El sector que generaría inversiones por US$ 30.000 millones en 10 años y podría ser el principal en Uruguay
El hidrógeno verde toma cada vez más relevancia en el mundo y, desde la Cámara de la Construcción, ven la “muy buena” oportunidad que tiene el país para posicionarse como proveedor del mismo y sus derivados.Uruguay tiene una “muy buena oportunidad” en la “industria naciente” a nivel global del hidrógeno verde, pero que se debe “ayudar para que las cosas salgan bien”. Que esto suceda, según explicaron especialistas, podría implicar que este sea el principal sector del país en 2040.
“Es perdonable ser derrotados, pero no ser sorprendidos”, dijo Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción (CCU), en un evento organizado por la gremial para dar a conocer los puntos principales del trabajo encomendado al Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), “Factores Habilitantes para el Desarrollo del Hidrógeno Verde en Uruguay: Infraestructura, Recurso Hídrico y Marco Normativo”.
En este sentido, destacó la oportunidad que tiene Uruguay para posicionarse en el sector del hidrógeno verde como proveedor del mismo y de sus derivados. Asimismo, señaló que los países en general, por motivos de sustentabilidad y otros geopolíticos, avanzan hacia el desarrollo de este sector buscando reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
De progresar en el desarrollo de esta industria, se espera que tenga un impacto en la creación de empleo de alta calidad y en la innovación, logrando atraer inversiones descentralizadas. No obstante, desde la CCU entienden que esto será posible si Uruguay es capaz de hacer un uso sustentable de sus recursos renovables y logra competir en los mercados internacionales.
Una de las conclusiones principales del trabajo afirma que “el desarrollo de la industria de hidrógeno verde y derivados en Uruguay se encuentra fuertemente condicionado por el desarrollo de factores exógenos”, entre los cuales están el acceso a financiamiento internacional, regulaciones de terceros países u organismos, contexto geopolítico, y precios internacionales, entre otros.
Sin embargo, sugiere que se debe trabajar en “los factores internos habilitantes en los tres ejes analizados” en el trabajo realizado (infraestructura, recursos hídricos y marco normativo) para lograr ser competitivos y “tener reglas de juego claras”.
Respecto a la infraestructura, señala que se visualizan dos períodos con necesidades diferentes: uno para el lapso entre 2025 y 2030 y otro para el que va entre 2031 y 2040.
En esta línea, señala que la infraestructura actual y prevista se considera adecuada para el desarrollo hacia 2030, con “adecuaciones de orden menor en puertos y red eléctrica”.
Esto equivaldría a una inversión de entre US$ 2.500 millones y US$ 3.000 millones, que principalmente se vería en la planta industrial.
La hoja de ruta marcada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) establece que para el 2030 se le sumen a los 1.800 megavatios (MW) de la matriz de energías renovables (eólica y solar) 1.200 MW más, lo que según el análisis del trabajo realizado por el equipo de la UCU representaría US$ 1.500 millones.
Otras áreas se verían comprendidas dentro de estas primeras inversiones, como la red eléctrica, el transporte y la exportación de productos, la incorporación de electrolizadores y plantas de producción de productos derivados.
En tanto, para el segundo período, es decir a partir de 2030, sostiene que “es conveniente analizar el desarrollo de infraestructuras comunes, con una mirada integral, que promuevan y/o faciliten el desarrollo de ecosistemas y sinergias para alcanzar costos de LCOH (costo nivelado del hidrógeno, por sus siglas en inglés) competitivos en el mercado internacional (puertos, ferrocarril, red eléctrica, ductos)”.
En este sentido, el trabajo propone analizar “polos de desarrollo productivo” que incentiven y faciliten el desarrollo de proyectos en áreas prioritarias para optimizar el LCOH.
En este período se espera que la inversión se sitúe entre los US$ 25.000 millones y US$ 30.000 millones, los que tendrían su origen principalmente en el sector privado.
Mientras se explicaba sobre el informe, se señaló que hay un proyecto piloto de UPM para utilizar estos productos verdes en sus camiones de transporte.
Marco normativo
Otro de los ejes analizados es el del marco normativo.
