LOGÍSTICA PORTUARIA
“El acuerdo con Katoen Natie limita muchísimo al gobierno para poder cumplir con la Constitución y con la ley”, según Montecon
El abogado de la empresa, Gonzalo Lorenzo, señaló que el nuevo acuerdo establece un “monopolio ilegal” en el puerto de Montevideo; también apuntó a que la firma Montecon “no pretende ni ha tenido ningún privilegio”.
La decisión del Estado uruguayo de extender por 50 años –desde 2031– la concesión de la terminal especializada de contenedores (Terminal Cuenca del Plata –TCP-), a la empresa belga Katoen Natie, volvió a encender la mecha en el puerto de Montevideo.
Así mientras que la empresa belga cuestiona algunas de las decisiones adoptadas por la Administración Nacional de Puertos (ANP) en los últimos años, por entender que se le perjudicó en favor de Montecon (el principal operador de contenedores de los muelles públicos), desde la firma de capitales chileno-canadienses se sostiene que todos sus permisos “son legales”, y que el nuevo acuerdo de TCP crea un monopolio en la principal terminal portuaria del país.
Uno de los puntos centrales que ha argumentado Katoen Natie ante el gobierno, es que durante varios años la ANP le dio permisos precarios para operar en los muelles públicos a través de un decreto ( 482/008) que no era título de uso ni estaba destinado a contenedores, y sin el aval del Poder Ejecutivo.
Consultado sobre ese punto en particular, el abogado de Montecon Gonzalo Lorenzo, dijo a El Observador que no opinaría del decreto. “De qué decreto me están hablando si hay una ley que dice que tienen que darse los servicios en competencia. La ANP tiene que asegurar la competencia en el puerto”, afirmó.
El experto insistió en que los permisos con los que trabaja Montecon “son absolutamente legales” según la ley de puertos. Y añadió que en estos años han operado otros operadores con contenedores en los muelles públicos “bajo los mismos permisos y similares” a los que tiene Montecon.
“Que Montecon tenga mucho volumen y requiera mucha infraestructura de los muelles públicos no implica que se haya constituido otra terminal especializada. En los muelles públicos no hay ninguna terminal especializada”, dijo.
Lorenzo subrayó que se ha invocado un decreto “mal interpretado” de 1994 sobre organización de muelles públicos cuando todo era operado por ANP, sin considerar la ley que autorizó la concesión de la terminal privada (17.243) y su decreto reglamentario, donde se establece que la terminal proveerá servicios en libre competencia con los demás muelles del puerto de Montevideo.
Por otro lado, señaló que los últimos dos decretos publicados por el Poder Ejecutivo que instrumentan el acuerdo entre el Estado y Katoen Natie son “inconstitucionales, ilegales e ilegítimos”. “¿Por qué hay que darle el monopolio a una terminal especializada? ¿Dónde está la norma que dice que la terminal especializada es la única que puede operar con contenedores en el puerto de Montevideo?”, se preguntó.
Para el abogado, el nuevo acuerdo “no solo establece un monopolio ilegal” en el puerto, sino que además establece “un monopolio sin límite de tarifas”, lo que es visualizado como “un problema” para exportadores, importadores, armadores navieros y el resto de los agentes económicos.
“Lo que no aparecía como un monopolio antes, ahora es reconocido, tanto por los consultores de Katoen Natie –la firma CPA Ferrere–, como por el propio abogado, el doctor Augusto Durán. No hay ninguna duda que se establece un monopolio. Se lo intenta justificar, pero el monopolio ya no se discute”, añadió Lorenzo.
Además, apuntó a que el nuevo acuerdo establece que no se otorgarán nuevas concesiones, ni permisos ni autorizaciones para la instalación y explotación de una terminal de contenedores especializada, durante la vigencia de la concesión a Katoen Natie, salvo que los movimientos de contenedores en la terminal gestionada por el contratista superen el 85% de la capacidad anual de la terminal por dos años consecutivos. Sobre este punto, se sostiene que si la terminal tiene la libertad de fijar los precios también manejará la capacidad, y será quien determine si el Estado puede hacer o no un llamado.
También remarcó que en los muelles públicos no se podrá tener equipamiento especializado para atender contenedores. Eso incluye no solo grúas pórtico, sino también las actuales grúas móviles. “Esto no solo no lo puede hacer Montecon u otro operador, sino que tampoco el Estado”, afirmó.
La empresa está evaluando las acciones legales que realizará tanto a nivel local como internacional. El abogado remarcó que se está “abierto al diálogo” y a la espera de los mecanismos que el Poder Ejecutivo entienda pertinentes, pero afirmó que “el problema” es que el acuerdo con Katoen Natie “limita muchísimo al gobierno para poder cumplir con la Constitución y con la ley”.
“Montecon lo único que pretende es poder competir. No pretende ningún privilegio ni ha tenido nunca ningún privilegio legal ni de ningún otro tipo”, señaló el abogado.
TCP defiende transparencia del acuerdo
Desde TCP aseguran que el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo es transparente y que se han dado a conocer todos los documentos que forman parte del mismo. "El Acuerdo se inscribe así en la tradición del Uruguay de ser un Estado de derecho y respetuoso del derecho internacional", expresó la empresa en un comunicado emitido este martes por Katoen Natie.