Investigación judicial en Estados Unidos por Ancap genera coletazos políticos en Uruguay
Puja entre oficialismo y Frente Amplio; piden que Fiscalía actúe de oficio.Los senadores Jorge Gandini (Partido Nacional) y Guillermo Domenech (Cabildo Abierto), y el diputado Felipe Schipani (Partido Colorado), reclamaron que la Fiscalía actúe de oficio e investigue información surgida en Estados Unidos sobre que Ancap fue usado como fachada para actos de corrupción que involucran a Petroecuador y a la multinacional holandesa Trafigura.
En tanto, el senador José Carlos Mahía (Frente Amplio), consideró que desde el oficialismo se presiona a la Fiscalía en búsqueda de “réditos políticos”.
El caso Ancap tuvo gran repercusión en Uruguay en 2017. El 3 de noviembre de ese año, un ejecutivo de Trafigura, que participó en los negocios de intermediación de compra de petróleo entre Petroecuador y Ancap, reconoció que “durante un período” los embarques de crudo “se efectuaron sin contrato”.
El exejecutivo de Trafigura, Nicolás Simian, declaró ante la entonces jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, y el exfiscal de esa materia, Luis Pacheco, que durante los primeros ocho meses de intercambio Ancap operó sin contrato con Trafigura y agregó que, en dicho lapso de tiempo, las operaciones superaron los US$ 700 millones.
Al finalizar la investigación, el fiscal Pacheco pidió los procesamientos del expresidente de Ancap, Raúl Sendic, y de directores y gerentes de la empresa estatal por haber concretados negocios con Trafigura sin contrato, no haber llamado a licitación y haber realizado negocios que estaban por fuera de lo que debía hacer el ente público.
Pacheco, en sus pedidos de procesamientos, mencionó que, en esos negocios con petróleo Ancap permitió que Trafigura lograra enormes ganancias mientras que el ente estatal obtuvo cifras muy inferiores.
Larrieu no hizo lugar a las solicitudes de procesamientos pedidas por el fiscal Pacheco. Meses después, un Tribunal de Apelaciones le dio la razón a la magistrada.
Polémica
El 22 de enero de este año, El País informó que, en el marco de juicio que se desarrolla en el distrito este de la Corte del Estado de Nueva York, dos de los implicados, que ya se reconocieron culpables, confesaron ante el jurado que desde Petroecuador utilizaron empresas estatales de Uruguay, China, Tailandia y Omán como una fachada para sus maniobras.
Al conocerse la presunción de supuestas irregularidades que involucran a una empresa pública uruguaya, el diputado Schipani señaló a El País que la Fiscalía de Corte debería abrir una investigación y solicitar a la Justicia de Estados Unidos que remita el expediente donde imputados señalaron que Ancap estaría involucrada en una red de corrupción.
El legislador colorado señaló que está seguro que muchos testimonios recabados en Estados Unidos no se encuentran en el expediente de la Justicia uruguaya sobre el caso Ancap. “Estoy planteando que se pida ese expediente a Estados Unidos. Creo que la Fiscalía debería actuar de oficio”, expresó Schipani.
Gandini, quien es precandidato a la Presidencia por el Partido Nacional, coincidió con el planteo de Schipani.
Consideró que en la Justicia de Estados Unidos quedó demostrado que Ancap ofició de intermediario en negocios entre Petroecuador y Trafigura, y agregó que ese no es el rol de una empresa pública.
Para Gandini, la Fiscalía debe investigar si existieron o no delitos en esos negocios.
Domenech, senador y presidente de Cabildo Abierto, también sostuvo que si surgieron nuevos elementos en la Justicia de Estados Unidos sobre el caso Ancap, deberían ser indagados por la Fiscalía uruguaya.
Según el parlamentario, ante denuncias de esa envergadura -supuesta utilización de Ancap como fachada para actos de corrupción- corresponde tratar de reunir toda la información que permita verificar si las denuncias planteadas en la Justicia estadounidense son correctas o no. “No podemos permanecer pasivos ante imputaciones de esa naturaleza, máxime cuando los negocios de Ancap (en el pasado) nunca fueron cristalinos”, dijo.
Domenech sostuvo que han “quedado flotando en el ambiente” dudas sobre la transparencia y legalidad de ese intercambio comercial. “Me parece que sería de gran interés despejar esas dudas”, insistió.
El senador Mahía, del sector Asamblea Uruguay, prefirió no expedirse sobre el fondo del asunto porque, según dijo, nunca siguió el caso Ancap.
Sin embargo, sostuvo que observa casi a diario a senadores de la coalición de gobierno “presionar” a la Fiscalía con el objetivo de “obtener réditos políticos”. Y agregó: “Eso me preocupa porque la Fiscalía tiene que tener independencia respecto al Parlamento”.
Mahía puso como ejemplo una reunión de la bancada oficialista que tuvo como objetivo “presionar” al fiscal de Corte adjunto, Juan Gómez, por casos que eran de su interés.
También mencionó que Cabildo Abierto “presionó” a la Fiscalía cuando militares fueron investigados por delitos de lesa humanidad, mientras que el Partido Nacional siguió de cerca los casos Marset y Astesiano. “Esas situaciones me parecen insólitas. Es la partidización de la Justicia”, sostuvo.
Con respecto al caso Ancap surgido ahora, Mahía concluyó que “es una acción más” de presión de los partidos tradicionales sobre la Fiscalía buscando “partidizar” investigaciones