Gobierno prepara apelación por proyecto Neptuno y ecologistas celebran decisión judicial
Redes Amigos de la Tierra señaló que “por fin podemos hacer que se cumpla la normativa en materia ambiental”.Después de la sentencia judicial que impidió a OSE firmar el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo para el proyecto Neptuno en Arazatí, el presidente de la empresa estatal de agua,
Raúl Montero, dijo que «el proyecto Arazatí es importantísimo y fundamental. Lo que pasó el año pasado, y lo que pasó en marzo de este año indica que necesitamos una fuente secundaria de agua potable. El año pasado por la sequía y este año estuvimos a centímetros de que el agua (por la inundación) afectara la planta de Aguas Corrientes”.
Los abogados de OSE y de los Ministerios de Ambiente y de Salud Pública trabajan en la apelación que presentarán ante un Tribunal para revertir el fallo de primera instancia que adoptó el juez Alejandro Recarey, mediante el cual no se puede seguir adelante con el proyecto.
Mientras tanto las organizaciones ecologistas celebraron el fallo que les dió la razón en cuanto a sus denuncias sobre la eventual inconstitucionalidad del proyecto y la falta de estudios ambientales que lo avalen. Ese es el caso de la organización de ecología social, Redes – Amigos de la Tierra que ya había manifestado en un informe que el proyecto “contiene una serie de errores, carencias, inexactitudes y afirmaciones sin sustento, que lo hace inaceptable”.
Diario La R dialogó con María Selva Ortíz, miembro de Redes quien manifestó que se trata de una “noticia muy buena dado que venimos luchando por el no innovar en esto hasta no discutir los temas de fondo.” , sostuvo y agregó: “Cuando hablamos de temas de fondo estamos hablando de la constitucionalidad o no del proyecto”.
Ortiz dijo a La R que para la organización que integra “fue una gran sorpresa” cuando el presidente anunció que privados presentaban una iniciativa para construir una planta potabilizadora en el Río de la Plata. “Para nosotros violaba el artículo 47 que fue una de las razones por las que cambiamos la constitución” afirmó en referencia al plebiscito que en 2004 consagró constitucionalmente el derecho humano al agua en Uruguay. Este artículo determina que “las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario subordinado al interés general que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico”. Y a su vez agrega que estos servicios “serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.
Según explica Ortíz, esta redacción refrendada en un plebiscito por más del 64% de la ciudadanía, tenía como objetivo “que privados no pudieran estar en los procesos de agua y saneamiento” y “que el agua no sea una mercancía”.
El pasado viernes 21 de junio, 20 personas de la comunidad científica testificaron en la audiencia pública sobre la demanda interpuesta por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la Agrupación Tucu Tucu contra la licitación del Proyecto Neptuno.
Selva Ortiz Destaca que de acuerdo a estos informes académicos “El agua del Río de la Plata, y menos Arazatí, no son zonas para potabilizar” y que “por lo tanto también había argumentos desde el punto de vista del lugar de la toma de agua” en contra del proyecto.
La militante ecologista resalta que además “teniendo una red de agua dulce superficial y subterránea tan rica que puede abastecer, según dice la academia, perfectamente el área metropolitana no tenía sentido ir a tomar agua del Río de la Plata”.