La verdad sobre el proyecto de la regasificadora
“Miente, miente, miente, que algo quedará;cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá”Joseph Goebbels.El frustrado proyecto de la regasificadora es uno de los ejemplos más logrados de la construcción de un engaño con fines políticos, procurando no sólo desprestigiar al gobierno que impulsó la iniciativa, sino también buscando desprestigiar los resultados globales de una exitosa política pública.
En este documento se describen brevemente las cinco principales falacias en las que se sustenta este engaño y se aporta la información veraz que la desmiente. Todos los detalles y las pruebas que sustentan las afirmaciones de este corto documento pueden encontrarse en el Informe en Mayoría de la Comisión Investigadora (a partir de aquí: IMCI) que puede encontrarse en:
https://drive.google.com/file/d/1yDWSOU2FsYE0M6ANMbQri7YQAPm4EJXS/view?usp=sharing
Falacia 1: “El proyecto era innecesario y era inviable sin Argentina”
Realidad: Los estudios realizados mostraban que, en todos los escenarios analizados con la información disponible en la época (precio del petróleo, evolución prevista de la demanda, incorporación proyectada de energía eólica, etc.), el proyecto generaba ganancias aún sin ninguna participación argentina. Como se muestra en la figura de la página 8 del IMCI, el proyecto generaba beneficios netos positivos para Uruguay (es decir, la diferencia entre los diferentes beneficios y la suma de todos los costos atribuibles al proyecto) de entre 333 y 461 millones de dólares, dependiendo del escenario posible, sin ninguna participación argentina, cifra que podía subir hasta 1137 millones de dólares en caso de que Argentina tuviera una demanda “moderada” de la planta. Puede que estas condiciones hayan evolucionado en los años siguientes; pero con la información disponible en aquel entonces, era la decisión correcta.
El documento que describe todos estos estudios, cuya existencia ha sido sistemáticamente negada por el actual gobierno, estuvo colgado de la página web de la Dirección Nacional de Energía hasta hace un poco más de un año, pero hoy sólo se encuentra en la página web del Parlamento, como Anexo II del IMCI, y en el link citado más arriba.
Falacia 2: “El fracaso es fruto de una mala gestión de UTE y ANCAP a través de Gas Sayago”
Realidad: A través de sus empresas energéticas, el Estado uruguayo realizó una licitación internacional para contratar una empresa que debía construir la planta, operarla durante 15 años y transferir todas las instalaciones al Estado al cabo de ese plazo. La empresa ganadora fue una de las 3 o 4 principales empresas mundiales del rubro, la belga GDF-Suez. Lamentablemente para sus intereses, luego de unos pocos meses de trabajo una de las empresas que había subcontratado para realizar la obra civil, la empresa brasileña OAS, quebró y abandonó la obra. Dado que se iniciaba un proceso de litigio entre ambas empresas privadas que podía durar años y la multa prevista en el contrato con Gas Sayago era de medio millón de dólares por cada día de retraso, para GDF-Suez resultaba menos oneroso interrumpir el contrato, pagando la multa prevista a esos fines de 100 millones de dólares. Toda la inversión realizada hasta ese momento, incluyendo los pilotes hundidos en el mar, había corrido por cuenta de la empresa, dado que el contrato estipulaba que ésta sólo comenzaría a cobrar una vez que la planta estuviera en funcionamiento. Los pilotes no fueron pagados por los uruguayos y las uruguayas sino por los accionistas de la empresa belga.
Por lo tanto, la única que fracasó en este negocio fue la empresa privada, que no sólo se quedó sin cobrar las inversiones que ya había realizado sino que tuvo que pagar una multa de 100 millones de dólares a UTE y ANCAP.
Falacia 3: “El proyecto se hizo sin los estudios correspondientes y por eso salió mal”
Realidad: Pocas veces un proyecto en nuestro país se realizó siguiendo estándares profesionales tan altos. Para el diseño de la iniciativa se contrataron como asesoras a las principales empresas internacionales con experiencia en este tipo de megaproyectos, cada una en su rubro respectivo: Foster-Wheeler para analizar las tecnologías disponibles y sus respectivos requerimientos, King-Spalding para asesoramiento en aspectos legales, Galway sobre aspectos comerciales y de entrega del GNL, RINA sobre asuntos marítimos, además de otro conjunto de estudios vinculados a aspectos ambientales, portuarios, de navegación, análisis de riesgos, entre muchos otros. Con el asesoramiento directo de estas empresas se resolvieron aspectos cruciales del proyecto, como la selección del mejor sitio para la ubicación de la planta, la redacción del pliego de la licitación, la preselección de empresas autorizadas a presentarse al llamado y la adjudicación de la empresa ganadora. El proceso por el que se realizó el análisis de las ofertas, y que culminó con la selección de GDF-Suez, involucró a decenas de técnicos internacionales, además de 27 expertos uruguayos de 7 instituciones diferentes, incluyendo la UdelaR, quienes aconsejaron por unanimidad que la empresa ganadora debía ser GDF-Suez, con OAS como subcontratista.
El detalle de los aportes de cada uno de estos estudios y la forma en que se integraron, así como las actas de los informes técnicos aconsejando cada una de las decisiones que se tomaron durante todo el proceso, figuran en el IMCI.
