Combustibles y economía
Pese a la suba del petróleo, el gobierno decidió mantener el precio de los combustibles. Es una decisión oportuna, que evita subir costos y ayuda a bajar la inflación. A mediano plazo, aún hay tareas pendientes: transparentar subsidios, eliminar los que no son efectivos y hacer más eficiente Ancap y la distribución.
Nicolás Lussich /Ing. Agrónomo MBA / Periodista
El gobierno decidió mantener el precio de los combustibles, pese a que el precio del petróleo y los costos de Ancap marcan que debería haber un aumento: entre enero y marzo ANCAP perdió unos U$S 27 millones por el desajuste de precios, a lo que se sumarán U$S 30 más sólo por abril, según las autoridades de la empresa. La ministra Arbeleche dijo que el aumento debió haber sido de 12% para cubrir la suba del petróleo y del 18% si además se cubrieran los sobrecostos de ANCAP. Las razones de la decisión son, por tanto, eminentemente políticas y tienen que ver con la excepcional situación de la economía y la pandemia.
En efecto, un aumento en los combustibles complicaría más la actividad, en momentos de dificultades. En el gasoil habría afectado al agro y al transporte, e indirectamente a otros sectores como construcción e industria. En las naftas afectaría a muchos trabajadores y empresas que se mueven con autos y a quienes trabajan con ellos; algunos tienen ingresos altos, otros no tanto. Si preocupa la “distribución social” del precio de los combustibles hay que preguntarse porqué miles de personas con ingresos medios y altos acceden a supergás subsidiado, mientras otros miles de ingresos bajos subsidian a Bella Unión y sus productores de caña (algunos de gran escala) a través del etanol que va en la nafta. Hacer política social con los combustibles, al barrer, implica claras injusticias, pero no es el asunto.
Según la ministra Arbeleche, el aumento debió haber sido de 12% para cubrir el aumento del petróleo, lo que llevaría la nafta y el gasoil a 65 y 45 $/l. “Si se cubrieran los sobrecostos de ANCAP, la suba debería ser mayor, del 18%”, agregó.
La suspensión es una señal de consideración para los que están manteniendo la actividad, aunque implica un costo fiscal que lo deberá afrontar la propia sociedad más adelante. El beneficio de la decisión es -por tanto- de oportunidad: evitemos cargar costos hoy, para afrontarlos cuando haya más capacidad y la economía se normalice.
Otro objetivo es seguir bajando la inflación. Las tarifas de servicios estatales tienen fuerte incidencia en la dinámica de precios de la economía e inciden en las variaciones de precios en muchos productos y servicios. Responden por casi 9% del IPC, de lo cual Nafta y Gasoil son 2,2 puntos, e inciden en muchos otros precios intermedios.
Luego de los aumentos de tarifas de enero, varias tarifas acumularon dos aumentos en un año, por el retraso en el ajuste del año pasado (el gobierno saliente debió ajustar en enero 202, pero le “dejó” la tarea al actual, que hizo los aumentos en abril). Esto provocó que la inflación subiera transitoriamente, pero en abril la tasa anual bajará, al quedar fuera del año móvil el aumento anterior. Una suba de los combustibles habría afectado esa tendencia a la baja que el gobierno quiere consolidar. La inflación tiene causas monetarias, pero en la economía uruguaya conviven el peso y el dólar, por lo que el alcance de la política monetaria es más acotado. Asimismo, al tratarse de una economía muy indexada los ajustes de precio dependen mucho de su evolución pasada (inercia); por eso la política de tarifas incide mucho en la inflación.
Además, en junio vence el período puente especial de los Consejos de Salarios, y habrá que definir nuevas pautas. Cuanto menor sea la inflación, mejor para la negociación. Además, menor inflación es mejor para los trabajadores de ingresos fijos.
Consolidar la inflación a menores valores es importante. La estabilidad macroeconómica es una política social básica: no hay mejora salarial, ni apoyo a familias necesitadas, ni políticas sectoriales que funcionen bien en la inestabilidad macro. Por eso, los costos fiscales transitorios que aporten en este sentido tienen -seguramente- un retorno mayor a su costo específico. Creo que este es el caso.
