DECLAMACIONES
Puerto: un gobierno con cara de piedra
En el día de ayer dos de los máximos integrantes de este gobierno y responsables directos de la entrega por 60 años del Puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie fueron a declarar a la fiscalía.No sabemos quién los aconsejó, si la agencia de publicidad que rige los destinos de una parte importante del gobierno; si los abogados del estudio Pereira Schurmann, o los habitantes de la isla de Pascua, famosa por sus enormes esculturas de rostros de piedra.
Luis Alberto Heber, en el momento de la entrega, ministro de Transporte y Obras Públicas y el prosecretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés con su abogado Paul Pereira Schumann (de los estudios más caros del Uruguay) se presentaron ante el fiscal especializado en Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez y la abogada en representación del Frente Amplio, Laura Robatto.
En sus declaraciones a la prensa está lo más jugoso, decidieron pasar al ataque, luego de haber recibido un alud de críticas de los socios del propio gobierno, de especialistas portuarios pertenecientes a partidos tradicionales, de los exportadores (aterciopeladas), de los sindicatos portuarios, se despertaron y lo que no habían hecho ni en el parlamento, ni en el periodo previo a asumir el gobierno, cuando Juan Curbelo actual Presidente de la Administración Nacional de Puertos integraba el directorio de la ANP, ni en el año que en silencio y subrepticiamente prepararon todo para la rendición total e incondicional ante Kaoten Natie, lo declararon a la prensa en la puerta del juzgado.
Declararon que fue un buen negocio. ¿Cómo? ¿Perdón? Por la construcción y el equipamiento completo de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) donde había que hacer casi todo, recibieron 30 años de concesión con competencia de otras empresas y ahora, por 455 millones de inversiones, le entregaron el doble de tiempo, 60 años de monopolio, el control total del puerto a través del Reglamento de Atraque, los terrenos de la Armada en la rambla portuaria, tierras para construir molinos de energía eólica y compra por parte de UTE. Y no se avergüenzan. La única duda es si tuvieron que invertir solo eso.
Los ministros y el jerarca del gobierno declararon en calidad de indagados, y eso es exactamente lo que son indagados de haber cometido abuso de funciones y otros delitos económicos. ¿No les quedaba nada más para entregar?
Todo su ataque se concentró en que otra empresa, Montecon, - que no es la única excluida de la operativa portuaria por el monopolio privado concedido a Katoen Natie - habría actuado ilegalmente durante varios años de gobierno del Frente Amplio. No se les ocurrió hacer cesar esa situación de inmediato, apenas llegados al gobierno, como podían haber hecho perfectamente, sino que para remediar la supuesta situación irregular decidieron firmar un nuevo contrato, diferente, con ventajas de todo tipo y concederles a la empresa Katoen Natie el monopolio absoluto del movimiento de contenedores durante los próximos 60 años, es decir durante los próximos 12 gobiernos completos, hasta el año 2081.
Como ese paquetito no alcanzaba, entre gallos y media noche le agregaron nada menos que el Reglamento de Atraque a los belgas, es decir la posibilidad de manejar todo el movimiento portuario de Montevideo y no solo el monopolio de los contenedores.
El argumento esgrimido con caras pétreas por los jerarcas no resiste el menor análisis. El supuesto juicio que Katoen Natie le iniciaría al Estado uruguayo, no tiene registros y en realidad es parte de la creación del doctor Ferrés, a cargo de ese flanco de la entrega. Y todos los interesados y conocedores, especialistas en juicios y disputas, saben perfectamente que los belgas no tenían la menor posibilidad de ganar el juicio y menos por la cifra de delirio que manejaron. Fue simplemente un fantasma para justificar la entrega.
La ANP en todo esto tuvo un papel deplorable, veremos con que rostro se presenta su presidente actual Juan Curbelo, cuando era y es más que evidente que era el directorio completo de la Administración que se debía expedir asesorando obligatoriamente al gobierno. Como sabían que los otros dos integrantes del directorio, uno del Frente Amplio y otro de Cabildo Abierto no votarían semejante aberración, cortaron por lo oscuro: se pronunció solamente el presidente y por lo tanto también en eso se violó explícitamente la ley.
