O’Neill: es particularmente necesario “disminuir el déficit fiscal y el costo del Estado”
Documento para la agenda 2025-2030
La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) presentó el pasado martes un documento de propuestas para el próximo quinquenio, en un evento al que invitaron a los precandidatos a la Presidencia de la República, autoridades del ámbito público y agentes del sector privado. El presidente de la CCE, Diego O’Neill, expresó a CRÓNICAS la importancia del informe “consensuado por 29 gremiales empresariales” que incluye propuestas en materia de políticas públicas, apertura comercial y educación.
El presidente de la CCE, Diego O’Neill, destacó “la relevancia que tiene el sector privado” en la generación de riqueza y trabajo, pero señaló que a su vez “requiere condiciones específicas” para su buen desempeño. Resaltó algunos puntos específicos del documento, como la “necesidad de promover un Estado más liviano y ágil”, el impulso de una “apertura al mundo” y una “flexibilización del Mercosur”, y la relevancia de la educación y la formación laboral, “un tema muy importante para la CCE, y que necesita de esfuerzos públicos y privados”.
En conversación con CRÓNICAS, O’Neill expresó que el documento tiene gran importancia, ya que fue elaborado “bajo el consenso de 29 gremiales empresariales” de todos los sectores, y que apunta a que “sea considerado por los partidos políticos que participan de la contienda electoral”. Recordó que la propuesta ya se había realizado anteriormente en 2019, y que en el anexo del informe actual se incluye un seguimiento de las acciones sugeridas la ocasión anterior, de cuáles se tomaron y cuáles no. Subrayó particularmente la necesidad de “disminuir el déficit fiscal y el costo del Estado”, algo en que “la CCE viene insistiendo desde hace tiempo».
El sector privado
La economista Florencia Seré fue quien presentó los puntos principales del documento, dividido en cuatro capítulos por ejes temáticos. El primero está dirigido al sector privado, y analiza los cambios necesarios por parte de este actor para lograr una mayor productividad. Según números de la confederación, al día de hoy existen en Uruguay 211.700 empresas, de las cuales el 88% son microempresas (es decir, tienen menos de cinco trabajadores), y el sector privado emplea al 84% de la economía del país.
Un aspecto que Seré mencionó como fundamental para el sector fue la sostenibilidad, para la cual “existen cada vez más exigencias desde el mercado que la hacen cada vez más importante”, y que requiere mejoras “a nivel ambiental, social y de gobernanza”.
Otro punto referente al sector fue el aumento de productividad mediante el impulso de ciencia, tecnología e innovación, que “pueden generar empresas más sostenibles y la creación de trabajo de calidad” y, por lo tanto, “una mejora en la calidad de vida de la gente”.
Algunas propuestas de la CCE en esta línea fueron la flexibilización del criterio del “mérito innovador”, la manutención y el desarrollo de nuevos programas “que fomenten experiencias innovadoras”, y la “promoción de espacios asociativos”.
Políticas públicas
El segundo eje se refirió a la modernización y una mayor eficiencia del Estado para “potenciar la competitividad”. A nivel de política monetaria, Seré expresó que desde la CCE se “celebra el proceso de desinflación” que está viendo el país, pero señaló los “daños del atraso cambiario” que perjudica a las empresas y las inversiones, por lo que invitó a que la política económica se conduzca “de forma integral, para evitar nuevos episodios de atraso cambiario, consolidando un nuevo equilibrio con inflación más alineada a los estándares internacionales”.
A su vez, la CCE valoró la implementación de la regla fiscal durante este gobierno, e indicó que se debe “continuar en la senda” de la reducción del déficit fiscal “para alcanzar un superávit primario de entre 0,5 y 1% del PIB”. Para esto “es imperioso reducir el gasto público”. En materia de política tributaria, la confederación apuntó algunos ajustes que consideran necesarios para disminuir la presión fiscal de las empresas. Algunos de ellos son el combate al contrabando y el informalismo, la eliminación del sistema de pago de IRPF por dividendos fictos, la reducción de la carga tributaria por Impuesto al Patrimonio y la continuidad de regímenes de promoción de inversión privada como la Ley de Vivienda Promovida.
A nivel laboral, la CCE señaló que para lograr “una mayor competitividad” es necesario hacer algunos cambios, como “lograr definiciones legales” respecto al alcance de la huelga, la “creación de órganos para la resolución de conflictos” o la flexibilización del fraccionamiento de la licencia reglamentaria. Seré también se detuvo a señalar algunos impactos negativos que tendría el plebiscito de reforma de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT, como la eliminación del ahorro individual, la concentración de recursos en la vejez, y el impacto negativo en el riesgo país y la sustentabilidad del sistema de seguridad social.
Comercio exterior
Para la confederación, es “esencial” lograr una “mayor apertura de Uruguay” a nivel comercial, y consideran que Uruguay “continúa sin acceso preferencial” en los principales mercados del mundo”, lo cual implica que esté “relegado” en relación con sus competidores directos. Por esto, la CCE propone incorporar al sector privado en las negociaciones de comercio exterior, y flexibilizar el Mercosur.
Educación: un rumbo adecuado, pero con materias pendientes
En lo que respecta a educación, la CCE se posicionó a favor del rumbo que está tomando el gobierno, pero indicó que, si bien una primera parte de la reforma ya está hecha, como las mejoras en la capacitación docente y el cambio de programas, aún “queda pendiente” una segunda fase, durante la cual se debería brindar más autonomía de gestión a los centros, generar pagos diferenciales a los docentes y terminar de consolidar las políticas de orientación y formación profesional.
La confederación también señaló algunos datos que considera “preocupantes” en materia educativa. En 2022, solo la mitad de los jóvenes de entre 21 y 23 años había culminado la educación media, y los resultados de las pruebas PISA de 2023 indicaron que un 31% de los alumnos no alcanzaba niveles suficientes en las tres áreas relevadas. Esto coloca a un buen porcentaje de los alumnos uruguayos en un “analfabetismo funcional”.
Además, la confederación enlistó al desempleo juvenil y la deserción educativa como los “dos grandes obstáculos” del sistema educativo uruguayo, y destacó que entiende la formación dual (que combina el ámbito educativo con el laboral) como una posible solución a estos problemas.