Preocupa sucesión de «contratos-ley» con multinacionales y falta de aval parlamentario
Recientemente en uno de los auditorios del Parlamento, se presentó un libro que critica las negociaciones del país por la segunda planta de UPM. Su autor considera que en los últimos años se consumó un «pacto colonial» y considera positiva la iniciativa de Cabildo Abierto de exigir venia del Senado para las grandes concesiones.
El pasado lunes 6 de diciembre, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) realizó la presentación del libro “El pacto colonial. UPM Uruguay”. La actividad se desarrolló en la Sala Acuña de Figueroa del edificio anexo del Palacio Legislativo y contó con la presencia de varios legisladores. Hicieron uso de la palabra el autor, Víctor Bacchetta, junto a Gustavo Melazzi, Alma Bolón y Teivo Teivainen.
En la publicación, que suma el trabajo de otros colaboradores, el autor plantea las irregularidades que envolvieron el contrato entre la empresa y el país, critica la actitud de autoridades nacionales ante el avance de la multinacional y analiza el futuro del proyecto a nivel social, ambiental y económico.
Hace dos años, Bacchetta, junto a Gustavo Melazzi y William Yohai, publicaron el libro “La entrega. El proyecto Uruguay-UPM”. En él se incluyeron artículos de varios especialistas sobre los contratos de inversión y la nueva planta de celulosa. Este cumplió la finalidad de brindar una descripción documentada y un análisis preciso de las decisiones de las autoridades de ese entonces.
Ahora, con la anterior edición prácticamente agotada y con un cambio de gobierno, la profusión de nuevos hechos e informaciones, así como las acciones emprendidas de la sociedad que cuestionan al proyecto, justificaron la necesidad de la nueva publicación.
Mal ambiente
Para la investigación se realizó un seguimiento detallado del proceso de autorización ambiental de la planta de celulosa, entendiendo que se dio de forma precaria. “Precaria porque se estaba desesperado para que UPM decidiera la inversión, entonces se dieron autorizaciones en plazos que no podían permitir una evaluación adecuada”, explicó.
Citó el ejemplo de la descarga de efluentes; dijo que esta planta de celulosa es el doble del tamaño de las existentes, sobre el Río Negro que tiene un caudal 10 veces menor que el Río Uruguay. Al mismo tiempo, el río posee altos niveles de contaminación registrados oficialmente por los organismos del Estado, y se le agrega la descarga de la planta.
El autor criticó la actitud del actual Poder Ejecutivo ante el contrato con UPM, recibido de la administración anterior. Comentó que, cuando (Lacalle Pou) aún se desempeñaba como senador, interpeló al gobierno anterior y manifestó que el contrato con UPM se trataba de “una entrega”, comprometiéndose a que, dentro de sus posibilidades, renegociaría el mismo.
“Por una circunstancia imprevista para todos nosotros, como fue la pandemia, encontramos que en una cláusula de ese contrato establecía que, ante la posibilidad de un evento de estas características, se pusiera sobre la mesa el contrato”, relató Bacchetta. “Le enviamos una carta al presidente pidiendo que haga uso de la cláusula, permitiendo revalorizar los aspectos más chocantes que tiene este contrato”, continuó.
Pero aseguró que el mandatario “no estuvo dispuesto a utilizarla, e incluso se firmó un memorándum de entendimiento que amplió concesiones y la seguridad de UPM para entrar en esta inversión, incluso agregando que, a su criterio, simplemente pueda retirarse del proyecto cuando lo crea conveniente».
El ferrocarril de la discordia
Otro aspecto que aborda el libro es el proceso del ferrocarril central. “Un ferrocarril que, hemos mostrado a través de la documentación, es una obra hecha para UPM”, definió el escritor. Sostuvo que la construcción que pagó Uruguay “estuvo plagada de defectos que han significado nuevas erogaciones de los ya US$ 2.200 millones que le cuesta al país ese proyecto: parte fundamental de UPM, y por el que Uruguay no recibirá ninguna ganancia”, lamentó.
