió, no solamente una irregularidad, sino que se cobró de una manera que afectó las arcas de la ANP", insistió el jerarca varias veces durante la entrevista.
Ante la pregunta de cómo calificaría entonces el sistema de almacenaje que funciona desde 2016, respondió: "Yo sé a dónde querés ir y te lo voy a contestar, pero hay que tener claro que estamos en una actividad portuaria, que la actividad portuaria tiene que ser continua. Y que las situaciones tienden a corregirse sin perjudicar el funcionamiento portuario".
Luego, Curbelo desarrolló la explicación que expuso en el Parlamento y en Fiscalía, y mencionó las tres áreas que se asignaron conforme a la Ley de Puertos en este periodo. "Nosotros tenemos que ir corrigiendo lo que sucede en las áreas públicas y tenemos que ir a que todas las áreas sean permisadas y concesionadas. Obviamente eso lleva un tiempo", expresó.
"¿Cuál es nuestra aspiración?, ¿cuál es la definición y hacia dónde vamos a ir? Es un compromiso: que una vez que terminemos esta administración, no existan más estos permisos de almacenaje que en realidad es la utilización de una tarifa almacenaje", anunció. "Podés decir 'bueno, pero en definitiva todavía no se ha hecho, no se ha culminado'. Es cierto. No se ha culminado, pero es una decisión que tomamos y lo vamos a ir haciendo dentro de este contexto que tuvimos [la pandemia] y dentro de la normalidad del puerto", agregó.
Sobre cómo se puede catalogar lo que ha ocurrido de 2016 en adelante, Curbelo evitó catalogarlo de "irregular". Aunque Ferrés tildó de ilegal todo régimen establecido por fuera del marco de la ley de puertos, para el presidente del Puerto "no hay ninguna contradicción" entre ellos. Dijo: "La irregularidad fue en ese periodo de tiempo [2008-2016]. Acá está claro -hay simplemente que leer la ley de puertos- que los únicos títulos habilitantes son los permisos, las concesiones y las autorizaciones. (...) El almacenaje es una tarifa, que se utiliza de forma extraordinaria, y lo que nosotros estamos haciendo es revertirlo. No empezamos nosotros, empezó en el 2017, con medidas que yo acompañé porque me parecía que iban en el camino correcto. Lamentablemente, en 2020, cuando asumimos, el 21 de marzo o el 20 de marzo, ya estábamos en plena pandemia. Hubo dos años en los que las prioridades tenían que ver más con lo sanitario o que los puertos estuviesen abiertos, que con ordenar lo que lo que sucede en las áreas públicas. Esa es la verdad", indicó.
Montecon en 2020 para ocupar el espacio del Depósito 20 bajo el sistema de almacenaje mientras se tramitaba el permiso de un año entra, para Curbelo, en la definición de "uso extraordinario".
"No se sabía si eran 15 días o un mes o dos meses. Depende. Lo que sí sucede es que cuando son actos complejos llevan un periodo de tiempo porque la decisión pasa por el servicio descentralizado, por ANP, y después va al MTOP", señaló Curbelo. "Se le cobró una tarifa de almacenaje; iba a ser -supongo, porque no estoy en el detalle de ese permiso- por unos días, por una semana o por lo que fuera, hasta que saliera el permiso. Es habitual en todos los permisos que se otorgan en el puerto de Montevideo", agregó.
Dijo también no estar al tanto de que en esos siete meses de trámites Montecon haya podido desarrollar tareas propias de un permiso, pese a que está expresamente habilitado en la resolución del directorio.
Sobre la reducción del canon al cambiar de permiso, el jerarca consideró que "tiene sentido" y puntualizó que se trata de un "cambio de instrumento jurídico" (de un permiso de cinco años a uno de un año). Concluyó: "Tenés un derecho sensiblemente menor, y por lo tanto vas a tener menos tiempo para todas las inversiones o todo lo que tú vayas a hacer".