La cenicienta UPM y su gobierno azul
En la columna anterior, comenzamos con el análisis de la injerencia en la educación que se le permite a la empresa UPM con la cesión de soberanía en este aspecto clave por parte del Estado y vital para todos los actores vinculados a la enseñanza: estudiantes, docentes y trabajadores.
Hoy nos proponemos continuar con el impacto ambiental que implica que se concrete la instalación de la segunda pastera y con algunas de las incongruencias jurídicas para los trabajadores que este emprendimiento nos presenta.
El daño principal que esta mega producción causará al medioambiente viene por parte de nuestros recursos naturales más valiosos: El agua y la tierra.
La empresa necesita diluir sus efluentes en grandes cantidades de agua, para lo cual, nuestro Gobierno tiene una solución espectacular… para UPM, claro está. En el inciso 3.7 del contrato se le otorga a la empresa la concesión de derechos de uso de agua necesarios para la producción, que debido a las cantidades que maneja, sólo podría obtenerla directamente del acuífero guaraní, así como se le asegura a UPM un flujo mínimo de aguas del Río Negro debajo de la represa del Rincón del Bonete para diluir sus desechos químicos de acuerdo a la normativa vigente y según los resultados del estudio de impacto ambiental que la empresa presente, sin pagar nada por este recurso. Cómo ya demostró el Gobierno, no tiene ninguna reserva en modificar la reglamentación vigente para hacerle calzar, como si fuera el zapatito de Cenicienta, a las necesidades de la empresa, por lo que dejemos la normativa sobre protección medioambiental de lado y concentrémonos en este estudio.
UPM afirma necesitar un caudal mínimo de 65 a 90 metros cúbicos de agua por segundo para diluir sus efluentes de forma que no agraven la contaminación ya existente en dicho curso de agua, cantidad que, en el estado actual del río, sabemos que es imposible que esto ocurra sin aumentar los niveles de contaminación. La empresa plantea prácticamente que tomará el agua para hacerla correr y la devolverá al río aportando a no contaminar e incluso, hasta a reducir los niveles de contaminación, por lo que nosotros nos preguntamos: ¿Si el proceso es tan ecológicamente amigable como afirman, por qué no crean un sistema de circulación artificial cerrado en el que a UPM se le asigne una cantidad de agua determinada para dilución y cíclicamente la devuelva y la tome del mismo espacio? La respuesta a esta interrogante es simple: Desde la empresa saben que su actividad es altamente contaminante y no quieren auto envenenar su producción, prefiriendo envenenar río abajo. Tengamos presente el decreto 115/18 en el que el gobierno debe autorizar toda investigación sobre medio acuático y evaluar los resultados a que esta arribe antes de su difusión como una medida de protección de este emprendimiento y dejando asentado un control a las investigaciones académicas futuras y generando un antecedente para otras áreas académicas que pudieran afirmar alguna cosa que no sea del agrado del gobierno.
Además de agua, la planta requiere grandes cantidades de recursos forestales para su funcionamiento, por lo que además de las concesiones consideradas entorno al agua, es fundamental el trabajo previo que la empresa consiguió mediante Montes del Plata.
Las grandes extensiones forestadas con un tipo de árbol que absorbe importantes cantidades de agua como es el eucaliptus generan dificultades en el ingreso de agua al suelo, más su propio intercambio químico con el mismo producen cambios físicos irreversibles por acidificación que afectan directamente a la productividad posterior que esa tierra destinada a esta producción tendrá, perjudicando gravemente la fertilidad de ella.
Párrafos más arriba decíamos que el gobierno está comprometido a adecuar la normativa vigente a las necesidades de la empresa, cuestión que queda evidenciada especialmente en legislación laboral. En el contrato complementario ROU-UPM firmado el 15/07/19 se consolida la exigencia que se integre al Derecho Positivo uruguayo los cambios que de esta negociación se desprendan en materia laboral.
Uruguay se compromete a brindarle una oficina de la Dirección Nacional de trabajo y otra de la Inspección General de Trabajo en la zona para participar en resolución de conflictos aplicando con inmediatez las instancias de mediación y conciliación para que se respete la obligación de no conflicto, cercenando el derecho de huelga y su extensión a la ocupación. Este problema que se nos presenta es de una gravedad inefable, ya que no solo afectará el derecho de los trabajadores vinculados a la pastera, sino que sienta un precedente de retroceso sobre un derecho básico y esencial conquistado por luchas históricas del movimiento obrero, con la complicidad diligente del gobierno.
Hablando de cómplices, el gobierno no parece ser el único en caer en esta categoría. Sorprende y asusta que el PIT CNT no se haya expresado con otra cosa más que gárgaras sobre un aspecto tan importante. En el movimiento estudiantil, nos encontramos ante un silencio sepulcral por parte de las mayores organizaciones. Creemos que estando cerca de un nuevo 14 de agosto, enfrentar este contrato junto con levantar las banderas históricas que han dejado por el camino es un homenaje acorde a nuestros caídos. Al parecer, no es la idea de la FEUU en su convocatoria al 14 de agosto, que si bien aún está a tiempo de plantear una postura combativa, vemos dificil que el chancho chifle con la consigna que se está convocando: “contra el miedo y el retroceso”, haciendo alusión a la reforma constitucional impulsada por el sector de Larrañaga.
Que quede claro: estamos totalmente de acuerdo en que la reforma es aberrante, pero lamentablemente el Frente Amplio ya la ha implementado de formas más sutiles en estos gobiernos, aunque sobre este tema estaremos profundizando en nuestra próxima columna.
Este contrato de colonización nos afecta directamente como jóvenes por múltiples aspectos. En la columna anterior desarrollamos cómo nos perjudica por su influencia en la educación, en esta vemos su impacto medioambiental que en definitiva perjudica directamente nuestro medio de vida para el futuro contaminando el agua y la tierra, a su vez afecta la futura generación de empleos vinculados a la producción agrícola y recursos pesqueros, establece un antecedente de regresión sobre derechos laborales conquistados poniendo en jaque y dificultando el uso de nuestras armas como trabajadores.