La respuesta de UTE a los cuestionamientos sobre la millonaria obra que le otorgó a una estatal china
El contrato prevé que el 80% de la mano de obra que se utilice en la construcción de la línea de alta tensión entre Tacuarembó y Salto debe ser nacional.UTE anunció el lunes 31 de mayo que la empresa estatal China Machinery Engineering Corporation (CMEC), será la encargada de construir el cierre del anillo de trasmisión del norte, una línea de 500 kV que unirá Tacuarembó con Salto.
El proyecto se desarrolla a través de un fideicomiso financiero constituido por UTE, con República Afisa (Rafisa), como entidad fiduciaria, y tendrá un costo de U$S 191 millones. La adjudicación se realizó a fines del año pasado y tuvo a la empresa CMEC como la ganadora de la licitación tras ofrecer el menor precio.
Como informó El Observador, en la Cámara de la Construcción (CCU), la adjudicación a la estatal china no cayó bien. Entre otros puntos, se cuestiona la exigencia de calificación investment grade a las constructoras en el llamado internacional. Otro de los aspectos que llamó la atención de las empresas uruguayas de la construcción fue el monto que declaró la estatal china por la Ley 14.411 de aportes sociales a la construcción. El cálculo que hacen en la gremial es que con ese monto pagan la mitad de la mano de obra necesaria para realizar la línea de alta transmisión. También se especula con la llegada de mano de obra extranjera o que luego la empresa presione para renegociar el contrato original como ocurrió con la coreana Hyundai cuando construyó la central a ciclo combinado de UTE durante la anterior administración de gobierno.
La posición de UTE
En diálogo con El Observador, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, explicó que la exigencia de que las empresas constructoras que se presentaran a la licitación tuvieran grado inversor fue un requisito que puso BID Invest (banco financiador), y que se definió conjuntamente con el Directorio de la pasada administración, cuando se comenzó a trabajar en el proyecto de la obra.
El proceso se inició con la confección de una lista corta en la que se invitó a nueve empresas. Finalmente fueron tres las que se presentaron al llamado y compitieron con ofertas: la china CMEC (US$ 191 millones), el consorcio español uruguayo Elecnor-Saceem (US$ 221 millones), y Cymi-Semi (brasileño-español) (US$ 300 millones). “Las empresas nacionales podían presentarse consorciadas o subcontratadas con otras de las que estuvieran en la lista y de hecho fue así”, dijo Emaldi.
Por otro lado, la presidenta de UTE explicó que el contrato firmado entre Rafisa y CMEC estipula que el 80% de la mano de obra que utilice la empresa china debe ser nacional. “Contratará personas aquí o empresas locales que le den servicios. Así pasó en el caso de Hyundai (Ciclo Combinado de Punta del Tigre) que terminó contratando a Saceem para poder finalizar la obra. No creo que tengan cerrada la chance las empresas nacionales”, consideró.
La obra empleará alrededor de 1.000 personas. En caso de no cumplirse la exigencia de mano de obra local, se prevén penalizaciones “altas” sobre el precio del contrato, indicó. “Está clarísimo que tienen que cumplirlo porque sino la ecuación económica va a ser muy difícil que les pueda dar”, aseguró la jerarca.
Consultada respecto al monto declarado por la empresa china por aportes sociales, que según la CCU es 50% menor que otras ofertas, Emaldi dijo que la empresa “tiene que cumplir todas las disposiciones legales”.
“Van a tener todo el seguimiento y toda la vista de cuáles son las leyes sociales asociadas a las personas que estarán trabajando. ¿Qué análisis hizo la empresa china no lo sé? Pero en todas las instancias, les hicimos ver ese punto (leyes sociales) y ellos dijeron que lo tenían todo bajo control y que iban a cumplir todo lo que está previsto y lo que el contrato establece”, indicó la presidenta de UTE.
Una luz amarilla
El presidente de la CCU, Diego O´Neill afirmó el lunes que la gremial tiene “reparos” con el proceso que siguió la licitación, por “la exclusión” de las empresas nacionales, y porque el precio con que ganó la empresa china “es un precio llamativamente menor” en el componente de mano de obra, respecto a otras ofertas. En tercer lugar, dijo que existe la posibilidad que trabajadores y empresas nacionales “se vean afectados”.
El empresario consideró que el llamado “nace mal” porque se colocó una exigencia de grado inversor que ninguna empresa nacional cumplía. Desde su punto de vista, es una obra tradicional que las empresas locales podían hacer por tener capacidad y experiencia.
O´Neill afirmó que si esta exigencia la puso el financiador -BID Invest-, el Estado uruguayo no tendría que haberla aceptado. “Más allá que haya un financiamiento, un préstamo de un organismo multilateral, sigue siendo una obra que al final del día se paga con los recursos públicos y nos parece que es una exigencia que está fuera de lugar y que el Estado uruguayo no debería aceptarla”, dijo al programa En Perspectiva.
Sobre el proceso licitatorio, el empresario indicó que la empresa adjudicataria presentó en la parte de suministros un precio “bastante similar” al resto de los oferentes, y en instalación y montaje “un precio mucho menor” que las otras ofertas. “Según los cálculos nuestros la mano de obra está subvaluada y culminó con la adjudicación. (…) Ahí hay una luz amarilla que nos hace manifestar esta preocupación”, dijo.
A la cámara le preocupa la posibilidad que los puestos de trabajo que genere esta obra sean ocupados por mano de obra extranjera y no por uruguayos. “Ojala que todo marche bien y la subcontratación sea con empresas nacionales que las hay con expertise en este tema, y con trabajadores locales. Eso es lo que todos deseamos”, añadió el ejecutivo.