Movus: La lucha por un país sustentable
Reclamo contra la licitación del Proyecto Arazatí.
“El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) es un movimiento ciudadano independiente de cualquier partido político, agrupamiento ideológico o religioso e institucional gubernamental o no gubernamental, nacional o internacional. Su propósito es contribuir a la información, la conciencia y la movilización de la sociedad civil para que la ciudadanía participe y decida el presente y el futuro del país en la perspectiva de un desarrollo sustentable con justicia social”, así reza la presentación en la página web de Movus.
Entre muchas de sus luchas está la defensa del agua y los recursos naturales y nuevamente manifiestan su rechazo al proyecto Neptuno, que impulsa el gobierno actual. Proyecto que tanto las organizaciones sociales como sindicatos han dado pruebas de lo inconveniente que resulta para el Uruguay.
En relación a esto han sacado un nuevo comunicado de prensa para arrojar más evidencia. Para esta organización “La pretensión por parte de OSE y del Ministerio de Ambiente de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no escuche la opinión de destacados técnicos y científicos nacionales en el reclamo contra la licitación del Proyecto Arazatí sienta un peligroso precedente y marca claramente que el MInisterio de Ambiente del Ministro Bouvier no protege el Ambiente y que el Directorio de la OSE opera imprudentemente, sin justificación técnica ni financiera alguna, comprometiendo cientos de millones de dólares en una obra inconveniente, injustificada, insuficiente y extremadamente cara”.
El comunicado
“El Ministerio de Ambiente y OSE se niegan a la ciencia. Los dos organismos se oponen y no aceptan los informes técnicos, ni que declaren en relación al Proyecto Neptuno-Arazatí destacados científicos nacionales» se señalá en el comunicado.
El proceso de licitación del mencionado proyecto está siendo tratado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a instancias del recurso de revocación y anulación presentado por Redes-Amigos de la Tierra.
Agregan que «desde el Movus apoyamos ese justo recurso y no podemos menos que repudiar la actitud de estos organismos, en especial atendiendo al motivo esgrimido para negar la participación de los científicos porque no serían “imparciales”. En los hechos la negativa implica que cualquier técnico o académico que alerte sobre un impacto ambiental no podría después deponer ante un tribunal por ese tema».
Por otra parte expresan «conceptualmente, recibir testimonios y evaluar su condición, aceptarlos o no, está dentro de las funciones del Tribunal. Las partes pueden presentar sus peritos, y pueden objetar a partir de lo que los testigos de la otra parte digan. Lo que hacen el Ministerio y OSE es reclamar la parcialidad del Tribunal y que prejuzgue antes de escuchar a los testigos».
Movus recordó «al tiempo que el Ministerio de Ambiente y el Directorio de OSE rechazan estos testigos, los técnicos relacionados con la adjudicataria de la licitación son los mismos que antes dirigieron Aguas de la Costa SA que en 1993 obtuvo, con la firma del actual Gerente general de la OSE, el Ingeniero Arturo Castagnino, el contrato de concesión privada del servicio de saneamiento y agua potable en Maldonado».
También indican que «el Ministerio de Ambiente y la OSE avalan implícitamente la “imparcialidad” de esos técnicos y aceptan como válidos sus análisis y resultados, que claramente son a favor de la realización del proyecto que defienden, en beneficio de los intereses privados» y «OSE tampoco ha podido presentar ningún estudio económico ni financiero para justificar la reserva de fondos presupuestales por valor de más de 800 millones de dólares para el pago de una obra presupuestada en menos de 250 millones».
«Desde el Movus entendemos que negar la participación de técnicos y científicos en este asunto sienta un precedente muy peligroso, es contraria a los mejores intereses del Uruguay y sólo sirve a intereses empresariales que OSE y el Ministerio de Ambiente parecen proteger y promover a favor de empresas que en las condiciones dadas en la licitación impugnada obtendrán un injustificable lucro, a partir de dineros públicos, por la construcción de una obra inconveniente, injustificada, insuficiente y extremadamente cara” señalan finalmente.