Estos “detalles” no pudieron ser evaluado de manera completa por la reciente auditoría que contrató UTE, a pesar del alto monto abonado, dado que la empresa auditora desconocía los principios básicos de desarrollo de este tipo de proyectos, al punto que confundió una de las principales organizaciones mundiales vinculada al transporte marítimo con una academia de piano.
Falacia 4: “El proyecto generó pérdidas al Estado uruguayo por 213 millones de dólares”
Realidad: En una de las mentiras más burdas, el actual directorio de UTE intenta mezclar “gastos” con “pérdidas”, “olvidándose” que estas últimas son la diferencia entre los gastos y los ingresos y que parte de los gastos se transformaron en activos que trascienden al proyecto. Si subsanamos este pequeño olvido y recordamos que GDF-Suez, para abandonar el proyecto, tuvo que pagarle 100 millones de dólares a Gas Sayago, y si además tenemos en cuenta que 37 millones de los 213 computados como “egresos” fueron transferencias dentro del propio Estado (pago de impuestos y pago de arrendamiento a la ANP), se concluye que, de acuerdo a lo que indica la propia auditoría, el saldo negativo se reduce de 213 a 76 millones de dólares. Pero al mismo tiempo, una parte de la inversión realizada corresponde a activos tangibles que permanecen: las mejoras en las calles del barrio, las obras portuarias transferidas a la ANP y el material transferido al MTOP suman 26 millones, de acuerdo a la propia auditoría, lo que reduce el saldo negativo real a 49,2 millones de dólares. Finalmente, si tomamos en cuenta activos de valor potencial, como los estudios realizados que nos permiten hoy un mejor conocimiento de nuestro propio territorio, así como el valor residual del gasoducto ya construido, que fueron valorados en 62 millones de dólares, el saldo aparentemente negativo pasa a ser positivo!
Por lo tanto, aún en la peor hipótesis, despreciando estos dos últimos activos potenciales, de acuerdo al análisis de la propia consultora la pérdida real es de 49 millones de dólares. Sin duda este número es aún altísimo, pero es la cuarta parte de lo que han anunciado engañosamente las autoridades actuales y es apenas el 4% del valor total del proyecto, que superaba los mil millones.
Sin embargo, es necesario ver todos estos números en perspectiva. Gracias a la transformación energética que desarrolló nuestro país, el costo de generación eléctrica se redujo de cerca de mil millones de dólares anuales a sólo la mitad. En otras palabras, gracias a esta exitosa política pública, el país se ahorra, todas las semanas, unos 10 millones de dólares; es decir, cada cinco semanas nos ahorramos la pérdida real de la regasificadora, aún asumiendo el valor más alto posible.
En suma, el balance del frustrado proyecto de la regasificadora fue muy negativo para la empresa privada GDF-Suez, que seguramente perdió varios cientos de millones de dólares; sin embargo, gracias al muy buen contrato de concesión que había logrado firmar el Estado uruguayo, las pérdidas del actor privado no sólo no fueron absorbidas por el Estado, como era tradicional en nuestro país, sino que fue el actor privado quien tuvo que compensar al Estado uruguayo con 100 millones de dólares por haber incumplido el contrato,
Falacia 5: “La regasificadora es un fracaso del Frente Amplio”
Realidad: Aún si asumiéramos el relato falaz del actual gobierno y afirmáramos que el proyecto de la regasificadora fue un “fracaso del Estado uruguayo”, en todo caso sería un fracaso de todo el sistema político. El proyecto no sólo se aprobó en el Acuerdo Multipartidario de Energía firmado en el año 2010 por todos los partidos políticos representados en aquel momento en el Parlamento, sino que en su concepción e instrumentación participaron de manera directa los 3 principales partidos del país. El Partido Nacional y el Colorado no sólo participaban con un representante en cada uno en los directorios de UTE y de ANCAP, sino que gobierno y oposición tenían una representación igualitaria en el propio Directorio de Gas Sayago (2 del FA, 1 del PN y 1 del PC). Más aún, la casi totalidad de las decisiones, incluyendo las más relevantes, fueron tomadas por unanimidad, desde la contratación de los estudios y del personal, hasta la ubicación de la planta y el contrato que se firmó entre Gas Sayago y GDF-Suez (este último fue aprobado por el entonces Director Antía en el directorio de UTE). Más aún, todo el proceso fue auditado de manera permanente por el estudio Posadas, Posadas y Vecino (que difícilmente podría catalogarse como frenteamplista), quien concluyó que: “el procedimiento licitatorio elegido, en forma general, es inobjetable”, “los criterios de evaluación y requisitos debidamente informados fueron cumplidos en forma” y que “dicha selección, sin perjuicio de la libertad de que disponía Gas Sayago para realizarla, fue fundada en los criterios técnicos y de identificación fijados, cumpliéndose a cabalidad el marco legal, estatutario y el propio marco del llamado establecido en la Resolución de Directorio”.
En suma, sin agregar ningún elemento novedoso, el actual gobierno intenta una vez más cuestionar, con “el diario del lunes”, las decisiones tomadas por unanimidad por el sistema político uruguayo hace 10 años, buscando culpabilizar a los gobiernos del FA de una fracaso que no es tal. El actual gobierno elige seguir amplificando la brecha y pierde la oportunidad de seguir celebrando una política pública que supimos construir y conducir en conjunto, para el beneficio de toda la ciudadanía. Eran otras épocas de la política uruguaya.
Aclaración: Este artículo no es de mi autoría, pero comparto su contenido. David Rabinovich