POLÉMICA
Katoen Natie afirma que declaraciones del FA sobre acuerdo con el Estado son “mal fundadas”
"Resulta por lo menos sorprendente que los legisladores no hayan leído con atención las conclusiones a las que arriba el TCA", dice la empresa belga tras la denuncia de la bancada opositora.La empresa belga Katoen Natie respondió este miércoles a las declaraciones que hicieron representantes del Frente Amplio sobre el acuerdo alcanzado con el Estado uruguayo respecto a su actividad en el puerto de Montevideo.
"Reputa mal fundadas y producto de una lectura superficial de hechos ampliamente documentados", las consideraciones de la oposición.
El comunicado de la empresa señala que la bancada del FA "trae a colación una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dictada el 24 de julio de 2008 en referencia a la impugnación que la empresa presentara contra el llamado a licitación pública internacional que, en 2003, hiciera el Poder Ejecutivo a fin de otorgar la explotación integral de una llamada "terminal polivalente" en el puerto de Montevideo".
Katoen Natie TCP
@ktntcp
Hoy en una conferencia de prensa realizada en el Palacio Legislativo se realizaron una serie de consideraciones, referidas a nuestra empresa, mal fundadas y producto de una lectura superficial de hechos ampliamente documentados.
Al respecto, la empresa belga destaca: "Debe subrayarse que dicha sentencia fue dictada CUANDO YA EL PODER EJECUTIVO HABÍA DISPUESTO DEJAR SIN EFECTO DICHA LICITACIÓN, pese a lo cual la empresa resolvió no desistir de la acción para el caso de que más adelante se viera forzada a recurrir a la vía arbitral internacional".
"Inquieta que los legisladores no tengan presente" que el tratado de protección de inversiones que "ampara" las del grupo Katoen Natie en Uruguay establece, "como casi todos los de su género, la necesidad de agotar la vía jurisdiccional doméstica como requisito previo a intentar la vía internacional (art. 11, ACUERDO EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCAS DE INVERSIONES, Unión Belgo-Luxemburguesa-Uruguay)", señala el texto.
Katoen Natie agrega que "resulta por lo menos sorprendente que los legisladores no hayan leído con atención las conclusiones a las que arriba el TCA, en cuanto éste entendió (contra la posición de la empresa) que el acto administrativo recurrido fue a su juicio rectamente dictado tanto por razones de competencia y de materia, quedando abierta (como expresamente lo indican los sentenciantes) la vía 'para reclamaciones patrimoniales de índole civil', que es, precisamente, aquella a la que se habría recurrido, de haber prosperado la licitación (Considerando VIII)".
"Es obvio, como lo indica el TCA, que las autoridades nacionales disponen, actuando dentro de sus cometidos, de todas las potestades de dictar normas en perjuicio de terceros o en contravención de sus obligaciones expresamente asumidas, como obvio es que los terceros perjudicados son igualmente libres de reclamar por el daño que se les causara al ser violentados los compromisos en base a los que hiciera sus inversiones y asumiera sus compromisos frente a terceros", añadió la empresa.
"El no comprender estos principios básicos llevó, pues, a los legisladores a formular comentarios desafortunados, como el de atribuir 'mala fe' a la empresa que no habría hecho caudal de este tema meramente procedimental, al tiempo que sugestivamente deja de hacerse comentario alguno sobre las graves irregularidades administrativas denunciadas por sus ejecutivos y asesores ante el Poder Ejecutivo en 2016, y la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Senadores en su sesión del 16 de junio de 2021", enfatizaron.
Destacaron que con el acuerdo con el Estado se van a "generar puestos de trabajo y promover la importación de habilidades y tecnologías imprescindibles para posicionar a Montevideo como un puerto modelo en la región".
Tras el acuerdo alcanzado con el gobierno, la empresa belga, propietaria del 80% de Terminal Cuenca del Plata (TCP, única especializada en contenedores), continuará con la operativa iniciada hace 20 años hasta 2081, a cambio de invertir U$S 455 millones y desactivar una demanda judicial de unos U$S 1.500 millones.