Toma, Roballo y Álvaro García citados por Fiscalía por el contrato con UPM
Los exjerarcas del gobierno de Vázquez deberán dar detalles de la negociación para la construcción de la segunda planta. También se pretende recabar el testimonio del expresidente.La Fiscalía citó a declarar al exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma; el exprosecretario, Juan Andrés Roballo; y el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García.
La citación es en el marco de una denuncia penal por uno de los puntos del contrato firmado entre el gobierno del expresidente Tabaré Vázquez con UPM, para la construcción de la segunda planta de celulosa.
Búsqueda recuerda que en julio, el diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, presentó una denuncia contra Vázquez, los exministros de su gabinete, el secretario y el prosecretario de Presidencia y el director de OPP.
Según Lust, el Poder Ejecutivo de ese entonces, modificó en 2018 el contrato ya firmado con la empresa finlandesa para que esta pague menos por el uso de la nueva vía férrea entre Paso de los Toros y Montevideo, bajando de 5 centavos de dólar por tonelada bruta por kilómetro, a medio centavo de dólar.
El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Enrique Rodríguez, hizo lugar a la denuncia de Lust, citando a declarar para fin de este mes a Toma, Roballo y García.
Los tres exjerarcas fueron designados por Vázquez como encargados de negociar con UPM por la instalación de la segunda planta.
El fiscal también pretende citar al expresidente Vázquez, pero analiza la forma de hacerlo por su estado de salud y la pandemia.
En abril de 2018, Toma, Roballo y García firmaron una enmienda al acuerdo inicial de un año antes, al corroborar que habían diferencias entre las versiones del documento en inglés y en español, sobre el pago de la multinacional por utilizar las vías del Ferrocarril Central.
En inglés, la versión señalaba que se pagaría medio centavo de dólar por tonelada bruta por kilómetro. En español, decía 5 centavos de dólar. Un error enmendado que, a entender del diputado Lust, generó una pérdida para el país de 400 millones de dólares.