AFE, UPM y el ferrocarril
Qué semanita ha sido esta para los escandaletes de distinto tipo y tenor!.Desde la tormenta en un vaso de agua de ciertos periodistas con el trasfondo de la multitudinaria e irresponsable marcha convocada bajo el pretexto del día de la mujer, hasta las guarangadas de un jerarca de ASSE hoy renunciado, pasando por los puntos sobre las íes, que marcó la representante del Ejecutivo, respecto de su función en el directorio de la malhadada UAM, Adriana Zumarán.
Y como si esto fuera poco, las pataletas del vicepresidente de AFE, molesto con el proceder del titular del Ente, una persona que sabe mucho de trenes pero tal vez no tanto de las formas políticas y el trabajo en equipo.
Más allá de los desencuentros entre los integrantes del directorio de la mentada AFE, y aparte de los desastres que han caracterizado a la ferroviaria estatal desde tiempos inmemoriales, hay en estos momentos una situación por demás preocupante. Otra herencia de la pasada Administración frentista que tampoco beneficia (una más) al actual gobierno sino que representa un serio problema. Incluye abultados egresos del Estado y peligro de más exigencias de dinero por multas de no cumplimiento con la empresa constructora, Consorcio Vía Central, conformada por Saceem y Berkes, la española Sacyr y la francesa NGE. Consorcio de empresas encargadas de fabricar las instalaciones para que los trenes cargados de la celulosa proveniente de la megaplanta instalada a orillas del río Negro, puedan circular y alcanzar su destino en la zona del puerto de Montevideo. De la famosa UPM II, la más importante por capacidad y tamaño, de la papelera finlandesa.
Si bien el Estado uruguayo convino con UPM que no sería responsabilidad de AFE el movimiento de los vagones sino un cometido externo financiado por la pastera contratando una empresa con experiencia en el ramo, lo primero es lo primero. Uruguay tiene que ocuparse de dejar en condiciones por donde pasará el ferrocarril. Pero sorpresa mayúscula fue descubrir que los terrenos a expropiar con este fin eran muchísimos más de los que se dijo. UPM le encargó a una consultora externa, (dueños finlandeses y ahora noruegos) hacer el estudio para que se pudiese tener una correcta evaluación de los costos. El documento, de fecha 2017, señala que UPM podría incurrir en gastos hasta U$ cinco millones. Pero los trabajos ya tienen varios meses de atrasó porque resultó que no eran 255 los padrones a expropiar, sino 1040, o sea, más de cuatro veces, con lo que ello significa de mayor erogación a la que se enfrenta actualmente el gobierno. Y no fue este el único error. Tampoco es correcto el número calculado de servicios a atender a lo largo del trazado. De las 187 intervenciones previstas, la cifra se eleva en realidad a 1500. Antel, UTE, OSE, Ancap, instalación de saneamiento, las obras hidráulicas, los 250 alcantarillados. Además, a medida que avanzaban los trabajos se encontró que en muchos lugares el suelo estaba compuesto por materia orgánica, vegetal y por lo tanto, mucho más blanda de lo previsto. Implicó ello trabajos de remoción para poder afirmar los terraplenes donde asentar las vías.
Lo inaceptable es que en nuestra nación republicana, prácticamente no exista la sanción, el llamado a responsabilidad de las jerarquías que a su paso provocan enorme agujeros al tesoro nacional y a todos los uruguayos que lo financiamos con nuestros impuestos.
La pregunta que cabe hacerse es cómo ha ocurrido semejante dislate. Las autoridades deben y uno supondría que lo están haciendo, ocuparse de averiguar cómo se está ante tamañas equivocaciones que le costarán al erario público semejantes desembolsos. Cómo se explica esa falta de precisión en el informe presentado por los finlandeses y por qué el gobierno de Vázquez no fue capaz de detectar esas fallas.
Era evidente el interés y el apuro del expresidente por finiquitar las transacciones con la pastera para que ubicaran en nuestro país una gran fábrica de producción de pasta de celulosa, antes de que llegaran las elecciones. Poder contar como logro de su gestión, el emplazamiento en nuestro país de una tercera planta de esta clase y la segunda del mismo grupo, en lugar, por ejemplo, de Brasil, competidor en la materia, donde ya han realizado inversiones de este tipo.
Y no es que estemos en contra de algo así, que muy bien le viene al Uruguay para dinamizar la economía. Algo que condice con la política forestal comenzada con la ley del primer período de Sanguinetti y que cobró real empuje bajo el gobierno de Lacalle Herrera. Lo inaceptable es que en nuestra nación republicana, prácticamente no exista la sanción, el llamado a responsabilidad de las jerarquías que a su paso provocan enorme agujeros al tesoro nacional y a todos los uruguayos que lo financiamos con nuestros impuestos. Baste recordar la Ancap, Pluna, la regasificadora, etc.