El margen para gastar más y qué visión tiene una calificadora clave para el grado inversor
Los reclamos por mayores recursos para atender la crisis ganan espacio; agencias de riesgo siguen con lupa la situación fiscal.Con el recrudecimiento de la pandemia volvió a tomar fuerza el debate respecto a si el gobierno debe destinar más apoyo económico para atender las consecuencias de las crisis en las familias más necesitadas, y ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Desde la vereda de la oposición el reclamo apunta a que se vuelquen recursos extras equivalentes a 1% del PIB (unos US$ 600 millones), y se sostiene que sería algo manejable desde el punto de vista fiscal. Se considera que hay capacidad financiera para hacerlo y que acotar la ayuda ahora puede tener un costo mayor. También en la interna de la propia coalición de gobierno hay voces en esa dirección de sus principales socios, Cabildo Abierto y el Partido Colorado.
A principio de año el Ministerio de Economía y Finanzas, fijó en US$ 540 millones los recursos del Fondo Covid para dar respuesta a las necesidades durante 2021, por la vía de mantener medidas implementadas en 2020 e instrumentar nuevas conforme a la evolución de la situación. “No tenemos la fecha de caducidad de la pandemia en Uruguay”, ha señalado la ministra Azucena Arbeleche en varias oportunidades.
El margen que ve un actor clave
Todd Martínez, analista de la calificadora Fitch Ratings para Uruguay, dijo esta semana a El Observador que Uruguay “tiene un margen limitado” para un mayor déficit fiscal que “no aumente presiones a la baja” en la calificación, dado su nivel de deuda alto y creciente antes de la pandemia. “Cuando hablamos de un margen fiscal limitado, nos referimos a espacio para medidas transitorias de gasto o alivio tributario, en vez de espacio para aflojar el proceso de consolidación subyacente, ya que lo segundo podría poner en jaque el plan para estabilizar la deuda/PIB del mediano plazo, afirmó Martínez.
Martínez dijo que la decisión de ratificar la calificación de la deuda en octubre en BBB- (mínimo escalón dentro del grado inversor) reflejó la visión de que el gobierno había logrado “un buen balance” en cuanto al uso de su espacio fiscal en 2020, e incluso el déficit fue “bastante mejor de lo esperado”.
Por otro lado, el experto subrayó que este año “luce más difícil”. “No podemos atarnos a un número específico del margen que hay para mayor gasto en 2021 sin aumentar las presiones en la calificación, ya que esta dependerá también de expectativas fiscales más allá de 2021, variables aparte del déficit fiscal, y aspectos cualitativos. Cabe decir que la proyección oficial del déficit del gobierno de 4,3% (actualizada en febrero con el aumento de US$ 540 millones para el Fondo Covid) está bastante por debajo de nuestra proyección de 5,1%”, apuntó.
En tanto, el economista de Vixion Aldo Lema, señaló esta semana que desde el plano fiscal “hay poco espacio”, y llamó a tener presente que el país está en una secuencia de evaluación por parte de las calificadoras de riesgo en los próximos meses. “Hay un riesgo evidente de que la situación fiscal se deteriore a tal punto de que terminen bajando la calificación” a Uruguay, alertó.
Durante una conferencia organizada por El País, el economista señaló que “hay un dilema” en el gobierno en términos económicos, y es el de apoyar a sectores vulnerables en el corto plazo como el comercio y ciertos rubros de servicios, pero en forma transitoria, focalizada y con el gasto “encapsulado”, de manera que cuando la pandemia pase, hacia 2022 o 2023 se refleje que la situación fiscal estructural no se deterioró más de lo que se fue deteriorando durante los últimos años.
“Estamos en una situación en donde hay mucha presión por abandonar esta consolidación fiscal incipiente y eso tiene un riesgo enorme desde el punto de vista del crecimiento de largo plazo. Lo estamos viendo en Brasil que jugó una carta muy expansiva de gasto y de deuda en 2020. Probablemente su crecimiento alto y sostenido no va a ser parte de estos años que vienen”, añadió.
Medidas en carpeta
El gobierno anunció esta semana que habrá un nuevo paquete de medidas económicas que tendrá como objetivo atender a los sectores “particularmente” afectados por la pandemia. Entre estos sectores están el turismo, los artistas, los gimnasios y trabajadores vinculados a la educación como las camionetas escolares. El presidente Luis Lacalle Pou señaló que estos grupos necesitan un “empujón” porque con las restricciones se les “sacó trabajo”.
