¿Qué le dijo el gobierno de Lacalle Pou al directorio del FMI en un documento?
Envió un documento de seis páginas tras revisión anual del organismo.El pasado 2 de diciembre, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la revisión anual por artículo 4° (corresponde a cada país miembro tenga o no deuda con el organismo) de Uruguay. Recientemente, el organismo divulgó el informe del staff técnico (que estuvo en Uruguay) en que basó esa decisión.
También ahora se dio a conocer qué le dijo el gobierno de Luis Lacalle Pou al directorio del FMI. La respuesta fue a través de un documento de seis páginas presentado por la representante de Uruguay ante el organismo, Inés Bustillo.
Lo que sigue es un resumen del planteo del gobierno de Lacalle Pou ante el FMI.
Tras hacer un racconto de lo ocurrido en 2020 y 2021 con la pandemia de covid-19, la evolución de la vacunación, las medidas tomadas y otros aspectos, el documento del gobierno señaló que “a pesar del éxito de la campaña de vacunación y el fortalecimiento de la recuperación económica, Uruguay es una economía pequeña y muy abierta y está expuesta a riesgos externos a la baja, incluidos precios de materias primas más débiles y un endurecimiento de las condiciones financieras mundiales”.
Ante ello, las autoridades enfatizaron que “están preparadas para impulsar la economía con apoyo adicional según sea necesario” y “coinciden ampliamente” con el staff del FMI “en que sostener el crecimiento a mediano plazo requiere acciones en varios frentes”.
Respecto a la política fiscal, “las autoridades están complacidas de que el staff reconozca que las circunstancias específicas de cada país son fundamentales para la idoneidad de las respuestas fiscales en todos los países. Como bien se señala en el informe (del FMI), la sólida protección social y la cobertura de salud de Uruguay fueron fundamentales para calibrar el nivel adecuado de respuesta fiscal a la pandemia”, indicó el documento del gobierno.
Agregó que “los recursos presupuestarios” para atender la situación del covid-19 “ascendieron al 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 y al 1,7% del PIB en 2021. Además, las garantías de crédito ascendieron al 1,3% del PIB en 2020 y se estiman en el 0,3% del PIB en 2021”.
Luego el gobierno de Lacalle Pou afirmó que tomó “acciones decisivas para fortalecer las finanzas públicas que se habían deteriorado constantemente en los años previos a la pandemia. La ley de Presupuesto 2020-2024 aprobada por el Parlamento en diciembre de 2020 sentó las bases para cambios en la toma de decisiones y ejecución de la política fiscal. La nueva regla fiscal se basa en objetivos de equilibrio estructural, para tener en cuenta las fluctuaciones del ciclo económico y las partidas de gastos e ingresos puntuales/temporales, junto con un tope al crecimiento real del gasto primario en línea con el crecimiento económico real potencial. El marco también establece un límite al endeudamiento neto del gobierno central, lo que efectivamente limita el déficit fiscal observado”.
A su vez, el gobierno se congratuló de haber cumplido “con los tres pilares de la nueva regla fiscal, restaurando la credibilidad fiscal en medio de la pandemia mundial”.
“Si bien la respuesta a la pandemia amplió el déficit fiscal, la reducción del gasto público ineficiente no relacionado con la pandemia del covid-19, las restricciones a la contratación del sector público y la fiscalización del gasto contuvieron el deterioro fiscal, que fue uno de los más pequeños de América Latina, ayudando estabilizar la carga de la deuda sobre el PIB en 2021, en un contexto de costos decrecientes del servicio de la deuda”, añadió.
“En el futuro, las autoridades siguen comprometidas con la prudencia fiscal basada en el marco fiscal basado en reglas y han avanzado en la creación de los consejos fiscales externos”, le dijo el gobierno al directorio del FMI.
Precios y dólar.
El gobierno de Lacalle Pou le dijo al FMI que “el Banco Central (BCU) está comprometido a abordar los largos períodos de inflación por encima de la meta de Uruguay y reconstruir la credibilidad. Con este fin, las autoridades han introducido cambios en el diseño institucional y la práctica de la política monetaria. Un marco de política monetaria mejorado reafirma la estabilidad de precios como el mandato principal, sin perjuicio del apoyo que se brinde en emergencias económicas”.
“Además, el BCU ha hecho explícito el objetivo de desdolarizar la economía y reconstruir los mercados de divisas del peso uruguayo, con el fin de mejorar la transmisión de la política monetaria. Las autoridades monetarias entienden que la desdolarización financiera es un proceso de largo plazo, que puede ser lento y vacilante, e implica cambios no solo en las regulaciones, sino también en las prácticas de endeudamiento, ahorro y cultura del sector privado”, agregó.
Sobre el dólar, dijo que “el BCU mantiene su compromiso de preservar la flexibilidad del tipo de cambio y evitar la volatilidad indebida y no fundamental del mercado. Dado que Uruguay es una economía pequeña, abierta y dolarizada, el banco central interviene en el mercado de divisas para evitar condiciones de mercado desordenadas”
Observación final.
“En medio de los desafíos que plantea la pandemia mundial, las autoridades han avanzado en reformas para construir un marco de política macroeconómica creíble y una agenda de reformas estructurales para lograr un crecimiento mayor e inclusivo. Uruguay sigue siendo un bastión de democracia, instituciones sólidas, libertad, independencia judicial y estabilidad política. En el futuro, estos atributos siguen siendo una importante fuente de fortaleza en un panorama global incierto”, concluyó el documento que el gobierno envió al FMI.
“Abordar los impedimientos estructurales al crecimiento”
La respuesta del gobierno al FMI, también se refirió a la agenda de reformas. “Como señaló el staff” del FMI acerca del crecimiento potencial de Uruguay “abordar los impedimentos estructurales al crecimiento requiere acciones en varios frentes”, indicó el gobierno.
“Durante el último año y medio, las autoridades avanzaron en la aprobación de leyes y el avance de medidas que sientan las bases de una agenda de reformas estructurales, incluido un nuevo marco fiscal para fortalecer la disciplina fiscal, la reforma del sistema de pensiones, la introducción de una nueva gobernanza para aumentar la eficiencia de las empresas estatales (una parte importante de la economía uruguaya), el desarrollo de los mercados de capitales y promover la apertura e integración comercial”, expresó.
“Las prioridades de las autoridades incluyen la mejora del entorno empresarial, la generación de empleos y la promoción del capital humano. Una prioridad adicional es aumentar las inversiones en educación, salud y vivienda para reducir la tasa de pobreza de los niños menores de tres años, que sigue siendo considerablemente más alta que en el resto de la población y ha empeorado durante la pandemia”, reconoció.
En ese sentido, el gobierno se refirió a incentivos y subsidios para facilitar el acceso al empleo de jóvenes entre 15 y 29 años, trabajadores de más de 45 años, personas con discapacidad y mujeres. También indicó que “se están realizando esfuerzos para aumentar las tasas de permanencia y graduación en educación básica y media superior y mejorar la calidad de los planes de estudios con el apoyo de instituciones multilaterales, así como un plan de acción para la primera infancia”.
Elogio a la “década” de que cambio energético
n En el documento enviado al FMI, el gobierno hizo referencia a que “Uruguay se mantiene a la vanguardia de las políticas amigables con el medio ambiente y es un país enfocado en la sustentabilidad. En la última década ha transformado su matriz energética al incrementar y diversificar sus fuentes renovables de generación eléctrica”. Agregó que “las autoridades están comprometidas con un camino de crecimiento consistente con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y una economía resistente al cambio climático”.