CONTRAPARTIDA POR EXTENSIÓN DE CONTRATO EN CARRASCO
Gobierno dice que descentralización está en la base de la concesión de los aeropuertos en el Interior
“Es una gran noticia para el Uruguay y sobre todo para el Interior, para el desarrollo integral, para la descentralización”, destacó el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.La extensión de la concesión del aeropuerto de Carrasco por otros 20 años a Puerta del Sur S.A., que a partir del acuerdo pasa también a administrar otros seis aeropuertos del interior, generó cierta polémica en el oficialismo, al menos en el terreno de las declaraciones públicas.
El Frente Amplio, en tanto, ha decidido no participar de la disputa.
La armonía general del sistema político tiene varias razones, pero la principal es que la base legal que sustenta la extensión del contrato a la compañía -y por el cual la empresa deberá invertir cerca de US$ 300 millones en los aeropuertos de Rivera, Salto, Carmelo, Durazno, Melo y Paysandú- es una norma que fue propuesta e impulsada durante la última presidencia de la coalición de izquierda, que buscaba atender la desinversión de las terminales áreas del interior.
Por eso en el Frente Amplio, pese a los matices internos que suelen tener, no se alzaron críticas duras, e incluso hubo señales de apoyo.
“Hoy el gobierno anunció la concesión del aeropuerto de Salto. Buena noticia para el desarrollo y la descentralización de la región”, dijo por ejemplo el intendente frenteamplista Andrés Lima.
Incluso el senador Eduardo Bonomi, que también fue consultado específicamente sobre la decisión del gobierno de no llamar a licitación para gestionar las terminales, como se había anunciado meses atrás, sino simplemente otorgar la concesión a la firma que pertenece al grupo Corporación América, liderada por el empresario argentino Eduardo Eurnekian, contestó que quizá la falta de interesados “pudo haber” llevado a que no se haga un llamado.
En este sentido, fuentes de Presidencia señalaron a El País que la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) hizo un análisis de mercado tras el cual se determinó que, efectivamente, si se abría una licitación se iba a declarar desierta.
“A esa licitación se habría presentado Eurnekian. Si se quería descentralizar y darle vida al interior no teníamos mucho camino”, dijo por su parte a El País la senadora Lucía Topolansky.
La discusión.
Este asunto fue, como lo han sido tantos otros, motivo de discusión interna dentro de la coalición de gobierno, a raíz de la postura que había adoptado en su momento Cabildo Abierto, la oposición del senador blanco Juan Sartori y también la de algunos dirigentes colorados, como Ope Pasquet, que tampoco votaron la iniciativa aprobada en diciembre del año pasado.
Los que manejaron argumentos más confrontativos fueron los liderados por Guido Manini Ríos, empezando por él mismo, que llegó a señalar que “el proyecto encierra una suerte de privatización de aeropuertos internacionales” y que la empresa, que ya tiene la concesión de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce (en Punta del Este) queda ahora “en una posición de privilegio”. Además, había adelantado en la sesión del Senado en que se aprobó la norma que no tenía dudas de que iba a ser Puertas del Sur “la empresa favorecida con esa concesión”.
Pero aunque solo sea una formalidad, y desde el Poder Ejecutivo se haya afirmado ya varias veces que el contrato cuenta con el aval del Tribunal de Cuentas, el hecho de que se haya evitado la licitación generó otra disputa en el oficialismo, con renovadas críticas por parte de Cabildo.
Sin embargo, los cuestionamientos de los conducidos por Manini estuvieron por el momento solo a cargo del senador Guillermo Domenech. Manini Ríos, o incluso el diputado Sebastián Cal -uno de los principales opositores cuando el tema se discutió en la Cámara de Representantes- no se expresaron en las últimas horas.
Domenech insistió en una tesis que ha sostenido en el contexto de otras discusiones similares, como la que hubo en relación al acuerdo con la compañía Katoen Natie -para la también extensión de la concesión de la terminal portuaria especializada en contenedores (de TCP) por 50 años- o respecto a la también inversión millonaria de UPM. Y es que acuerdos de esta naturaleza, que involucran inversiones millonarias y contratos con el Estado por muchos años, deberían ser refrendados por el Parlamento.