Entre las conclusiones del informe se encuentra que se sugiere revisar los criterios de remuneración de la red de transmisión (peajes) y el criterio de conexión.
Dentro del análisis realizado, al hacer una comparativa internacional entre tres potenciales exportadores de hidrógeno verde (Uruguay, Chile y Australia), se destacó que el peaje en Uruguay en 150 kV es el doble que en Australia, y casi siete veces más caro que en Chile, mientras que en 500 kV es más económico que en Australia, pero más de tres veces más caro que en Chile.
A su vez, otra de las recomendaciones es la de “incorporar el concepto de demanda flexible y ocasional en la reglamentación”, ya que ciertos consumidores podrían demandar energía de esta forma.
Por otra parte, también señala que es “necesario continuar la implementación del marco normativo vigente y fortalecer capacidades regulatorias”.
En este sentido, dentro de los desafíos que se encuentran en Uruguay encuentra que, ante la posibilidad de una agencia reguladora específica, esta “no parece necesaria” sin un mercado maduro, sino que se deben “fortalecer” las capacidades de los organismos existentes, así como la coordinación entre ellos para que no haya “solapamiento” de competencias para el otorgamiento de diferentes autorizaciones.
EMPRENDIMIENTOS
Los cuatro proyectos que hay en Uruguay
En Uruguay, están planteados cuatro proyectos de hidrógeno verde: Tambor Green Hydrogen Hub, un proyecto de las empresas Enertrag y SEG Ingeniería que consistirá en la producción de 15.000 toneladas anuales de hidrógeno verde; H24U, el proyecto piloto ganador del Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde del MIEM, con el que las empresas Saceem, CIR, Air Liquide y Fraylog buscan la conversión a hidrógeno verde de 17 camiones del sector forestal; y el proyecto de HIF Global, una empresa seleccionada por Ancap para producir 180.000 toneladas por año de combustibles sintéticos y 100.000 toneladas de hidrógeno verde por año.
El otro es el denominado Kahirós -de participación privada, liderado por las empresas Ventus, Fraylog y Fidocar-, que también consiste en la conversión de camiones transportadores de carga forestal, que funcionarán en base a hidrógeno en lugar de gasoil.
EL AGUA NECESARIA PARA LA PRODUCCIÓN
El sistema implicaría una modificación desde el 4,78% actual a 4,79% en 2030
Uno de los ejes principales para el desarrollo de este sector es el del uso y cuidado de los recursos hídricos. Para el análisis, el trabajo señala que se consideró el impacto sobre el agotamiento de los recursos hídricos y afectaciones por posibles contaminaciones por vertido de efluentes.
En esta línea, el análisis destaca que la extracción de agua en 2022 en Uruguay para diferentes usos fue aproximadamente 4.400 hectómetros cúbicos (hm3), mientras que la cantidad de agua total a utilizar para implementar la hoja de ruta del MIEM al 2030 es 4,1 hm3, lo que correspondería a 10% de la categoría de menor uso, y en 2040 (59,7 hm3 ) estaría por debajo del uso industrial en 2022.
A su vez, en función del total de agua disponible, el sistema implicaría una modificación desde 4,78 % del uso actual a 4,79% en 2030 y 4,87 % en 2040.
Asimismo, al contemplar la cantidad de litros de agua necesarios para la producción de un kilo de hidrógeno verde, al tomar al mayor extremo, explicaron que se requerirían 45 litros.
De este modo, señalaron que la cantidad de agua no se considera significativa respecto a la disponibilidad de agua ambiente.
No obstante, otra de las conclusiones es que deben estudiarse las características específicas de cada proyecto y que, “salvo en algunas zonas específicas, el impacto es manejable”.
Por otra parte, también concluye que cuencas como la del Río Uruguay o el Río Negro “no presentan restricciones, sobre todo si su extracción se hace sobre el río principal” y que tampoco el uso del Acuífero Guaraní “presentaría mayores inconvenientes si se hacen estudios de las zonas de extracción para evitar efectos locales, que en ningún caso podría poner en riesgo el sistema”.
En cuanto a los efluentes, concluye que “se trata de tipos de contaminación conocidos y fáciles de manejar con los tratamientos adecuados”.