OPINIÓN | EDUARDO GUDYNAS
Lo inadvertido y entreverado en la controversia forestal
En el intento de regular las plantaciones forestales hay varias otras diferencias políticas que pasan desapercibidas.En el intento de regular las plantaciones forestales hay varias otras diferencias políticas que pasan desapercibidas y el veto presidencial encierra riesgos mayores a los esperados.
Es bien conocida la polémica desatada por el proyecto de ley que regularía las plantaciones forestales encaminado por Cabildo Abierto, y que recibió el apoyo del Frente Amplio. También es conocido su rechazo por otros socios de la coalición que sostiene al gobierno, y que desembocó en el veto del presidente. En el medio, como un intento para suplantar a aquella ley, se ubica un decreto que sumaría nuevas exigencias y evaluaciones de la forestación.
Muchos políticos y casi toda la prensa han abordado la cuestión repetidamente, pero a pesar de todo hay varias aspectos que parecen haber pasado inadvertidos, el entrevero es posiblemente mayor de lo esperado, y hay riesgos que no se perciben. Es simplista abordar el asunto como una mera oposición entre Cabildo Abierto y sus otros socios, o como el resultado de una jugada del Frente Amplio para complicar al gobierno. Hay otros asuntos que deben ser atendidos.
Comencemos por dejar en evidencia que también hay diferencias en el seno del Partido Colorado, y a su vez dentro de Ciudadanos. El actual ministro del ambiente, Adrián Peña, desde el año pasado apunta a un decreto que sume regulaciones sobre las plantaciones forestales (que en su esencia podría decirse que integran componentes de zonificación espacial y evaluaciones ambientales).
Pero las autoridades del MGAP resistían esas medidas, y quienes lo hacen también provienen de Ciudadanos. Esa postura era clara en el director de la Dirección Forestal de ese ministerio y con el anterior ministro, Carlos María Uriarte, ambos de Ciudadanos. El actual ministro, Fernando Mattos, quien tampoco mostró entusiasmo con esos instrumentos, igualmente proviene de ese sector partidario.
Esas diferencias se solapan con otros cuestionamientos desde el Partido Nacionales. Es sabido que desde allí se oponen al proyecto de ley de Cabildo Abierto, pero también queda en claro que cuestionan la alternativa de un decreto desde el Ministerio del Ambiente y el MGAP. Por ejemplo, el senador Sebastián da Silva rechazó la ley y también criticó ácidamente al futuro decreto afirmando que eran “hiperregulatorios”, atacando así a la opción consensuada por sus socios colorados de Ciudadanos.
Estamos por lo tanto ante diferencias, tensiones y hasta críticas entre blancos y colorados, y en el seno del Partido Colorado, que no pueden pasar desapercibidas.
También debe considerarse el papel del empresariado en estas discusiones. Desde la Sociedad de Productores Forestales se dejó en claro que estaban en contra del proyecto de ley de Cabildo Abierto, pero todo indica que también están disconformes con el decreto ministerial alternativo. En esos vaivenes por momento parecería que se cae en una posición muy esquemática y primitiva donde desde la política se le diría a las empresas que es mejor aceptar ese decreto antes que la ley de cabildantes y frentistas.
Asociado a esto está la cuestión de los actores empresariales que pasan a jerarquías en el Estado, como sucede con el actual director forestal del MGAP que proviene de la directiva de esa asociación de empresas forestales. Recordemos, además, que los actores empresariales han actuado contra varios intentos de regular las plantaciones forestales, y uno de los más recientes apuntó contra las áreas protegidas.
En circunstancias como esas hay tensiones que deberían considerarse pero que aquí pasan desapercibidas. ¿Es posible construir una estrategia forestal nacional o sólo se escuchan los ecos de posturas empresariales? Esa problemática podría comenzar a resolverse con el traspaso de las competencias que en ambiente y en monte nativo de la dirección forestal del MGAP al Ministerio del Ambiente, como se suponía que debía haber ocurrido cuando se creó la nueva cartera ambiental. Una tarea que el gobierno no ha cumplido.
Observando ahora hacia adentro del Ministerio del Ambiente, también hay aspectos que pasaron desapercibidos. La dirección de calidad y evaluación ambiental, y que entre otras tareas debe sopesar los impactos de la forestación, está en manos de Cabildo Abierto. Esa dirección podría fortalecer sus evaluaciones sobre emprendimientos forestales según la normativa actual, mientras que a la vez tendría un rol importante en el futuro decreto que postula el gobierno como alternativa. Pero es un decreto que a Cabildo Abierto le parece insuficiente, con lo que aparece otra tensión.
Este recorrido muestra que las diferencias en cómo regular las plantaciones forestales cruza a toda la coalición de gobierno, e incluso existe dentro de varios de sus socios.
Pero para hacer todo esto más entreverado, aunque mucho se ha hablado sobre el veto presidencial, parecería que no se advierten todas sus implicancias. En el texto firmado por el presidente se hace una fuerte defensa de las actividades económicas, aunque es cuidadoso en intercalar precisiones que admiten que el Estado puede regularlas. Si el contenido del decreto se toma como si fuera una justificación de políticas públicas o una declaración política, es muy preocupante. Deja en claro que para el gobierno prevalecen objetivos económicos, y que los intentos de regularlos con propósitos sociales, económicos o ambientales, quedan en segundo plano. El contenido muestra un claro desbalance hacia metas económicas, pero como están revestidas por el léxico de la “libertad” económica y los “derechos” de producción, no siempre son fáciles de cuestionar porque al hacerlo es sencillo retrucar que se estaría atentando contra libertades o derechos. Teniendo esto presente, quienes lean con detenimiento encontrarán que la meta privilegiada del gobierno es asegurar “actividades económicas” y los contratos de inversión, con lo cual las regulaciones, límites o condiciones que atienden otros derechos y libertades, como sanitarias o ambientales, pueden quedar por detrás.
Esto conlleva muchos riesgos. Es que cualquier actor privado que busque anular una norma ambiental que supuestamente afecte algunos de sus derechos económicos, podrá usar los argumentos de ese veto. Es más, hasta la propia Sociedad de Productores Forestales podría tomar varias secciones de ese texto para afirmar que tenían razón en oponerse al proyecto de Cabildo Abierto, y dar unos pasos más para volver a cuestionar, por ejemplo, a las áreas protegidas que conservan nuestra biodiversidad nativa. De esa manera, ese veto presidencial tiene potenciales daños colaterales en debilitar todavía más a nuestras políticas ambientales