La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la Ley de Prevención y Combate de incendios forestales
La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto de ley para la “Prevención y combate de incendios forestales” que instituciones y organizaciones de la sociedad civil abordaron a raíz de la situación generada con los siniestros registrados a fines de 2021 y comienzos de 2022 en Paysandú y Río Negro, que alcanzaron a más de 37.000 hectáreas.
La iniciativa, elaborada por las sociedades de fomento rural “Puntas de Arroyo Negro”, “Las Delicias Arroyo Malo”, “Colonia Porvenir” y “Santa Blanca”, la “Asociación Agraria Bella Vista”, el Grupo “Paso de los Carros”, los colectivos “Tierra Pa Todos” y “Agroecológico El Ombú”, Calapis y Calagui fue presentada a los legisladores de las comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca y Especial de Ambiente de la Cámara de Representantes. A finales de 2022 tuvo media sanción en la Cámara de Representantes y en la segunda cámara se hicieron las correcciones más destacadas, como las distancias establecidas entre las plantaciones forestales y los centros poblados. Asimismo, el proyecto aumentó el tamaño de las áreas forestadas obligadas a presentar planes de prevención de incendios ante la Dirección de Bomberos. Los senadores incorporaron el mecanismo de atención de denuncias, disponible para todos los ciudadanos ante posibles incumplimientos, así como sanciones a los infractores.
DE 500 A 300
En la Cámara de Diputados estaba aprobada la distancia de 500 metros de los centros poblados cuando fueran plantados en carácter de macizos forestales y los senadores bajaron esa distancia a 300 metros. Otra de la diferencias es que la Cámara de Representantes estableció en 12 metros la distancia de los cortafuegos y la cámara alta lo modificó y trasladó a veinte metros. El vocero de los mencionados grupos, Javier Dalmás, recordó que luego de los sinietsros forestales “no existía voluntad de generar nuevas reglamentaciones para la forestación y que eso reflejara que habíamos aprendido algo”. Existía “cierto voluntarismo de las empresas para mejorar el mantenimiento de los cortafuegos en los pueblos Orogoros y Piedras Coloradas. Algunas empresas lo hicieron, pero otras no estuvieron de acuerdo. Nosotros entendíamos que no podía quedar así porque las 37.000 hectáreas quemadas era una preocupación de los vecinos”.
EL PROCESO
Las mesas de diálogo que comenzaron a reunirse en la sede del Cenur Paysandú “se transformaron en un espacio para los productores forestales, los ministerios, la Intendencia, y en definitiva el Estado, pero también de las organziaciones de la sociedad civil y la Universidad que puso a disposición su sede”. Luego de un año de reuniones “y aprendizajes, definimos que había suficiente información y madurez en el tema como para presentar un proyecto de ley que ingresó al Parlamento como iniciativa ciudadana y le hicimos el seguimiento hasta su aprobación”. La negociación parlamentaria “recortó las propuestas sobre las distancias entre los pueblos y el ancho de los cortafuegos. Nuestra iniciativa era ambiciosa, pero lo que salió es mucho mejor que la nada que existía antes”. El proyecto de ley “deja muy claro el tipo de mantenimiento de los cortafuegos porque antes estaban llenos de malezas, lo que dificultó el control del incendio”. El modelo forestal detallado en la iniciativa parlamentaria “genera un mecanismo de denuncias anónimas, donde cualquier ciudadano que entienda que en un monte o macizo forestal no se cumple con la normativa, ya sea por malezamiento o cercanía con un centro poblado, generará un expediente. Así como establece un mecanismo para las sanciones económicas”.
APOYO TÉCNICO
El diputado Juan Carlos Moreno, integrante de la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, señaló que en los cambios a la propuesta inicial de la sociedad civil, “actuó la parte técnica de la Dirección de Bomberos con sus fundamentos. Después vendrá la parte de la reglamentación a cargo de la Dirección de Servicios Forestales, la optimización de los recursos, el cruzamiento de datos y las competencias entre los públicos y privados”. Destacó “la iniciativa ciudadana, el proceso parlamentario y técnico que llevó a su aprobación por unanimidad. Porque en el nuevo marco reglamentario y ante cada nueva cosecha de árboles, tienen que realizarse los trámites correspondientes, que antes no había. Es decir que, ante cada nuevo ciclo forestal, se estudiarán los permisos y otros aspectos, como el tipo de suelo, los árboles y su impacto ambiental”.
UN AVANCE
La iniciativa, que fuera presentada en la comisión por los diputados Cecilia Bottino, Alfredo Fratti, Ubaldo Aita, Constante Mendiondo, Rafael Menéndez y César Vega, recogió las inquietudes de la sociedad civil. “Es un avance, si bien no estábamos de acuerdo en que se bajara la distancia de 500 metros a 300 metros entre las plantaciones y los centros poblados. Creemos que era una distancia apropiada que incluso está vigente en los planes territoriales de algunas intendencias”, dijo Bottino a EL TELEGRAFO. No obstante, reconoció la importancia de la ley aprobada que “regula el comportamiento de las forestales, el contralor en sus planes y un cúmulo de temas que no existían cuando se produjeron los incendios. Lo destacable es que el ordenamiento normativo salió de la sociedad civil y en el Parlamento se trabajó por esta ley”.