“Un gobierno, cualquiera sea su signo y aunque nosotros lo apoyemos, no tiene la necesaria legitimidad política como para comprometer al país por períodos tan extensos”, dijo ayer el legislador, que subrayó que entiende que, en este caso también, el gobierno está “procediendo de manera equivocada”. Son contratos que la población “debería conocer” y “particularmente en profundidad todos los representantes políticos de la ciudadanía”, dijo. Y apuntó luego al propio funcionamiento de la coalición que, entiende, sigue sin ser el ideal: “Este es un gobierno de la coalición y debe actuar como el gobierno de la coalición. Lo que falla es la comunicación”.
Álvaro Delgado contestó estas aseveraciones horas después. También ante periodistas, el secretario de Presidencia sostuvo que este era un tema sobre el que se venía trabajando “hace tiempo” y resaltó que tuvo el “aporte de todos los partidos, incluso de Cabildo”, y subrayó que todos los socios del oficialismo estaban informados.
También se pronunció al respecto el ministro de Defensa, Javier García. Aseguró que el acuerdo era “producto de una ley” que terminó siendo muy similar a la redacción que había enviado al Parlamento el entonces presidente Tabaré Vázquez. “El artículo que posibilita esta extensión de la concesión y la construcción y refacción de seis aeropuertos en el interior es idéntico al que había estipulado” la última administración frenteamplista, afirmó.
La inversión total de Puerta del Sur en los seis aeropuertos que deberá gestionar totaliza más de US$ 300 millones. Según contaron a El País fuentes de la firma, US$ 67 millones se destinarán ya en los próximos tres años en la refacción de las terminales. “Llevaremos adelante obras de infraestructura aeroportuaria en los seis departamentos, que se realizarán en el plazo de tres años aproximadamente y que incluirá la modernización o construcción de nuevas terminales de pasajeros, obras de reacondicionamiento y ampliación de pistas y plataformas, incorporación de nuevos equipamientos de última generación y tecnología, entre otras”, señaló ayer en un comunicado la Corporación América Airports Uruguay, el grupo empresarial al que pertenece Puerta del Sur.
El resto del dinero, unos US$ 230 millones, es lo que costará mantener los aeropuertos durante los 30 años acordados en el contrato con el Poder Ejecutivo, dijeron fuentes de la firma.
El comunicado de la compañía también sostiene que la inversión reportará en el interior “mil puestos de trabajo entre las obras, operaciones y mantenimiento” y se destaca que “la conectividad es un motor de la economía y la modernización y gestión profesionalizada de estos seis aeropuertos en el interior del país derramará oportunidad y riqueza, no solo en el sector en sí sino en las comunidades y en el país en su totalidad”. El texto empresarial también sostiene que tras un trabajo realizado en conjunto con la Dinacia ya se identificaron “las necesidades específicas” de cada una de las terminales aéreas que recibirán la inversión.
Contrapunto de la coalición.
ÁLVARO DELGADO
“Es una gran noticia”
El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, calificó el acuerdo como una “gran noticia”, y defendió que el Poder Ejecutivo otorgara la concesión de los seis aeropuertos al operador de Carrasco sin llamar a licitación. “En la ley están previstos dos mecanismos: el (procedimiento) competitivo y la extensión de la concesión”, dijo el jerarca. Delgado afirmó también que, “luego de hacer las consultas del caso dentro de la Dinacia”, que determinaron que ante un eventual llamado abierto no habría competidores de Puerta del Sur, “se tomó esta decisión por un tema de rapidez”. Por otra parte, destacó que el contrato firmado cuenta con “todas las garantías”, y que la extensión de 20 años de la concesión de la terminal de Carrasco -el vencimiento del plazo pasó de 2033 a 2053- obliga “entre comillas a la empresa concesionaria a invertir en aeropuertos que no son rentables, pero que para Uruguay son muy importantes”.
GUILLERMO DOMENECH
“No se respetó la ley”
Para el senador cabildante Guillermo Domenech lo sucedido recuerda la necesidad de “regular la forma en que el Estado contrata”, ya que ha visto “sucesivos acuerdos en los que Uruguay se compromete por muchísimos años, y que en realidad responden a decisiones que no son formalmente del sistema político”. En diálogo con El País, el presidente de Cabildo Abierto insistió asimismo en su opinión de que, en este caso, no se respetó la ley que es la base del acuerdo. “Yo no digo que el contrato sea inconveniente, pero no se cumplió con la ley, porque la norma establece que se tiene que contratar por un sistema competitivo”, dijo el legislador. Consultado acerca de qué acciones planificaba tomar, el cabildante aseguró que primero planteará su preocupación en la Mesa Política del partido, que sesionará hoy de tarde.