El Ministerio de Ambiente autoriza comenzar la construcción del proyecto Arazati

Serios cuestionamientos surgen desde grupos ambientalistas y de la Federación de Funcionarios de OSE.El Ministerio de Ambiente concluyó el informe técnico sobre el desarrollo del Proyecto Arazatí cuya resolución final le otorga la Autorización Ambiental Previa (AAP) a la obra que propone utilizar el Río de la Plata como fuente de agua para potabilización y abastecimiento del área metropolitana.

El polémico proyecto Implica la construcción de una toma de agua bruta en la zona de playa Arazatí (departamento de San José), una planta potabilizadora próxima a la toma de agua bruta, una reserva de agua dulce en las proximidades de esta última y una tubería aductora de agua tratada que atravesaría el área protegida Humedales del Santa Lucía hasta el recalque de Melilla y desde allí hasta los tanques de Cuchilla Pereira (estos dos últimos del sistema de abastecimiento metropolitano de Montevideo). Como parte de los componentes del proyecto se incluye la construcción de un sitio para la disposición final de los lodos deshidratados que se generan como consecuencia del proceso de potabilización. De esta manera el Consorcio Aguas de Montevideo, compuesto por las empresas Berkes, Ciemsa, Saceem y Fast podrán comenzar con la construcción de la obra.

Se establece en las condiciones de la obra que «no se podrá captar agua del Río de la Plata para su uso en la planta potabilizadora, ni para la alimentación de la reserva para agua bruta, en períodos en los que la concentración de cloruros en agua del Río de la Plata en el sitio de toma supere el valor de 125 mg/L, o lo que resulte su equivalente expresado en unidades de conductividad».

«Exhaustivo, transparente y participativo»

El ministro de Ambiente Robert Bouvier, comunicó que el informe elaborado por los técnicos del Área de Evaluación de Impacto Ambiental llega a la conclusión de autorización luego de un largo recorrido “exhaustivo, transparente y participativo, que refleja nuestro compromiso con la responsabilidad ambiental”. Resaltó el cumplimiento del debido proceso para el análisis de la propuesta y recordó que, desde que se presentó el proyecto, “se inició un trabajo técnico y científico detallado que abarcó cada aspecto relevante para asegurar que las decisiones estuvieran basadas en evidencia y en un análisis profundo”.

Bouvier valoró el trabajo interinstitucional, las consultas a especialistas en la materia en distintas instancias y modalidades, varios intercambios con el consorcio seleccionado, “el encuentro con las comunidades locales, realizando diálogos con actores directamente vinculados al proyecto” y la realización de la Audiencia Pública prevista en el proceso, elementos que fueron insumos para la elaboración del informe. Para el jerarca, todas las actuaciones “reflejan el compromiso de nuestro Ministerio con la transparencia y el rigor técnico. La División de Emprendimientos de Alta Complejidad evaluó cada informe, estudio y comentario presentado, concluyendo que, con condiciones específicas y bajo un estricto plan de seguimiento, este proyecto no generará impactos ambientales inadmisibles”.

«Ha fracasado socialmente»

Ahora se debe firmar el acuerdo con OSE, la cual le pagará al consorcio 57 millones de dólares anuales por 17,5 años. Ayer la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose), emitió un comunicado firmado por varias organizaciones que se oponen al proyecto. En el mismo se señala que se «violan disposiciones constitucionales sobre consagrar el derecho humano al agua e impedir la privatización de los servicios de agua potable, así como la privatización y mercantilización del agua en los territorios”. A esto agregan que “la eventual puesta en funcionamiento de esta propuesta disminuiría la calidad de agua que OSE distribuye a la población por la frecuencia de altos niveles de salinidad, floraciones de cianobacterias y presencia de trihalometanos, poniendo en riesgo la salud de la población» a la vez que “limitará a OSE, que no podrá realizar nuevas obras durante los próximos 20 años”.

En conferencia de prensa, el presidente de Ffose, Carlos Larrosa, dijo “en una OSE que está fundida, admitido por las propias autoridades del organismo, se pretende hacer un gasto de 57 millones de dólares anuales para alquilar esta infraestructura a un privado. El modelo de negocios es pésimo para el Estado y para nuestro país”. A esto acotó que el royecto Neptuno “ha fracasado socialmente, porque todas las organizaciones sociales, sindicales y ambientales han estado en contra”.

Por otra parte la integrante de la Comisión por el Agua y la Vida, Anahit Argonian, señaló «no tiene sentido en que habiliten a hacer una toma de agua en otras fuentes que no son agua dulce. Está exhaustivamente desarrollado, agua con salinidad, agua con cianotoxinas. No hay tecnología en el mundo que pueda combatir eso”.

Grupo R Multimedio -Montevideo - URUGUAY - 10 Diciembre 2024