Siendo un nuevo contrato, por 60 años, mucho más que la duración de este gobierno y concediendo un monopolio privado debía pronunciarse el parlamento. Nada, ni se les ocurrió llevar el tema porque sabían que nunca tendrían los votos, ni siquiera de la Coalición Multicolor. Todo fue por decreto.
A Montecon lo podían haber limitado perfectamente en sus actividades sin ningún problema, en realidad esta empresa es simplemente un pretexto.
Es más, en el Plan de Negocios presentado al inicio de sus operaciones por parte de Katoen Natie, hace casi 20 años, aparece claramente que tendrían que competir con los muelles públicos, que es donde opera Montecom, podría haber sido otra empresa y el documento del plan de negocios de los belgas hubiera invalidado totalmente la denuncia contra el Estado uruguayo. Era un bluff que a esta altura no se sabe quién lo creó y desarrolló, si los belgas o las autoridades uruguayas como pretexto.
En todo el año 2020, 10 meses de gobierno de Luis Lacalle Pou no se adoptó ninguna acción para corregir el accionar ilegal de Montecom. ¿Por qué? Se estaba preparando el zarpazo anunciado por el Presidente a inicios del 2021.
No es un episodio más, ni se inició con este gobierno, venía cocinando desde que eran oposición y no termina con el nuevo contrato, cualquier observador de todo el proceso sabe que el objetivo de los belgas es vender la terminal, con el monopolio de los contenedores y el Reglamento de Atraque. Ya lo intentaron hacer en el 2019, pero con un pequeño problema, le quedaba nada más que 10 años de concesión y los precios que pretendían nunca los lograron alcanzar, ni rozar, 300 millones de dólares.
¿Cuándo quieran vender el único puerto de aguas profundas que tiene el país y la zona del Río de la Plata y el Río Uruguay, quienes podrían ser los interesados? Lo dejo librado a vuestra imaginación ¿Argentina, China, Brasil?
El argumento manejado por algunos oficialistas y economistas de que es mejor la competencia entre puertos que dentro del propio puerto se cae solo y estrepitosamente. ¿Los exportadores uruguayos en contenedores van a enviar su mercancía a través de un puerto extranjero? Esa es la competencia en el futuro, no resiste el menor análisis, por la operativa logística, por el costo suplementario de transporte, etc etc. Y para los importadores ¿Descargan en Buenos Aires o en Río Grande y luego trasportan los contendores en camiones hasta su destino en Uruguay? Es simplemente un mal verso sin música.
UPM 2 se construyó por diversas razones, pero una de las principales es que le permitirá a los finlandeses cargar de forma completa una nave de celulosa, tanto de la producción de Fray Bentos como de Paso de los Toros y no como sucede hasta ahora que cargan el 60% de la capacidad total de la nave en Nueva Palmira y tienen que completar la carga en puertos del sur de Argentina o de Brasil antes de hacer el viaje transoceánico. Para los exportadores e importadores uruguayos, comenzó el proceso inverso...ese es el gran negocio del gobierno.
La supuesta competencia entre puertos y no el pleno respeto a la ley de competencia que rige en nuestro país y que ha sido violada groseramente por los decretos presidenciales, es otro bluff, otra demostración de que algo oscuro se mueve en todo este negocio. Es por ese motivo que comencé a emplear el término lacallismo, porque Luis Alberto de Herrera jamás hubiera permitido y menos realizado esta entrega ruinosa de nuestra soberanía. Ni siquiera si fuera un buen negocio.
Los perjuicios que enfrentará el Uruguay, que ya está enfrentando con esta entrega, que es muy difícil pensar que sea gratuita, son enormes e involucra las máximas autoridades nacionales.
Toda la estrategia defensiva es tratar de enfrentar a Katoen Natie y Montecon, cuando perfectamente podría haber reducido, expulsado o ajustado, la operativa de la empresa chileno-canadiense y no entregarnos atados de pies y manos a una empresa belga que demostró en sus 20 años de operación en el Uruguay un muy mal relacionamiento con todos, excepto con el actual gobierno.