Presidenta de UTE: contratos PPA fueron "claves" en "milagro uruguayo" de las energías limpias
La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, habló en Brasil sobre la transformación de la matriz energética del país y el cambio hacia las renovables.Uruguay es un ejemplo de transición energética “exitosa”, que en pocos años pasó de un sistema vulnerable a las sequías y con exposición a la volatilidad del petróleo, a otro más diversificado y con participación importante de renovables como eólica y solar.
Ese concepto fue utilizado días atrás para presentar al país en un congreso internacional sobre sostenibilidad organizado por BID Invest en Manaos.El cambio que procesó la matriz eléctrica en Uruguay durante la década pasada tuvo como componente fundamental a la inversión privada.
Los primeros pasos fueron en 1997 con la aprobación del marco regulatorio del sector eléctrico -ley 16.832-, que entre otras cosas, habilitó la participación de agentes privados en el mercado por la vía de la generación.
Pero fue recién, entrada la década del 2000, que los nuevos jugadores ingresaron a la cancha. En 2008 la planta de celulosa de la ex Botnia (hoy UPM), comenzó a generar energía a partir de biomasa. También en ese año la Dirección Nacional de Energía presentó al Poder Ejecutivo una propuesta de política energética global con una mirada de largo plazo. Dos años después se creó la Comisión Multipartidaria de Energía en el Parlamento, que fijó las primeras metas en energías renovables con la incorporación progresiva de 300 MW de origen eólico y 200 MW de biomasa.
Los contratos PPA, una de las claves
En una de los paneles del congreso realizado en Brasil, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, fue consultada sobre cuáles fueron las claves del éxito del “milagro uruguayo”, y cómo UTE logró atraer a la inversión extranjera necesaria para la transición del sistema.
Emaldi respondió que “una de las claves” para que las inversiones y el sistema pudiera desarrollarse “tan rápidamente” fue que la empresas pública, como un brazo ejecutor de la política de Estado, “facilitó que las inversiones privadas a través de la incorporación de capital pudieran tener contratos PPA (Power Purchase Agreement) de largo plazo -20 años-“, y con precios establecidos en subastas públicas que se hicieron en su momento. Esto “garantizando que toda la energía que se generara en esos proyectos para la demanda del país, UTE la comprara y la asegurara”, afirmó.
La empresa pública también desarrolló algunos emprendimientos propios y en asociación con inversores privados.
La titular de UTE también mencionó como aspectos claves la inversión en redes de transmisión e interconexión del sistema eléctrico. En ese sentido, recordó que hasta entonces la generación estaba centralizada en grandes represas hidroeléctricas y centrales térmicas, y tuvo que incorporar multiplicidad de parques eólicos, solares y plantas de biomasa.
Además, definió como aspecto “muy importante” a los profesionales que a través de la academia y las empresas que se instalaron en el país desarrollaron “rápidamente este nuevo conocimiento” que hoy se exporta de Uruguay a otros países. Por otro lado, resaltó la integración y coordinación entre los distintos ministerios y organismos reguladores para ejecutar la política de Estado y facilitar que la transición pudiera realizarse en “pocos años”.
En poco más de una década el país cambió radicalmente su matriz de generación eléctrica y logró estabilizar el costo de abastecimiento de la demanda. El cambio procesado hace que hoy el país disponga de energía abundante para atender sin problemas la demanda interna, y que cuente con excedentes para comercializar a Argentina y Brasil cuando existe interés de estos países.
Pero la foto actual del sistema eléctrico no está exenta de polémicas. Una discusión habitual que se dio en estos últimos años fue si la capacidad instalada que tenía el país era superior a sus necesidades. Desde el gobierno se llegó a hablar de “sobreinversión”, por ejemplo en energía eólica, y se manifestó que las inversiones se deberían de haber realizado de manera más escalonada y no tan concentradas en el tiempo como ocurrió.
En el gobierno anterior del Frente Amplio autoridades y técnicos defendían la planificación realizada y los cambios en la matriz eléctrica considerando que es mejor que sobre y no que falte.
También se ha apuntado al peso que ganó la generación privada. Por ejemplo, desde Cabildo Abierto se cuestiona que por los contratos de generación privada de energía firmados entre 2010 y 2018, UTE paga unos US$ 600 millones anuales.
Incluso desde esa fuerza política se han definido esos contratos como “muy leoninos” y “ruinosos” para la UTE. En 2022 el ente buscó una renegociación de esos contratos que finalmente no fue aceptada por los generadores.