POLÉMICA OBRA
Gobierno pedirá más datos a Argentina por el colector que arrojará residuos al Río de la Plata
A priori se entiende que el megacolector del país vecino no tendrá un impacto en la costa de Colonia.En setiembre el gobierno resolvió conformar una comisión interinstitucional para hacerle seguimiento a la construcción del megacolector argentino que arrojará al Río de la Plata los residuos orgánicos de unos 6 millones de bonaerenses, junto con desechos industriales, a 37 kilómetros de la costa de Colonia. Se trata de una obra cuyo costo total, se estima, rondará los 1.200 millones de dólares.

El grupo de trabajo está integrado por los ministerios de Relaciones Exteriores y Ambiente, centralizándose el estudio del tema en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), que desde julio preside el exlegislador nacionalista Alem García. El jerarca entiende que la construcción no tendrá impacto en la costa uruguaya. Y asegura que existen estudios, públicos y privados, que ofrecen garantías a nuestro país. De todos modos, anticipó que se solicitará más información al gobierno de Alberto Fernández.

“Como organismo binacional, integrado por Argentina y Uruguay, la CARP tiene jurisdicción en todo lo relacionado con el Río de la Plata. Uruguay prestó su conformidad en 2009 para la construcción de la planta depuradora de Riachuelo, para el tratamiento de aguas servidas, efluentes cloacales y residuos industriales. Sin perjuicio de la competencia de diversas entidades del gobierno, se resolvió que todo lo relativo a esta planta se canalizará en el ámbito de CARP”, explicó García a El País.

La construcción faraónica que emprendió el vecino país hace más de una década -y que se encuentra en su etapa final- contó con el aval de los últimos gobiernos uruguayos. “En 2002, en una carta firmada por Alberto Zumarán, presidente de CARP de la época, se expresó a Argentina que no había objeciones que formular, considerándose la obra un progreso y que se hacía la reserva del derecho a tener información actualizada sobre aspectos que eventualmente pudieran dañar las aguas”, indicó García.

“Uruguay no tenía motivos para oponerse a la construcción de esta obra, por el contrario, tenía el deber de consentir, al no tener fundamentos relacionados con eventuales perjuicios; ello a la luz de normas específicas del tratado (del Río de la Plata) y de su filosofía, que tiene como objetivo principal el progreso y bienestar de los pueblos de los estados partes. En consecuencia, se prestó conformidad a la construcción. Fue así que en 2009 se expresa a Argentina el consentimiento, que estuvo fundamentado en tres informes: del Ministerio de Transporte, de la Armada Nacional y de Dinama”, agregó.

Confianza.
Según explicó García, la confianza del gobierno uruguayo se basa en varios pilares: la obra del colector incluye la construcción de una planta de tratamiento de última generación, las corrientes no permitirían que los desechos lleguen Colonia y -un dato no menor- los argentinos tienen tres puntos de extracción de agua en el Río de la Plata para el consumo humano.

“Tenemos un informe de impacto ambiental realizado por consultores contratados por la empresa que realiza la obra (Agua y Saneamientos Argentinos -Aysa-, la equivalente a la OSE uruguaya). Ese informe es amplio, completo, con información actualizada. Lo recibí a los pocos días de haberlo pedido y lo trasladé a las autoridades correspondientes. De todas formas, con la ayuda de la Dinama y del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería, vamos a solicitar información ampliatoria”, señaló García.

“Tenemos en trámite en la CARP un convenio con la Universidad de la República; en pocos días culminará su proceso. Nuestra idea es utilizar los valiosos recursos humanos y materiales que tiene el Estado uruguayo en las tareas que se cumplirán, en este y en otros temas. También es de nuestro interés un convenio con la Universidad de Buenos Aires. Y pensamos, además, en la celebración de acuerdos o convenios en el ámbito privado, con instituciones y organizaciones que se han ganado muy buen prestigio en la defensa del medio ambiente”, agregó.

Preocupación departamental y el recuerdo de los puentes cortados.
El 9 de setiembre la diputada y entonces candidata a la Intendencia de Colonia por el Partido Colorado, Nibia Reisch, se reunió en la Torre Ejecutiva con el ministro de Ambiente, Adrián Peña.

