Reclamo ante ONU por afectación a derechos humanos del acuerdo con UPM
Organizaciones sociales de Finlandia reclaman a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que realice una auditoría independiente y así saber si el contrato firmado entre UPM y Uruguay afecta o no los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de los uruguayos, de acuerdo a una información dada a conocer por el semanario La Mañana.
Se trata de tres organizaciones del país europeo, que tras el revés judicial a las denuncias de movimientos sociales y ambientales uruguayos, ha llevado la controversia al plano internacional. La justicia uruguaya desestimó en noviembre --y ratificó su decisión en diciembre tras una apelación-- un recurso de amparo presentado por el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), para que se suspenda la construcción de UPM 2 por no haber presentado a tiempo todos los informes ambientales correspondientes.
Pero a mediados del mes anterior, por su lado, las organizaciones sociales finlandesas New Wind Association, Economic Justice Action Group of Friends of the Earth y Emmaus Aurinkotehdas presentaron una denuncia ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CESCR), un órgano de expertos independientes que supervisan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y que fue ratificado por los Estados miembros en 1976.
La denuncia presentada por estas organizaciones apunta a los impactos de la nueva inversión de UPM en Uruguay y la responsabilidad de Finlandia de asegurar y controlar el respeto por esa empresa de los derechos humanos económicos, sociales y culturales de los uruguayos. La misma será tratada en la reunión del CESCR que se celebrará del 15 de febrero al 5 de marzo.