Entre dos mares

emos obras de UPM que llegan a Montevideo y reformas comprometidas del Puerto a cargo del consorcio integrado por el grupo belga Katoen Natie, accionista principal del consorcio Terminal Cuenca del Plata S.A. (TCP) del que un 20% de las acciones pertenece a la Administración Nacional de Puertos.El primero refiere a la forestación y las pasteras y el otro a la prestación de servicios de cargas de contenedores en el Puerto de Montevideo.

Son contratos con consorcios integrados por corporaciones multinacionales. Implican derechos y obligaciones regulados por tratados firmados con otros países, y por legislación y cláusulas contractuales regidas por el derecho nacional.

Estos acuerdos, con principio de ejecución, no son papel que se puede hacer pelotita y tira a la papelera. Hay responsabilidades legales y de credibilidad sobre inversiones de insoslayable valor para el país. Sus plazos son largos proporcionados a la magnitud de las obligaciones acordadadas.

La forestación tuvo un estímulo fiscal y desarrollo espectacular durante las presidencias ocurridas de 1985 a 1995 (Dr. Sanguinetti-Dr. Lacalle respectivamente). Y, en 2017 inició actividades la primera planta industrializadora de UPM en Fray Bentos, impulsada por el Presidente Jorge Batlle. En medio de la crítica atronadora del Frente Amplio, organización que luego siendo gobierno nacional -¿hipocresía?- en el más absoluto secretismo y ausencia de estudios conocidos impulsó el establecimiento de la pastera Montes del Plata en el litoral y recientemente la súbita expansión territorial de UPM actual (presidencias Mujica - Dr. Vázquez respectivamente) con concesiones fiscales, industrializacion sin gravámenes, vías férreas, libertad portuaria, etc., que afectan incluso la vida de miles de vecinos. Consolidando prácticamente un estado independiente en suelo nacional. Con improvisación y secretismo se obligó además a un aporte financiero del pueblo uruguayo que suma ya más de cuatro mil millones y medio de dólares. Y, mientras la empresa tendrá el retorno de sus inversiones muy menores en relativamente corto lapso, la nuestra, que incluye endeudamiento externo demorará su retorno decenas de años mas (La diaria, diciembre 2017; y julio 2021, Víctor Baccheta).

Dentro del margen limitado de maniobra acordado internacionalmente, la administración presidida por Luis Lacalle Pou logró reducir en algunos cientos de millones de dólares lo ya pactado que no podía repudiarse integramente (el contrato frentista incluye una extensión de los beneficios acordados a la pastera instalada en Fray Bentos que suma un total de 89 años).

En relación al puerto de Montevideo las decisiones de 15 años de administración frentista derivaron a una demanda arbitral internacional de 1.500 millones de dólares contra el país al lesionarse la buena fe respecto al cumplimiento de un contrato de concesión pública y la promoción de competencia desleal respecto a la carga portuaria de contenedores contra TCP. El gobierno nacional actual evitó el reclamo con una transacción contractual con prolongación de la concesión existente a 50 años, y la obligación del consorcio mixto a invertir en obras y competividad por 455 millones de dólares a ejecutar en el actual periodo de gobierno. Apuntando a que Montevideo sea “hub” portuario en la Cuenca del Plata.
Claramente son aguas distintas.

Diario EL PAIS -Montevideo - URUGUAY - 23 Diciembre 2021