Oficialismo que parece dos partidos
Pese al intento de mostrar unidad en el acto en Las Piedras el 26 de marzo, es inocultable el actual resquebrajamiento estructural del Frente Amplio. Gran parte de sus líderes y parlamentarios parecen integrar un partido diferente al del presidente Tabaré Vázquez y su gabinete. Las decisiones gubernamentales en por lo menos cinco instancias recientes, en su mayoría acertadas, han sido objetadas o denunciadas desde la bancada y desde la conducción de la alianza de izquierda. La causa es su propia conformación, con 28 partidos y grupos variopintos, que van desde el realismo económico y político hasta una inepta ideología marxista que sobrevive en las cenizas soviéticas. Esta división irreconciliable no afloraba en la unidad que mostraba el FA cuando era oposición y todo se limitaba a decir que no. Pero es pública y agravada desde el ejercicio del poder, que impone a todo gobierno priorizar el interés nacional al interés partidario.
Abundan los ejemplos del quiebre. Uno ha sido la incorporación uruguaya a otros 13 miembros de la OEA en condenar a Venezuela, exigiendo la libertad de los presos políticos y la convocatoria a elecciones bajo pena de que se le aplique la cláusula democrática y sea suspendida del organismo interamericano. El tardío pero saludable cambio de posición del gobierno, para no seguir perdiendo terreno en el Mercosur y el resto del mundo luego de un largo respaldo costoso al chavismo, generó las protestas públicas de conspicuos dirigentes de la izquierda. Su peregrino argumento es que en Venezuela no hay presos políticos ni otras represiones a los derechos humanos y que rige la pureza democrática.
Otro caso es el decreto presidencial disponiendo la intervención policial directa para impedir el bloqueo de rutas y calles. Los partidos Comunista y Socialista, así como el PIT-CNT, rechazan la medida sosteniendo que asegurar el libre tránsito, cuando lo impiden grupos sindicales, viola el derecho de huelga y la libertad de reunión. Pero los bloqueos obviamente no integran esas prerrogativas, menos aun cuando agreden el interés general y paralizan sectores vitales, como acaba de ocurrir con el abastecimiento de combustibles y el transporte de la cosecha de arroz. Otra disidencia pública fue formulada por José Bayardi, a cargo de las relaciones internacionales en la conducción del FA. Censuró la decisión de la cancillería de negarle la visa al embajador de Corea del Norte en Perú, invitado por el FA a visitar Uruguay, pese a que la medida se justifica plenamente porque Uruguay asume el mes próximo la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde se considerarán sanciones a esa nación por su agresivo armamentismo nuclear.
Ni que hablar de la bolsa de gatos en que ha convertido la venidera Rendición de Cuentas, en la que sectores poderosos del FA exigen ampliación de los ya excesivos gastos anunciados por el gobierno y también de impuestos. Y hasta la proyectada planta de celulosa de UPM, ayuda esencial a la insinuada recuperación del crecimiento de la economía, ha motivado reclamos desde dentro del FA de que se restrinjan concesiones a la empresa finlandesa, indispensables para asegurar su inversión. El resultado de tantas peleas internas, cada día más frecuentes, más agudas y más paralizantes, es enfrentar al FA al riesgo cierto de pagar un alto costo político de su propia manufactura.