Ancap gana juicio a la Intendencia de Canelones por deudas de combustibles
La comuna canaria deberá pagarle a Ancap unos US$ 522.000, luego que la Suprema Corte de Justicia desestimara un recurso que buscaba anular una sentencia judicial previa.La historia se remonta poco más de 10 años atrás. El 12 de noviembre de 2013, Ancap, Ducsa y la Intendencia de Canelones habían firmado un convenio. Allí se acordó el pago de unos $ 146 millones por una deuda que la comuna canaria tenía con el ente petrolero por consumos de combustibles.
Por ese entonces, la comuna canaria buscaba reducir su abultado pasivo con organismos públicos, entre los que también estaban UTE y Antel, por ejemplo.
La deuda con Ancap se arrastraba desde 2005. Entre las formas de cancelación de ese pasivo se incluyó una parte que se abonaría en dinero y otra mediante la entrega de tres inmuebles ubicados en La Floresta, Solymar y El Pinar. Las negociaciones se habían realizado entre el Directorio de Ancap que presidía Raúl Sendic, y la intendencia que encabezaba Marcos Carámbula.
Dos bibliotecas
Sin embargo, el 16 de setiembre de 2016 las dos partes firmaron un nuevo acuerdo de pago, a los efectos que la intendencia canaria pudiera saldar deuda generada por incumplimiento del acuerdo original suscripto en noviembre de 2013. Pero en la práctica pasó que hubo diferencias de interpretación en algunas de las cláusulas establecidas.
La Intendencia de Canelones -ya bajo la administración de Yamandú Orsi-, entendía que con un pago que se acordó en $ 47,2 millones se cancelaba la totalidad de la deuda que mantenía con Ancap anterior a junio de 2016 por cualquier concepto, y no únicamente por la deuda que surgía del convenio de 2013.
Sin embargo, Ancap argumentó que con el pago de los $ 47,2 millones la intendencia cancelaba solo la deuda por incumplimiento del convenio de 2013 y quedaba una diferencia pendiente. La empresa que presidía Marta Jara consideraba que todavía había adeudos por otros consumos realizados (documentados en 2014) y por los que se debían abonar $ 9,7 millones.
Juicio a la intendencia
La falta de consenso hizo que el 28 de febrero de 2020 ya terminando la anterior administración, Ancap llevara el tema a la justicia e iniciara una demanda contra la intendencia de Canelones para poder cobrar lo reclamado.
En agosto de 2022 y tras pericias contables realizadas, una sentencia definitiva de primera instancia emitida por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Canelones de 2° Turno, amparó la demanda y condenó a la intendencia a pagar la suma de $ 9.766.875, más reajustes e intereses.
De inmediato, la Intendencia de Canelones interpuso un recurso de apelación contra esta sentencia, pero sin éxito. El 24 mayo de 2023 el Tribunal de Apelaciones en lo Civil 6º Turno confirmó la sentencia de primera instancia.
Esto determinó que la comuna canaria interpusiera un recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, y que fue desestimado por la Suprema Corte de Justicia el pasado 23 de febrero, según el fallo al que accedió El Observador.
Cumplida esa instancia y con reajustes desde la exigibilidad e intereses desde la presentación de la demanda, la Intendencia de Canelones deberá pagarle a Ancap la suma de aproximadamente a $ 20.101.618 (unos US$ 522.000 al tipo de cambio actual), informaron a El Observador fuentes del ente.
Canje de deudas por terrenos
De los inmuebles que Ancap recibió en 2013 como parte del pago de la deuda (valuados en ese entonces por $ 33,8 millones), uno está integrado actualmente a la pista del autódromo de El Pinar. Los otros dos factiblemente irán a remate próximamente indicaron fuentes del ente.
En 2020 el semanario Búsqueda dio cuenta que la empresa pública había tasado esas tierras para venta, pero no había podido concretar ningún negocio con ellos tras una licitación que quedó desierta. Solo por vigilancia de los terrenos de La Floresta y El Pinar se pagaban unos $ 500.000 anuales.
“Seguimos gastando en vigilancia por esos terrenos que están cercados y monitoreados con drones para que no ingresen intrusos”, dijo uno de los consultados por El Observador.
En una nota publicada por El País a mediados de 2012, cuando se estaba gestando el primer acuerdo de pago, Sendic había señalado que los terrenos entregados a Ancap se destinarían a la construcción de estaciones de servicio o se cederían a Alcoholes del Uruguay para que concretara su desarrollo agrícola. La decisión iba a depender de cuáles serían los terrenos disponibles finalmente.