Lacalle Pou está decidido a avanzar con el Proyecto Arazatí y Orsi apuesta a "corregir" la iniciativa
El presidente habló tras conocerse el permiso ambiental y marcó que no pondrá "freno de mano" a la propuesta, pese a los reparos que se han planteado desde el Frente Amplio.
Horas después de que el Ministerio de Ambiente anunciara la concesión de la Autorización Ambiental Previa (AAP) al Proyecto Arazatí, y en medio de los “reparos” expresados desde el Frente Amplio a la obra que busca reforzar el suministro de agua potable para el área metropolitana, el presidente Luis Lacalle Pou remarcó ayer que seguirá adelantecon la iniciativa.
El presidente electo, Yamandú Orsi, declaró ayer en rueda de prensa que en reuniones de trabajo, en el marco de la transición, se va a "pedir más información" del proyecto, sobre todo porque recibió "informes técnicos", de la Universidad de la República, "contrarios a la decisión tomada por Ambiente".
Una vez que estén "cotejados" ambos estudios, Orsi dijo que conversará con el presidente, "tratando de resolver las cosas que complican una decisión". Y añadió : "El presidente ya sabe que hay cosas que me gustaría resolverlas mejor; él se comprometió a hablar cuando tuviera por tomar la decisión".
"Capaz que hay acuerdo o desacuerdo, pero lo importante es poner todo arriba de la mesa, para que lo que se decida no comprometa el agua potable, que es lo que más interesa", remarcó el presidente electo.
"Si tiene observaciones o si hay reparos, no está de más estudiarlo un poco y corregir. Siempre se puede corregir, y habrá que hablar con el gobierno y las empresas", agregó. Y consultado sobre si se puede ir para atrás con Arazatí, retrucó: "Corregir o cambiar los términos no necesariamente es ir para atrás. Si hay inconvenientes no es ir para atrás, es al revés, es no cometer errores", considerando que hay "mucho dinero en juego" y "mucha expectativa" de la gente.
“¿Cuál es el deber del presidente de la República si dijo que el primero de marzo del 2020 al primero de marzo del 2025 iba a seguir gobernando? ¿Poner freno de mano?”, había dicho más temprano Lacalle Pou a en un acto en la inauguración de un puente sobre el arroyo Solís Grande, en Montes (Canelones). Tras lo cual se escuchó un cerrado "no" del público allí presente.
“Ahora si viene una sequía, ¿a quién le van a echar la culpa, a los que vienen o al que se fue que no hizo las cosas?”, agregó el presidente, quien puntualizó, no obstante, que la definición que tome el gobierno será en contacto con Orsi.
“¿Eso quiere decir que no conversemos? Nos hemos pasado conversando. Porque es obvio que nosotros tenemos la legitimación para gobernar hasta dentro de ochenta y pico días, pero también viene otro gobierno”, dijo en ese sentido.
Arazatí fue uno de los temas que hablaron con el gobierno entrante, “a modo de consulta barra información”, agregó. Lacalle Pou sostuvo que va a sentarse a conversar con su sucesor para ver “cómo con el proyecto que ya decidimos hacer, porque es bueno para el país, tenemos un punto intermedio donde más o menos todos quedemos satisfechos”.
En tanto, fuentes de Presidencia de la República señalaron, consultados sobre el proyecto Arazatí, que "se está trabajando en el tema", y que las palabras de Lacalle Pou fueron claras, en el sentido de que pretende seguir adelante y aprobar la iniciativa.
Esto implicaría una posterior firma del contrato —que ya está pronto— entre OSE con el Consorcio Aguas de Montevideo (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast Industria e Comércio LTDA, de Brasil). Luego podrían comenzar las obras, que deberán ejecutarse en dos años.
Lacalle Pou dijo ayer que cuando asumió en 2020 recibió “dos carpetitas”, una de ellas con la idea de Casupá —el plan que el Frente Amplio prefiere, y que incluso figura en sus bases programáticas. En virtud de que ese plan tiene “la misma fuente de agua que toma Aguas Corrientes”, el gobierno buscó una “fuente alternativa”, en referencia a Arazatí.
Arazatí supone la construcción de un área de captación de agua del Río de la Plata; una planta potabilizadora del agua hasta valores máximos de cloruros; una reserva de agua bruta (pólder) para usar cuando haya agua salada en la costa maragata, y una tubería de unos 70 kilómetros que se conectaría a la red hídrica metropolitana.
El proyecto que OSE adjudicó en agosto de 2023 al promotor supondría una inversión privada de US$ 300 millones, pero el Estado terminaría pagando unos US$ 50 millones anuales, por 17,5 años, lo que sumaría cerca de US$ 900 millones.
Esta diferencia se vio en casi una quincena de obras bajo la modalidad PPP —como la del Ferrocarril Central, rutas, cárceles y escuelas—, instalada en el gobierno de José Mujica, que suman unos US$ 2.100 millones.
Lacalle Pou aclaró que “no es obligación” hacer Arazatí, que dotaría de unos 200.000 metros cúbicos (m3), el equivalente a casi un tercio de la demanda diaria, que subiría de 700.000 a 840.000 a 2045. “¿Es una obligación que nosotros como gobernantes sentimos? Sí, yo no le quiero dejar un problema al gobierno que viene, sino una solución”, dijo, y deslizó que Orsi tendrá “10 o 12 obras prontitas” para inaugurar en la “primera semana” de su gobierno.
El presidente trabaja para llegar a la concreción de Arazatí pese a críticas de vecinos, ambientalistas y las principales figuras del Frente Amplio. Desde el gobierno entrante se ha insistido con que el proyecto tiene “observaciones”, pero estas nunca se precisaron.
El presidente dijo que buscará un “punto intermedio” con Orsi para lograr un consenso sobre la obra. Según supo El País, hay un “menú de cambios” en el diseño del proyecto. No se prevé modificar la tubería, aunque no se descartan cambios en otros aspectos, agregaron fuentes vinculadas al proyecto. Se podría sí tener otro diseño, acotaron, con el pólder, una reserva de agua bruta con capacidad hasta 70 días de consumo para cuando haya agua salada.
Desde el consorcio privado dijeron a El País que están “expectantes” a la definición que se termine tomando con Arazatí.
Es esperable un juicio contra el Estado si cae Arazatí
La senadora electa del Frente Amplio Constanza Moreira indicó a TV Ciudad este martes que el Ejecutivo debería “pagar una multa” al consorcio privado promotor de Arazatí para “frenar” la construcción del proyecto instalado en la costa maragata, y evitar mayores y futuros perjuicios económicos. Sin embargo, no está fijada una multa económica que deba pagar el Estado en esta etapa en caso de rescindir el contrato, ni en el pliego de la licitación internacional, ni en la adjudicación de OSE de agosto de 2023, según supo El País. No obstante, fuentes vinculadas al proyecto agregaron que si ahora el gobierno define no realizar la obra alternativa a Aguas Corrientes, el privado iniciaría un juicio al Estado por contrato no cumplido. Sobre todo para cobrarse los US$ 7 millones que ha invertido hasta ahora en el Plan Ejecutivo de Arazatí, un proyecto que fue adjudicado por OSE y que no tuvo observaciones del Tribunal de Cuentas.