Además, dijo, se eligió un trazado que coincide con el del ferrocarril actual, que atraviesa zonas densamente pobladas de ciudades del interior, como las capitales de Durazno, Florida, Canelones y Montevideo. Y aseguró que los vecinos afectados por las consecuencias previsibles de esta obra hicieron todo tipo de gestiones.
Agregó que los vecinos han sido desconocidos en todas las instancias posibles. Juntaron firmas, presentaron las iniciativas que decían que se prohíbe que un tren con esas características pase por zonas tan pobladas. Se presentaron las firmas que debían validarse por la Corte Electoral, pero ésta “en un acto insólito, emitió una declaración diciendo que los gobiernos departamentales no podían tratar ese tema, entonces no validó las firmas”.
El libro posee una sección donde se hace un registro histórico de declaraciones sociales uruguayas y finlandesas que han estado de acuerdo con Movus en las críticas. Se exponen los informes que surgen desde Finlandia, desde la Facultad de Arquitectura –que realizó un voluminoso informe analizando el contrato–, y de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que se pronunció sobre este asunto.
“No se trata de que somos un grupito de ‘locos sueltos’ que se están oponiendo a este proyecto; sino que también instituciones nacionales, jurídicas y técnicas se han presentado en contra. Por eso hicimos el registro histórico, porque hay que dejar documentado lo que se ha hecho, y esa es la finalidad de este trabajo”, aseguró Bacchetta.
La imposición de los «contratos-ley»
El integrante de Movus, Víctor Bacchetta, subrayó durante la presentación la importancia de que, como uruguayos, se discutiera un proceso de transformación institucional y normativa vinculada a la ley de Promoción y Protección de Inversiones “que conducen a contratos que se convierten en ley suprema y se pasa por encima de cualquier decisión nacional”.
Consultado por La Mañana, el activista sostuvo que «el país fue gradualmente cayendo en una situación donde cada vez está más limitado» para negociar con multinacionales. «Esto en mi opinión es consecuencia de la firma a esta altura de 31 tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones, incluso con grandes potencias, que están dirigidos a establecer condiciones especiales de salvaguarda de los capitales y las inversiones», indicó. «Difícilmente por no decir nunca Uruguay va a realizar inversiones significativas en esos países», añadió.
«A esto se ha sumado en nuestra legislación la propia ley de promoción y protección de inversiones. Y algo muy especial que se incorporó por la vía de un decreto en 2008 que es la confección de contratos de inversión», dijo Bacchetta. «Estos contratos, en los términos en que están planteados y se han aplicado, se convierten en contratos-ley. Ley suprema, porque luego, como está ocurriendo por ejemplo con el contrato con UPM, esas condiciones están por encima de decisiones y normativas nacionales cuando se contraponen», agregó.
Además, explicó que hay países como Brasil que no tienen firmado ningún tratado bilateral de inversiones y que al hacerlo suscribirlos «hay una intención de los gobernantes nacionales de traer inversiones bajo cualquier medio, lo que ha conducido a esta sucesión de tratados que atan las manos del país».
Bacchetta también dio su opinión sobre la idea del partido Cabildo Abierto de presentar un proyecto de ley para que las concesiones que superen un período de gobierno cuenten con venia del Senado. «La propuesta de Cabildo Abierto que se menciona nos parece positiva. Es más, tendría que llegar en su momento a una modificación constitucional para reafirmarla», señaló.
«Para nosotros hay una violación del artículo 85 de la Constitución que requiere el respaldo de la Asamblea General para aprobar tratados y contratos de cualquier naturaleza con potencias extranjeras. El tema es que se refiere a países sin duda, pero al no mencionar empresas trasnacionales del porte de las que conocemos hoy en día, se usó eso como pretexto para no hacer pasar estos contratos por el Parlamento», opinó Bacchetta. «Tendría que haber un aval parlamentario, máxime cuando se establecen condiciones que van más allá del periodo de gobierno de turno», concluyó.