FRENTE AMPLIO CRITÍCA ESTO
La ANP advierte que un decreto de 1993 ratifica acuerdo con TCP/Katoen Natie
Senadores denunciantes de la coalición de izquierda testifican este jueves ante el fiscal.La Administración Nacional de Puertos (ANP) realizó un relevamiento de todos los reglamentos de atraques de buques desde que se aprobó la Ley de Puertos en el año 1992. En ese trabajo de búsqueda, fue encontrado un reglamento de atraques de barcos, cuya vigencia finalizó en 1999.
Dicho decreto señalaba que la terminal especializada debía tener prioridad sobre muelles públicos en la carga y descarga de los barcos portacontenedores, dijo una fuente de la ANP a El País.
“Ese reglamento establecía los criterios de los atraques de los barcos en el puerto montevideano. Son los mismos que utilizó el gobierno para firmar el acuerdo con TCP/Katoen Natie”, explicó la fuente.
El 25 de febrero de 2021 se firmó un acuerdo entre Presidencia de la República y Katoen Natie. Según informó el gobierno en ese momento, las negociaciones llevadas adelante por varios funcionarios no solo lograron evitar que el Estado enfrentara un arbitraje millonario, sino que la empresa se comprometió a invertir 460 millones de dólares en el puerto de Montevideo y a implementar rebajas en tarifas de hasta 30%.
Dicho acuerdo es cuestionado desde tiendas frenteamplistas por entender que “se entrega soberanía” y “se creó un monopolio” por 60 años. Cabildo Abierto también lo criticó.
Antes de 1992, el Puerto de Montevideo era operado en forma exclusiva por el Estado. Es decir, estaba en manos de la ANP.
La Ley de Puertos de 1992, abrió la posibilidad de que privados comenzaran a realizar todos los servicios de carga y descarga. Y asimismo, por primera vez, dicha ley abrió la especialización de áreas portuarias como lo fue el Muelle Escala para contenedores.
El reglamento de atraques de 1993 otorgó la prioridad de arribos de los barcos portacontenedores al área especializada que hoy integra la concesión de TCP. Un año después, en 1994, se dictó el decreto de operaciones portuarias, cuyo artículo 72 también le da prioridad al área especializada de carga y descarga de contenedores. Es decir, el reglamento de 1993 y el decreto de 1994 otorgan primacía al área especializada para los atraques de barcos.
“Ese criterio se fue desvirtuando con diferentes modificaciones reglamentarias realizadas en los gobiernos sucesivos. Estos gobiernos no cambiaron ni derogaron el artículo 72 que da prioridad de atraque al área especializada. Ahora, en esta administración del Partido Nacional, se volvió al espíritu original de la Ley de Puertos” de 1992, explicó la fuente.
Las sucesivas modificaciones del reglamento de atraques de barcos portacontenedores en el puerto capitalino, que contravenían el artículo 72 del decreto de 1994, generaron uno de los reclamos de Katoen Natie al Estado uruguayo. El consorcio belga entiende que la Ley de Puertos y la especialización de áreas portuarias estaba dirigida a concentrar la carga para aprovechar la estructura de las grúas. Así funcionaba en 1993 en el Muelle Escala y así es hoy con TCP.
Según la fuente, esos cambios de los reglamentos de operaciones portuarias permitieron que otra empresa privada, Montecon, se promocionase como una terminal especializada cuando en realidad es un operador de carácter precario.
Estando el artículo 72 vigente y con el reglamento de 1993, el gobierno se siente respaldado en las actuaciones judiciales en curso, agregó la fuente.
De esta forma, el jerarca aludió a la denuncia presentada por los senadores del Frente Amplio: Charles Carrera, Mario Bergara y el fallecido exministro del Interior, Eduardo Bonomi. En esta jornada, acompañados por los abogados penalistas Laura Robatto y Homero Guerrero, lo senadores Carrera y Bergara participarán de una audiencia con el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez.
Robatto dijo a El País que en dicha instancia declararán los senadores denunciantes y se explicará datos y pedidos de información que constan en la denuncia.
Además, agregó que la denuncia del Frente refiere a hechos y se nombran a jerarcas del gobierno actual como al prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, el exministro de Transporte y actual titular de Interior, Luis Alberto Heber, el presidente de la ANP, Juan Curbelo, y el subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola.
Las claves de la denuncia del FA
La denuncia de los senadores del Frente Amplio tiene 70 páginas y su ampliación otro tanto. Así lo señaló su abogada, Laura Robatto. “La denuncia recoge elementos encontrados en la Comisión Investigadora sobre el acuerdo firmado entre el gobierno y Katoen Natie”, explicó Robatto. Y agregó que entendía que en dicho acuerdo se configuró un eventual delito de abuso de funciones.
El 29 de septiembre de 2021, la bancada de senadores del Frente Amplio denunció penalmente el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la empresa Katoen Natie para la extensión hasta 2081 de la concesión de la terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo. “La tesis del Frente Amplio es que se han configurado una serie de delitos muy graves en perjuicio del país, de la administración pública. Delitos y formas de actuar que son ilegítimas, abusos de las formas jurídicas, incumplimiento de la Constitución y la Ley de puertos”, dijo el senador Charles Carrera al salir de la Fiscalía. Y agregó: “Acá se benefició a una empresa privada en más de 1.000 millones de dólares, se asumieron compromisos para la sociedad uruguaya en más de 2.000 millones de dólares”, enumeró. “No estamos judicializando la política, lo que hacemos es dar cuenta de un proceso de trabajo que termina con esta denuncia”, afirmó Carrera.