Esa misma semana, la legisladora del sector Ciudadanos había cursado sendos pedidos de informes a los ministerios de Relaciones Exteriores, Ambiente y Transporte y Obras Públicas, expresando su preocupación por el eventual impacto del colector argentino en la costa uruguaya. Y recordando que en el pasado el gobierno del vecino país mantuvo cortados los puentes binacionales como forma de expresar su preocupación por la eventual contaminación de la planta de celulosa de Botnia, hoy UPM.

En sus solicitudes de información a las secretarías de Estado, Reisch anota que el colector lleva 10 años de obras, se encuentra en su etapa final y verterá cada día unos 2.300.000 metros cúbicos al Río de la Plata. “Al mismo confluirían otros 40 kilómetros de líneas que juntan las aguas cloacales de Buenos Aires que confluyen en Dock Sud, desde donde -previo tratamiento- serán llevadas a través de este emisario submarino’’, agregan los pedidos de informes de la diputada Reisch.

El préstamo más grande del Banco Mundial
El proyecto está en manos de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) y lleva el nombre de Sistema Riachuelo. La construcción está en su etapa final y es financiada con un préstamo del Banco Mundial de 840 millones de dólares, a los que se agregaron otros 245 millones en octubre del año pasado. Se trata del préstamo más grande que otorgó la institución crediticia en todo el continente. El costo total de la iniciativa se eleva a 1.200 millones y la diferencia la pondrá Argentina.

El colector lleva 10 años de obras y verterá cada día unos 2.300.000 metros cúbicos de desagües cloacales hacia el Río de la Plata.

“Se debería tomar agua del Río de la Plata”
La presidenta de la empresa argentina Aysa, Malena Galmarini, se ofreció a venir a Uruguay a entregar personalmente toda la información sobre la obra del colector bonaerense; la visita se ha postergado por la pandemia. Esta empresa toma agua del Río de la Plata para consumo humano, lo cual debería hacer también Uruguay, a juicio del presidente de la CARP, Alem García.

“Tenemos un grave problema con el río Santa Lucía, y el Río de la Plata es una fuente inagotable y magnífica”, señaló. “Si hay tres tomas de agua para uso humano en la Provincia de Buenos Aires, no tengo ninguna duda de que Aysa hará un monitoreo muy preciso de los vertidos a través del emisor subfluvial de la planta de Riachuelo”, agregó.

García dijo que, en caso de ser necesario, la planta de tratamiento podría aumentar su eficacia.

“Es nuestra intención instrumentar varios procesos y vías de monitoreo de estos vertidos, de manera paralela e independiente, lo que creará un sistema de contralor recíproco, a fin de que tengamos la garantía absoluta del buen funcionamiento de la planta depuradora. Y, si las circunstancias lo requirieran, siempre estará la posibilidad de llevar de grado 1 a grado 2 el proceso de tratamiento de la planta, lo que sería de mayor costo”, agregó.

Canal Magdalena. Además de la construcción del colector subacuático argentino, la CARP viene siguiendo con atención otros temas como el proyecto del Canal Magdalena. El mismo permitiría eludir la navegación por el canal de acceso al puerto de Montevideo y por el de Punta Indio, que es administrado por el vecino país. El gobierno de Argentina ha proyectado el levantamiento de una ruta de navegación de una longitud aproximada de 53 kilómetros y un ancho de 200 metros, construida mediante dragado.

“En lo personal estimo que dicho canal debe verse como un desafío para nuestro país. Argentina tiene todo el derecho a ese canal. Uruguay prestó su consentimiento a dicha obra en 2018. Lógicamente, se hace necesaria una posición estratégica de país ante esa nueva circunstancia que, pienso, debe ser asumida como una política de Estado en la que participen todos los sectores de la coalición de gobierno y de la oposición. Soy optimista respecto a que tal política de Estado se haga realidad”, sostuvo Alem García.

Diario EL PAIS- Montevideo - URUGUAY - 08 Noviembre 2020