RECURSO CONTRA EL GOBIERNO
FA pide dejar sin efecto la concesión del puerto y no descarta denuncia internacional
La oposición apela a la vía administrativa para tratar de anular el decreto. Se trata de un paso previo a una denuncia internacional.La bancada de diputados del Frente Amplio presentó un recurso de revocación pidiendo la nulidad del decreto del Poder Ejecutivo (de febrero de este año) que otorga la concesión de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo a Katoen Natie. Agotada la vía administrativa, la oposición no descarta recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El escrito, elevado a Presidencia de la República, parte de la base de que no se respetó el artículo 85 de la Constitución de la República, en su numeral 17. Se entiende que el tema debió ponerse a consideración del Parlamento en el entendido de que se dispone un “monopolio”, criterio que no es compartido por el gobierno de Luis Lacalle Pou.
“La resolución padece graves vicios, en su procedimiento y en su contenido”, señalan los diputados en el recurso presentado. Como ejemplo mencionan la inexistencia de un procedimiento administrativo previo y la incompetencia, en tanto se trata de un acto dictado por el Poder Ejecutivo en una materia reservada exclusivamente al Poder Legislativo, como lo es el monopolio.
Según los legisladores, se resuelve por acto administrativo un acuerdo que establece un monopolio privado en favor de Katoen Natie, cuando para ello se requiere ley formal aprobada por dos tercios de cada cámara.
Además, subrayan que el gobierno aplicó un “artilugio jurídico” para evadir la distribución de competencias entre los poderes del Estado, “invadiendo un ámbito propio, exclusivo y reservado al Poder Legislativo”. Por esto lo califican de “inadmisible”.
En conferencia de prensa, el diputado Gustavo Olmos (Fuerza Renovadora) dijo que la resolución de concesión del puerto a Katoen Natie “no fue publicada ni en el sitio web de Presidencia, ni en el diario oficial”. “Estamos defendiendo un derecho de todos los senadores y diputados, y no solo de los que estamos presentando este recurso, sino el de todos los partidos que integran el Parlamento”, afirmó.
Según Olmos, no cabe duda de que se “instala un monopolio por 60 años” que condiciona a 12 gobiernos de ahora en adelante. “No entiendo cómo el Poder Ejecutivo dice que no hay monopolio”, insistió en respuesta al gobierno.
En tanto, el coordinador de la bancada, Daniel Caggiani (MPP), denunció la existencia de “vicios” en el contrato, al tomar el Poder Ejecutivo competencias del Legislativo. En ese sentido, habló de una “irregularidad muy importante”.
En caso de que Presidencia conteste negativamente este planteo del FA, el tema se elevará al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Agotada esa vía no se descarta recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Acá lo que estamos diciendo es que el Poder Ejecutivo tomó competencias que no le pertenecían; eso es lo que estamos diciendo. Y que un monopolio requiere una ley votada por dos tercios de cada cámara y este acuerdo por tanto es ilegítimo”, afirmó la diputada comunista Ana Olivera en conferencia de prensa.
Consultado por El País, Olmos explicó que Presidencia tiene 150 días para definir si contesta el pedido que fue realizado por el FA para dejar sin efecto la concesión del puerto. En tanto, la bancada de la oposición dispone de 60 días más para recurrir la eventual resolución de Presidencia.
A su vez, el Tribunal de lo Contencioso tiene un año para expedirse si efectivamente se presenta el recurso anunciado para agotar la vía administrativa. “Lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una eventualidad que puede suceder en el plazo de un año y medio”, explicó Olmos sobre los pasos a seguir por el Frente Amplio en relación a este tema. Todavía “se está lejos”, aclaró, ya que ni siquiera se definió si efectivamente se optará por esta vía.
A nivel de la bancada de senadores del Frente Amplio, tras la interpelación al exministro de Transporte y actual titular de Interior Luis Alberto Heber, se presentó una denuncia penal contra él y el subsecretario Juan José Olaizola, el secretario de la Presidencia Rodrigo Ferrés y el presidente de la Administración Nacional de Puertos Juan Curbelo, por “irregularidades y hechos de apariencia delictiva”.
En un tuit, el presidente Lacalle Pou respaldó a los jerarcas denunciados y aseguró que actuaron bajo su supervisión y responsabilidad.