POLÉMICA
Organizaciones ambientales presentaron recurso de nulidad contra decreto forestal
Movus, junto con otros dos grupos ambientales, denuncian que la normativa introduce “nuevas reglas en el sector forestal” y “habilita una mayor ampliación de las plantaciones a gran escala”.El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), en conjunto con la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) y Redes Amigos de la Tierra, presentaron este lunes un recurso legal de anulación ante la Presidencia de la República por el Decreto 405/021, que presentó el gobierno en la previa a la votación de la ley forestal.
Según Movus, el decreto “por sus grandes implicaciones sobre los recursos hídricos del país, debió discutirse y decidirse con la participación de los usuarios y la sociedad civil, como exige el artículo 47 de la Constitución”.
Los grupos ambientales sostienen que el decreto “reconoce que se están dictando normas de política nacional sobre las aguas”, lo que la enmienda de la Constitución introducida por el plebiscito nacional de 2004 “establece expresamente que en tales decisiones deben participar los usuarios y la sociedad civil”.
Fragmento del artículo 47 al que alude el recurso
"La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores.
El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos
fundamentales.
1) La política nacional de Aguas y Saneamiento estará basada en:
a) el ordenamiento del territorio, conservación y protección del Medio Ambiente y la restauración de la naturaleza.
b) la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras,de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos;estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas".
El recurso legal solicita la convocatoria del Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio para tratar el contenido del decreto, según un comunicado difundido por Movus. Además, las organizaciones proponen “incorporar a un especialista en recursos hídricos para evaluar los impactos cualitativos y cuantitativos de los proyectos forestales”.
El decreto al que se hace referencia fue presentado el 13 de diciembre por el ministro de Ambiente, Adrián Peña, y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos. La normativa establece, principalmente, la creación de un Registro Ambiental de Plantaciones para los proyectos menores a 100 hectáreas y la incorporación de nuevos criterios para la evaluación de impacto ambiental.
En este sentido, las organizaciones denuncian que la normativa introduce “nuevas reglas en el sector forestal” y “habilita una mayor ampliación de las plantaciones a gran escala”, según el comunicado.
A su vez, Movus argumenta que en el nuevo decreto se introdujo la Clasificación por capacidad de Uso de las Tierras, lo que “sirve de pretexto para redefinir las áreas forestables del Uruguay, afirmando explícitamente que irán más allá de las áreas de prioridad forestal definidas hasta el presente que abarcan 4:200.000 hectáreas, es decir, un 25 por ciento del territorio uruguayo”.
La normativa, “bajo el manto de las exigencias ambientales, en lugar de reducir, aumenta la forestación”, agregó el comunicado.