Un pobre proyecto
La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que prohíbe la forestación en suelos que no sean de prioridad. Justo cuando el sector forestal transita un virtuoso proceso de integración con la ganadería y otros rubros, el proyecto lo frenaría, desconociendo políticas previas y sin fundamentos científicos.
Por Nicolás Lussich. Ing. Agr. MBA.
El sector forestal logró un fuerte proceso de industrialización e incorporó un rubro de alta y creciente productividad. Esto beneficia al propio sector –miles de personas- y a toda la economía, que se ha diversificado (rasgo valioso en tiempos tan cambiantes a nivel global). La forestación es hoy uno de los principales rubros de exportación (gráfica).
El Uruguay tuvo y tiene problemas de competitividad, que la industria celulósica supera con grandes escalas de producción en sus plantas industriales. Para facilitar las inversiones se les ha otorgado el régimen especial de zonas francas, que implica exoneración de impuesto a la renta (IRAE) y fuertes garantías legales. Para abastecer las plantas de celulosa hay que desarrollar una base forestal y la logística de abastecimiento. Lo ideal es tener la madera lo más cerca posible, pero la realidad es más compleja.
La primera planta –de UPM- se localizó en un muy buen lugar para un proyecto forestal celulósico: al borde de un río caudaloso y cerca de campos forestales relativamente abundantes. No tiene una provisión de madera en 360 grados (en círculo) como sucede en los grandes proyectos brasileños, competidores directos de Uruguay, pero ha sido un proyecto exitoso, que incorporó un complejo de producción de químicos, de la empresa Kemira.
Los otros dos proyectos industriales de celulosa, el de Montes del Plata –que funciona desde 2014- y el próximo de UPM en Paso de los Toros, están muy lejos de tener condiciones ideales. Cuando UPM -en aquel momento Botnia- inició su proyecto en Fray Bentos, cerca de allí también lo iniciaba la española Ence, que había desarrollado su propia base forestal (Eufores). Pero el conflicto con Argentina obligó a relocalizar la planta, a un sitio definido en acuerdo entre los gobernantes de ambos países: se trasladó a Punta Pereira (Conchillas, departamento de Colonia). El anuncio de la relocalización se hizo desde la casa de gobierno… de la República Argentina (Casa Rosada), en conferencia de prensa brindada por el Jefe de Gabinete del gobierno argentino del momento, Alberto Fernández (actual Presidente).
El proyecto de Ence se vendió luego a Montes del Plata (joint-venture de Stora Enso y Arauco), junto con la base forestal de Eufores. Los nuevos dueños concretaron la inversión industrial, una planta de última generación pero que quedó lejos o muy lejos de los campos forestales principales, de manera que los costos logísticos en su base de suministro son notoriamente mayores.
En el caso de la segunda planta de UPM, para la empresa hubiera sido mucho más sencillo ampliar la de Fray Bentos, pero el Estado pautó llevar la industria a una localización que descentralizara el desarrollo industrial; el gobierno anterior negoció arduamente beneficios y compromisos, con todos los costos políticos asociados y el proyecto se concretó en Paso de los Toros. Allí hay una base forestal interesante, en particular hacia el noreste, pero los costos de infraestructura a abordar son mucho mayores.
Pies sobre la tierra
Mientras se desarrollaban los proyectos celulósicos, se dio un cambio sustancial en el Uruguay: el precio de la tierra se multiplicó. Mientras en los años 90 era posible establecer proyectos forestales en base a grandes compras de campo y plantación, hoy hay que hacer acuerdos con los dueños de la tierra. Además, para las industrias acceder a la propiedad de la tierra no es prioridad, no está en el cerno de su negocio, aunque han hecho algunas compras de campos ya forestados de gran escala, pertenecientes a fondos de inversión que salieron del sector.
Así, Montes del Plata y UPM han desarrollado los programas de Alianzas y Fomento, respectivamente, para que productores de todo tipo incorporen montes en sus establecimientos. Agronómicamente, es lo ideal: diversificación, sombra y abrigo, y el acceso a un negocio pujante.
El proyecto que aprobó Diputados aborta estas iniciativas. Al plantear que se plante solo en campos de prioridad, impide a muchos productores sin esos campos acceder a la forestación y sus beneficios. Pero además, desconoce todo un trabajo científico que se venía desarrollando para dar mejores criterios de plantación, de manera de considerar la propia aptitud de los suelos.
Sucede que bastante antes de que comenzara esta nueva legislatura, el sector forestal venía enfrentando una situación de incertidumbre muy fuerte, por exigencias ambientales crecientes, trámites cada vez más engorrosos a nivel de DINAMA y disposiciones locales cambiantes y diferentes según el departamento. Todo un marco de discrecionalidad que viene trabando al sector sin fundamento. No en vano la evolución del área forestal ha sido muy acotada en los últimos años (gráficas). Además –como siempre- estas dificultades golpean más a los productores independientes, pequeños y medianos; las grandes empresas tienen más espalda para enfrentarlas. El gobierno y el Parlamento podrían trabajar mejor sobre esas discrecionalidades, pero se optó por un proyecto que corta grueso y mal.
Además, desconoce los importantes cambios legales para el sector forestal introducidos en los últimos años. Se categorizaron nuevos campos de prioridad y se excluyeron otros. Se eliminaron los subsidios y varias exoneraciones impositivas, en especial a las plantaciones para celulosa. Y –obviamente- los gobiernos defendieron las inversiones en la industria pulpera. Por todo esto, resulta una contradicción flagrante que el Frente Amplio haya aprobado el proyecto, desconociendo la ardua tarea que se desplegó en sus gobiernos, por parte de figuras como Berterreche, Aguerre y los propios presidentes Mujica y Vázquez.
Posibles consecuencias.
De aprobarse, el proyecto impedirá a cientos de productores la posibilidad de asociarse al rubro forestal, sin justificación. El plan forestal original definió suelos de prioridad para orientar los subsidios, no para acotar allí la forestación y prohibirla en el resto del territorio. Por razones económicas y ambientales, a la forestación hay que promoverla. Poner un límite de 10% (o cualquier otro), no tiene asidero.
Las decisiones productivas corresponden básicamente a los productores. Si es más rentable forestar un campo que cualquier otro rubro, lo razonable es hacerlo, si no hay una afectación ambiental confirmada. Y la verdad es que no hay evidencia científica de ello. Además, el proyecto afecta el derecho de propiedad y de libre iniciativa económica. Se abre un flanco de reclamos contra el Estado, por parte de productores, empresas e inversores.
Por todo esto, el proyecto separa en lugar de unir, frena en lugar de avanzar y empobrece en lugar de enriquecer.
Media sanción.
El proyecto aprobado por los Diputados de Cabildo y el FA limita las plantaciones forestales de rendimiento a los suelos de Prioridad Forestal, según la Ley Forestal 15.939 y decretos subsiguientes.
Establece que la superficie total forestal no podrá superar el 10% de la superficie productiva del país. Además, establece que la superficie de bosques de servicio no podrá superar el 8% de la extensión de los predios, cuando no sean de prioridad. En caso de superficies de más de 40 hectáreas, se requerirá registro en la Dirección Forestal (MGAP) y en DINAMA.
También establece que al desafectar padrones forestados se deben eliminar los tocones e implantar cobertura vegetal permanente, a costa del propietario. Si se incumple, no se podrá vender.