Aumentan caudal mínimo para UPM sin estudio de sus implicaciones
La planta fue autorizada con un flujo mínimo mayor para diluir los efluentes y pobladores temen que UTE vuelva con el plan de elevar la cota del lago
Víctor L. Bacchetta
La planta de celulosa y zona franca de UPM sobre el río Negro recibió, el 14 de mayo último, la autorización del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). Para cumplir los plazos acordados, la ministra Eneida de León culminó a marcha forzada el proceso de evaluación ambiental cuatro días antes de la visita del director ejecutivo de la multinacional finlandesa, Jussi Pesonen.
El gobierno se comprometió en el Contrato ROU-UPM a resolver la autorización de la planta de celulosa en 12 meses desde la entrega del proyecto, mientras las anteriores insumieron 16 meses. Para cumplir el plazo, descontando retrasos de la empresa y el conflicto gremial, el MVOTMA tuvo que disponer incentivos extraordinarios para los funcionarios y superponer la Audiencia Pública con la Puesta de Manifiesto.
Desde la Presidencia se dio por concluida la segunda etapa del proyecto, que daría paso a aquella donde UPM decide si realiza o no la inversión. Sin embargo, Pesonen reconoció avances pero dijo que había tareas pendientes. En la urgencia por anunciar la concreción del proyecto, se dijo desde el gobierno que la decisión de UPM se tomaría antes del 30 de junio, pero tampoco ocurrió y ahora se afirma que será a fines de julio.
Mientras tanto, la autorización del MVOTMA aumentó a 80 metros por segundo (m3/s) la necesidad del caudal mínimo para la operación del proyecto, que por la propuesta de UPM era de 65 m3/s. La exigencia de un caudal mínimo para diluir el efluente de esta planta de celulosa no tiene precedentes porque no se planteó con las anteriores plantas de Botnia/UPM en Fray Bentos y Montes del Plata en Conchillas.
La resolución ministerial cita como referencia el Informe Final de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) pero, curiosamente, ese documento no está publicado. La autorización de un caudal mínimo para UPM afecta la gestión de las represas del río Negro, es una decisión con consecuencias económicas, sociales y ambientales, que modificaría la norma en vigor sobre la generación de electricidad.
"El aprovechamiento hidroeléctrico del río Negro a partir del potencial hidráulico de su cuenca, es una de las mayores fuentes de generación de energía eléctrica renovable de la República Oriental del Uruguay", explica un folleto de la UTE. La represa Gabriel Terra, con el embalse de Rincón del Bonete, se inauguró en 1945 y, aguas abajo, le siguieron Rincón de Baygorria en 1960 y Constitución (Palmar) en 1982.
La generación de energía hidroeléctrica es regulada por el Decreto 160/80, del 19 de marzo de 1980, que asignó a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) la prioridad para el uso de las aguas de los tres embalses del río Negro. "Dicha prioridad se hará efectiva frente a todos los demás aprovechamientos", agrega, excepto para el abastecimiento de agua potable a las poblaciones.
Ese decreto admite "la extracción de aguas para usos productivos que permitan el retorno de las mismas al embalse, después de su utilización". Por este motivo, UPM enfatiza que su consumo de agua sería menor al retornar 107 de los 136 millones de litros tomados diariamente, pero no retorna agua sino un efluente que debe diluirse como mínimo 65 veces para no agravar la contaminación del río Negro.