Según supo El Observador, otra de las medidas irá en la línea de bonificaciones temporales en la tarifa eléctrica para mipymes. El economista Javier de Haedo, señaló este viernes a radio Carve que en caso de que se instrumenten subsidios en la tarifa eléctrica debería hacerse a través de un proyecto de ley, pidiendo autorización al Parlamento y “resarciendo a UTE” por los costos. “UTE es una empresa que genera, distribuye y vende electricidad minorista. No tiene que hacerse cargo de subsidios”, apuntó.
Hasta ahora el gobierno se ha mantenido en la línea de que hay que manejarse con prudencia y de que la situación de las finanzas públicas no deja margen para una decisión política que empuje la puesta en marcha de medidas como por ejemplo la renta transitoria, que permitiría reducir la movilidad.
“No nos interesa mantener el grado inversor para colgarlo en un cuadro y decir ‘qué divinos que somos en economía, salvamos el examen’. Nos interesa porque si lo perdemos tenemos que destinar recursos que hoy están siendo para apoyo social, para pymes, para desempleados, en pagar más intereses a nuestros acreedores”, había dicho en febrero a El Observador la directora de Política Económica del MEF, Marcela Bensión.
En relación a los niveles de actividad, hay optimismo depositado en el buen momento que tienen el agro y la construcción para que traccione el repunte del resto de los sectores.
Proyecciones de crecimiento
Al igual que en otros países, los niveles de contagio y el progreso en el proceso de inmunización de la población será determinante para la mejora del dinamismo en la economía.
La agencia Fitch Ratings corrigió levemente a la baja su proyección de crecimiento para este año a 2,7%. Eso refleja que la recuperación será más lenta de lo pautado por el gobierno (proyecta 3,5%), según la agencia, pero aún así, a mitad de tabla en comparación con países de la categoría BBB y de la región.
“Las perspectivas económicas pospandemia siguen luciendo inciertas, y cabe destacar que el crecimiento promedio de 0,8% de la economía uruguaya en 2015-2019, según las nuevas cuentas nacionales, fue la más baja de la categoría ‘BBB’. El gobierno sigue consciente de este desafío, y estaremos atentos al progreso que logra en enfrentarlo con reformas concretas este año”, apuntó Martínez.
Por su parte, Constanza Pérez Aquino, analista de S&P Global Ratings, resaltó que por encima del impacto positivo que tendrá la inversión de UPM 2 en materia de empleo y exportaciones, resulta clave saber cuáles son las fuentes de crecimiento en el mediano plazo. “Más allá de ese proyecto lo que nos gustaría entender un poco mejor es cuáles son las fuentes para mantener un crecimiento económico sostenido que es importante para la calificación”, planteó. La estimación de alza del PIB de la agencia para 2021 se ubica actualmente en 3%.
Y añadió que la capacidad del gobierno para corregir el déficit y estabilizar la deuda en el mediano plazo es “lo que importa” para mantener o bajar la nota. “No miramos si es un punto más o un punto menos en 2021, sino más bien la trayectoria de consolidación fiscal hacia adelante. En nuestra proyección actual contemplamos una consolidación gradual a medida que la economía se recupere y los apoyos temporales se vayan retirando. Sí pensamos que el gasto público es relativamente rígido con lo cual habrá que ver cuál es ese ritmo de consolidación”, afirmó a El Observador.
En tanto, el analista de Moody´s Renzo Merino señaló a El Observador que dado que los contagios han subido, recién durante la segunda mitad del año es cuando la recuperación se afianzará. “Por el momento mantenemos una expectativa de crecimiento de 3%”, dijo.
Condiciones favorables
Para Merino las condiciones de acceso al financiamiento se “mantienen favorables”. Actualmente el spread soberano de los bonos de Uruguay es el más bajo de la región después de Chile. Además, el costo de fondeo cross border (desde el exterior) está por debajo del reportado a principios del 2020.
En una línea similar el economista Lema consideró como “probable” que el gobierno emita deuda en las próximas semanas tomando en cuenta que los “mercados globales se tranquilizaron”.
Las necesidades de financiamiento del gobierno central se estiman en US$ 4.355 millones para 2021. Esas cifras incluyen US$ 1.534 millones en amortizaciones de bonos y préstamos con organismos multilaterales, y US$ 1.546 millones para pago de intereses, según las últimas cifras divulgadas por la Unidad de Gestión de Deuda del MEF.
A enero de 2021, los activos líquidos del gobierno eran de US$ 1.823 millones y las líneas de crédito con organismos multilaterales (Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento y FLAR) sumaban US$ 1.815 millones