Evolución histórica. Hablamos de combustibles en conjunto, pero hay que señalar que las naftas han subido bastante más que el gasoil en los últimos años. De hecho, el gasoil está en el mismo precio en pesos corrientes desde enero de 2018 (40,4 $/l). La nafta, en cambio ha seguido con mayor fidelidad el aumento del petróleo. Esta diferencia no comenzó con este gobierno, ya comenzaba a esbozarse durante la segunda administración de Vázquez (gráfica), y es una señal de respuesta del sistema político a los reclamos de la producción.
Mientras el precio del gasoil ha estado quieto el dólar subió, de manera que su valor en dólares bajó, ubicándose hoy algo por arriba de 0,9 US$/l. Pero sigue siendo un precio superior al de los países de la región y EEUU. Algo similar puede decirse para la nafta. La excepción es Europa, donde los impuestos en el combustible son mucho mayores (cuadros). Argentina y Brasil son productores de petróleo y corren con ventaja; las cargas impositivas también pueden provocar diferencias, pero no son sustanciales (en general, son mayores que en Uruguay, como se ve en el cuadro). También puede haber subsidios de diverso tipo incidiendo, en paramétricas que -en todos los casos- son complejas.
En cualquier caso, además de la incidencia de los costos generales de la economía hay ineficiencias propias de la producción y distribución de combustible local, que generan sobrecostos y encarecen los combustibles. El MIEM quiere bajarlos.
Paridad y el “Factor X”. En el caso de ANCAP, el ministerio de Industria estima dichos sobrecostos en unos 3 $/l de combustible, explicados principalmente por el subsidio al Portland, el subsidio al supergás (unos US$ 50 millones anuales), el sobreprecio de los biocombustibles y las propias ineficiencias de ANCAP. El MIEM se propone eliminar esos costos en 3 años y, para eso, un primer paso es “encapsular” ese sobrecosto. El ministro Paganini lo denominó factor X. El “resto” del precio debe igualar a la paridad de importación (PPI). Así, el próximo ajuste de los combustibles será: precio = PPI + X. La idea es que el X vaya, poco a poco, desapareciendo.
¿Es posible? El subsidio al supergás es una política social y sacarle a ANCAP esa “mochila” es una decisión netamente política. En Portland bajar el subsidio depende de decisiones estratégicas (¿Seguirá el negocio? ¿Con qué plantas se funcionará?). El caso de los biocombustibles es complejo: entre otros asuntos, se paga un costo excesivo para sostener la producción de etanol en Bella Unión, con justificación social que -a esta altura- tiene poco asidero. Finalmente, la propia eficiencia de ANCAP y la refinería tiene mucho para mejorar.
El Poder Ejecutivo ha recomendado eliminar la obligatoriedad de la mezcla con el biodiesel (hoy al 5%), y está preparando un proyecto de ley que elevará al Parlamento con esta medida. Mientras, está en una dura negociación con los productores de caña para bajar el precio del producto y abaratar la producción de etanol; no está fácil. El sobrecosto por biocombustibles se estima en 1,7 $/l.
En la distribución, desde ANCAP (a través de DUCSA) se han promovido acuerdos sectoriales para que los productores accedan a un precio mejor. El arroz paga hoy 36 $/l de gasoil, algo razonable porque no es lo mismo cargar gasoil en un barrio de Montevideo, camioneta por camioneta, que proveer los grandes volúmenes para hacer la cosecha. Hay casos similares en forestación y agricultura.
Con la decisión de suspender el aumento de los precios éstos quedaron por debajo de la PPI (gráficas), pero con ANCAP incurriendo en pérdidas muy elevadas. El objetivo es vender a PPI o por debajo, pero sin pérdidas. Para eso no alcanzará con suspender aumentos, sino que habrá que continuar mejorando la eficiencia, con sacrificios y esfuerzos de los actores vinculados al combustible, para el beneficio general.