Traidores a los entrerrianos pero leales a los pasteros
Los senadores departamentales de la provincia –con la excepción de Nicolás Mattiauda- votaron a favor de derogar la Ley 9.759, conocida como Ley de la Madera; y que se construyó al calor de una de las luchas ambientales más genuinas del planeta.
Ahora los diputados entrerrianos –seguramente con la excepción de Juan José Bahillo, Leticia Angerosa y Sergio Kneeteman- alzarán sus manos para favorecer a la industria pastera UPM (ex Botnia) y Stora Enso. Los cuatro legisladores son oriundos del Departamento Gualeguaychú, aunque no han podido convencer a sus pares de adoptar esa postura. Algo muy raro, teniendo en cuenta la prédica e influencia que cada uno de ellos tienen en sus respectivos bloques. Casi una postura vacía de contenido, sabiendo que sobran los votos en el recinto.
El mal llamado Plan Maderero Entrerriano, tiene como objetivo “promocionar el desarrollo y la sustentabilidad de la actividad foresto industrial en la provincia”, de acuerdo a la frialdad de la mentira de sus fundamentos.
El propio senador por Villaguay, Mario Torres, al dar a conocer los detalles del proyecto -que ahora abordará la Cámara de Diputados-, sostuvo sin sonrojarse que la iniciativa “mejorará las economías regionales de las zonas madereras de la provincia y generará mano de obra genuina”. Miente el senador Torres. El proyecto de ley lo único que persigue es poder vender “astillas” a las pasteras… lo demás es verso.
Por eso son traidores a la causa de Gualeguaychú o si prefieren leales a los intereses de las empresas sin patria como las pasteras UPM y Stora Enso.
“Poner en valor la actividad, sumándole valor agregado. Podemos duplicar la superficie forestal para actividades como construcción de viviendas e inmuebles”, sostuvo Torres sin mover un músculo de la cara. Miente nuevamente. Porque para construir viviendas de madera no hacía falta derogar la Ley 9.759, que solo prohíbe alimentar de materia prima a la industria contaminante de las pasteras.
Se puede prohibir la venta a las pasteras y por otro lado promover la construcción de viviendas en madera. Perfectamente.
Sin embargo, expresamente el artículo 4° de la iniciativa deroga la Ley de la Madera. Y en el proyecto se explica que no vender los “chips” a las pasteras es no aprovechar integralmente al rollizo de eucalipto.
Por eso se insiste que los senadores departamentales, serviles a los gerentes de UPM, les han dado la espalda a sus conciudadanos. No es la primera vez que la legislatura -actual y las anteriores- han atentado contra los intereses generales para favorecer intereses demasiados particulares. Pasa con la ley de agrotóxicos que está cajoneada en la legislatura, aunque asoman con cinismo proyectos que hablan de “agroquímicos” o “aplicaciones fitosanitaria”.
Los diputados, que no están acostumbrados a debatir sino a “arreglar”, podrían recuperar algo de la dignidad que implica legislar para el pueblo. Pero las esperanzas están casi desvanecidas, teniendo en cuenta que de una u otra forma siempre se han sentido ajenos –y otros hasta molestos- cuando se los invita a comprometerse con el ambiente y la calidad de vida.
El sector forestal puede tener un desarrollo exponencial y para ello no es necesario dotar de materia prima (sin valor agregado alguno) a las pasteras. Encima, se trata de especies exóticas, que en nada colabora con la biodiversidad. Por eso los legisladores mienten… mienten y traicionan…. Traicionan y encima subestiman a los ciudadanos.
Lo que se quiere establecer en Entre Ríos ya se probó en la década del ´70 y ´80 en la República Oriental del Uruguay, con los resultados a la vista y con el sentido más que claro y que no ha sido otro que el de favorecer a las pasteras.
Este plan maderero no sólo que atrasa, sino que también traiciona una lucha ambiental que ha sido ejemplo a nivel planetario. La decisión está en Diputados, tiene que suceder un milagro (dado que no tienen convicciones ambientales y sólo razones económicas) para que prevalezca el SI a la vida.
Por Nahuel Maciel
Diario EL ARGENTINO - Gualeguaychu ARGENTINA - 29 marzo 2017