Oficialismo dividido de cara a la interpelación: contrataciones en Salto Grande afectan la interna de la coalición
La interpelación a los ministros Arbeleche y Bustillo supone un escenario inédito. El sector Aire Fresco plantea analizar “todo el sistema” y no solo lo de Salto Grande.La coalición de gobierno enfrentará en tres semanas un escenario inédito.
Deberán respaldar a dos ministros en una interpelación al mismo tiempo en que deberán tomar distancia de las causas que motivaran ese llamado a sala. Descontando el respaldo a Azucena Arbeleche y Francisco Bustillo,el desafío está en despegarse del renunciante Carlos Albisu, señalado por hacer un uso político de su cargo al frente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande. El desafío mayor está en filas del Partido Nacional, cuya principal carta a esta hora es la rápida intervención del presidente Luis Lacalle Pou, que a su entender forzó la salida del dirigente, cuestionado por promover el ingreso directo de más de 30 militantes de su sector, la Lista 404 (Aire Fresco).
Ese grupo es el que deberá llevar el peso de rebatir los cuestionamientos que hará el Frente Amplio, convocante del llamado a sala, con el apoyo de Cabildo Abierto, que también tendrá repercusiones en su interna. “La cara la va a tener que poner Aire Fresco”, comentó a El País un alto dirigente del Herrerismo. En ese grupo, la opción es guardar una prudente distancia, en un rol meramente observador. Más allá, dicen, de que resulta injustificable el accionar de Albisu, los herreristas se preguntan si en el gobierno no existía conocimiento del tema.
En filas nacionalistas se recuerda que, ya en enero de este año, el senador Carlos Camy advirtió en una sesión del directorio blanco de la “bomba” que en cualquier momento podía estallar, según confirmó el propio legislador a El País. La molestia pasa también por un hecho práctico: Albisu, afirman, “direccionó” las contrataciones en una forma “absolutamente sesgada” en beneficio de su propio grupo político.
En Por La Patria, sector que lidera el senador Jorge Gandini, se pondrá sobre la mesa un proyecto de ley para que los integrantes de las comisiones binacionales, como sucede hoy con los directores de los entes públicos, queden impedidos de hacer política mientras ejercen sus cargos. El texto de Gandini es elocuente: lo sucedido con Albisu demuestra la necesidad de limitar la “posible tentación” de “hace política electoral” con las potestades que otorga esa comisión técnica.
Al respecto, el diputado Álvaro Viviano (Por la Patria) dijo que su sector no está dispuesto a avalar ningún “abuso ni uso discrecional” de los dineros públicos.
En Aire Fresco recién se está comenzando a analizar cómo enfrentar este escenario, con la certeza de que el llamado a sala se utilizará para atacar, por elevación, al secretario de Presidencia y probable candidato en la interna, Álvaro Delgado. Por lo pronto, allí se apelará al “gesto de grandeza” que tuvo Albisu al renunciar para desactivar la presión sobre el gobierno. También que, a diferencia de lo que sucedía en administraciones frentistas, “ahora no hay atornillados”, según comentó a el diputado Álvaro Rodríguez Hunter. “Hay que analizar todo el sistema y no solo Salto Grande”, afirmó. “Montevideo y Canelones, por más que nieguen, no son ajenos a este tema”, apuntó. Porque allí, dijo hay “decenas” de contrataciones directas.
El Partido Colorado también enfrenta su propio desafío. Vamos Salto, el sector del senador Germán Coutinho, también es señalado como partícipe de ese esquema de contrataciones en Salto Grande. Por lo pronto, el legislador se apoya en que su partido no ingresó a la delegación uruguaya en la CTM hasta 2021, pasadas las últimas elecciones departamentales, después de que se dieran la mayoría de las contrataciones directas cuestionadas.
Los colorados apuntan que fue allí que ingresó al organismo su representante, Nicolás Irigoyen que, por su parte, solo promovió el ingreso de tres cargos de confianza a trabajar en la delegación uruguaya.
ADEMÁS
CA dice que “debe caer toda la gestión”
El diputado salteño Rodrigo Albernaz encabezará en la interpelación del 3 de octubre los reclamos de Cabildo Abierto para que el gobierno explique al detalle en qué se gastan los recursos en la delegación uruguaya en Salto Grande. El legislador explicó a El País que en los últimos días “salieron a la luz” nuevos datos “particularmente malos” que reafirman la necesidad de clarificar lo que sucedió. Albernaz dijo que estudió la última memoria anual del organismo y aseguró que ese documento no detalla el destino de los egresos que tuvo la representación que dirigía Carlos Albisu.
El diputado cabildante afirmó que a lo largo de este quinquenio se dispondrá de unos US$ 12 millones anuales que la delegación, técnicamente, puede gastar de manera discrecional ya que no está identificado el fin en el que se destinarán los recursos. Albernaz apuntará a un convenio que la delegación firmó con “Box por la Vida”, un programa para promover la práctica de este deporte entre los jóvenes. El diputado sostuvo que el acuerdo implica “decenas” de cargos políticos. Por último, Albernaz adelantó que su partido pedirá que, al igual que Albisu, el colorado Nicolás Irigoyen y el nacionalista Daniel Arcieri, los otros integrantes de la delegación uruguaya en Salto Grande, renuncien a sus cargos.
También que se analicen los fundamentos de los 35 contratos de confianza cuestionados de ese organismo y que sus beneficiarios sean removidos si su pertinencia no logra ser justificada. “Si lo que se denuncia es la gestión, lo que debe caer es toda la gestión”, concluyó el legislador.encabezará en la interpelación del 3 de octubre los reclamos de Cabildo Abierto para que el gobierno explique al detalle en qué se gastan los recursos en la delegación uruguaya en Salto Grande. El legislador explicó a El País que en los últimos días “salieron a la luz” nuevos datos “particularmente malos” que reafirman la necesidad de clarificar lo que sucedió. Albernaz dijo que estudió la última memoria anual del organismo y aseguró que ese documento no detalla el destino de los egresos que tuvo la representación que dirigía Carlos Albisu.
El diputado cabildante afirmó que a lo largo de este quinquenio se dispondrá de unos US$ 12 millones anuales que la delegación, técnicamente, puede gastar de manera discrecional ya que no está identificado el fin en el que se destinarán los recursos. Albernaz apuntará a un convenio que la delegación firmó con “Box por la Vida”, un programa para promover la práctica de este deporte entre los jóvenes. El diputado sostuvo que el acuerdo implica “decenas” de cargos políticos. Por último, Albernaz adelantó que su partido pedirá que, al igual que Albisu, el colorado Nicolás Irigoyen y el nacionalista Daniel Arcieri, los otros integrantes de la delegación uruguaya en Salto Grande, renuncien a sus cargos. También que se analicen los fundamentos de los 35 contratos de confianza cuestionados de ese organismo y que sus beneficiarios sean removidos si su pertinencia no logra ser justificada. “Si lo que se denuncia es la gestión, lo que debe caer es toda la gestión”, concluyó el legislador.