MONOPOLIO EN EL PUERTO
Defensa de la Competencia desestima resolución del MEF: Seguirá adelante con denuncia sobre acuerdo en el puerto
La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC), órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), emitió una resolución en la que admitió la denuncia sobre el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie, que había realizado Montecon, según informa diario El País.
El programa En Perspectiva de Radiomundo divulgó este miércoles la resolución -que lleva la firma de los tres comisionados de la CPDC: Natalia Jul, Alejandra Giuffra y Daniel Ferrés- y que establece "la pertinencia de la denuncia presentada por Montecon", aunque desestimó el pedido de la empresa del "cese preventivo" del contrato y "la adopción de medidas cautelares".
La decisión de Defensa de la Competencia se tomó luego de que el pasado 21 de enero el subsecretario del MEF, Alejandro Irastorza firmara -como ministro interino- una resolución a través de la cual el Ministerio dejaba sin efecto la decisión de la CPDC de iniciar la investigación sobre el acuerdo portuario.
En ese momento la resolución del MEF generó múltiples críticas entre analistas económicos especializados en temas de competencia de mercado, como también desde la oposición, quienes cuestionaron la legalidad de la decisión y la falta de autonomía de la CPDC.
Decisión de Defensa de la Competencia
En los considerandos de la resolución, la CPDC explicó que la ley sobre defensa de la libre competencia en el comercio establece que el órgano se expida sobre la pertinencia de la denuncia recibida -en este caso elaborada por Montecon-, y explica que el rechazo de una denuncia "refiere a situaciones donde de forma evidente resulta inviable, esto es que de la pretensión se infiere" de forma clara "la imposibilidad jurídica de la misma".
En este sentido, la comisión reafirmó que ante esta denuncia es la CPDC el "órgano competente" para investigar, analizar y sancionar las prácticas prohibidas por la normativa de defensa de la libre competencia, y que el hecho de que la actividad portuaria esté regulada no es un obstáculo para la aplicación de la ley.
La aclaración de la CPDC refiere a que la normativa actual establece una única excepción en relación a la potestad de la comisión, la cual es conferida solamente cuando se trata de órganos reguladores especializados, tales como el Banco Central, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones.
"No es posible entender que cada sector de actividad que tenga una entidad que lo regula, queda fuera del ámbito competencial de la omisión", argumentó la resolución y ratificó que las "prácticas denunciadas se enmarcan en la normativa de defensa de la competencia".
Asimismo, la comisión señaló que la denuncia elaborada por Montecon "cumple con todos los requisitos formales" establecidos en la ley y que por tanto, "los actos y prácticas puestos en conocimiento" del órgano "resultan suficientes para dar inicio a la investigación", por lo que la denuncia es "pertinente".
Según la normativa, los denunciados -Poder Ejecutivo, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Administración Nacional de Puertos, Katoen Natie y TCP- tendrán un plazo de 15 días a partir de la fecha de la resolución de la comisión para examinar el expediente y ofrecer sus pruebas.
La denuncia de Montecon señala, entre otras cosas, que el acuerdo alcanzado entre TCP y el gobierno el pasado 25 de febrero de 2021 constituye un "pacto colusorio" que fue realizado con la "intención, finalidad y efecto de excluir competidores del mercado en favor de TCP" y que "limita" e "impide" la competencia actual.