Lust se quedó con dinero de una compraventa en la que actuó como escribano y enfrenta varios juicios por deudas
Si bien el legislador dice que lo suspendieron como notario a partir de un problema “familiar”, la Corte entendió que cometió irregularidades que comprometieron “severamente el ejercicio de la función pública que le fue confiada”.Eduardo Lust dice que en su escritorio tiene documentos que le dan la razón.
Que si presentara uno de ellos en la Justicia, le levantarían un embargo. Y otro le permitirá volver a ejercer como escribano. Dice también que acordó pagar su deuda de gastos comunes. Que también lo hará Scuola Italiana. Y que pronto acordará con la Intendencia de Montevideo para saldar otras deudas. Lust dice que todos son temas personales sobre los que no quiere hablar en público. Y que tiene todo en orden.
Los expedientes judiciales y los registros públicos, sin embargo, muestran un panorama más complejo.
Sobre el diputado por Cabildo Abierto pesan varios embargos que suman millones de pesos, algunos trabados sobre el inmueble en el que tiene su despacho. Uno de ellos es producto de la denuncia que presentaron dos exclientes, quienes reclamaron que se quedó con dinero y cometió diversas irregularidades en una compraventa en la que actuó como profesional, un episodio que derivó en su suspensión como escribano.
Una conducta cuestionable
Cuando Lust decidió ser candidato a diputado, el año pasado, su sanción dispuesta por la Suprema Corte de Justicia en 2014 generó dudas sobre su conducta.
“Es un tema personal, pero no tengo problema en decirlo porque es público. En el año 2013 —no voy a explicarlo demasiado porque no tiene sentido—, en el estudio que yo compartía con un cuñado mío hubo un problema notarial, digamos. Ese problema se solucionó rápidamente.(...) Entonces, basta con que yo presente una nota solicitando el reintegro a la profesión, para que me reintegre a la profesión, cosa que resolví no hacer por ahora”, respondió Lust el 29 de setiembre del 2019 en el programa Diario de campaña, de Nuevo Siglo.
El tema no se resolvió “rápidamente”, según surge de los expedientes. De hecho, ni siquiera está cerrado en los juzgados y sí lo tuvo como responsable directo.
En mayo del 2011, Lust participó como escribano en la compraventa de una propiedad por un valor de US$ 53.000. El profesional retuvo US$ 13.000 para, en un plazo de 15 días, pagar impuestos y levantar un embargo sobre el apartamento.
Después de dos años sin recibir una rendición de cuentas de lo gastado, los vendedores decidieron denunciar a Lust ante la Justicia penal, civil, la Asociación de Escribanos, la Dirección General Impositiva (DGI) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Lust “nunca nos entregó la escritura de compraventa, dijo que nos la iba a entregar una vez pagados los tributos. Lo único que nos entregó fue la declaratoria de compraventa”, dice una de las denuncias. Agrega que el 27 de setiembre del 2013, después de que el diputado fuera citado por la Asociación de Escribanos, “fue inscripta una compraventa provisoria por un escribano que no conocemos: el señor Pablo Guillermo Roure”.
“Nunca en nuestra vida lo hemos visto o tenido contacto de ningún tipo con el señor Roure. No sabemos por qué razón aparece él ahí, figurando como quien hizo la compraventa, siendo que quien la hizo fue el escribano Lust en la fecha 27 de mayo de 2011”, detalla la denuncia. Roure era socio de Lust.
El caso fue analizado por la Inspección General de Registros Notariales, que depende de la SCJ. El dictamen fue lapidario con Lust y su colega.
“Como conclusión de este informe, entendemos que el escribano Lust no se encuentra en condiciones de ejercer la función notarial”, dice el documento, incorporado en uno de los expedientes judiciales que analizó Búsqueda.
Uno de los argumentos centrales de la directora de la inspección, María Teresa Ribas, es que el desempeño de Lust en la compraventa denunciada “ha comprometido severamente el ejercicio de la función pública que le fue confiada y afectó la credibilidad que deben gozar el notario y fundamentalmente los documentos que de ellos emanan”. Y agrega más adelante: “Se comprometió a realizar gestiones que no efectuó y por lo tanto no puede acreditar, pero que además la información que se obtiene vía informática y por información registral, confirma que no lo hizo, aún pasados más de dos años y medio”.
La directora cuestiona también que Lust pagó poco más de US$ 7.000 a los denunciantes después de que comenzaran con su reclamo. “Depositó en su cuenta ‘el saldo resultante’ de no se sabe qué”, describe.
“Se ofreció a hacerlo pero continúa sin presentar rendición de cuentas alguna”, relata en su dictamen fechado en 2014. “Por último, expide una certificación que por los elementos que tenemos, falta al principio de veracidad”.
La inspección recomendó a la SCJ que sancionara a Lust con la “desinvestidura temporaria de su profesión” hasta que se pusiera al día con la presentación de sus registros notariales y se expida la Justicia penal “en todas las causas que se tramitan”. En ese momento, añade el dictamen, “con otros elementos se estará en condiciones de determinar el lapso” del castigo.
La Corte acompañó la sugerencia y suspendió a Lust en marzo del 2014. También sancionó con igual castigo a su socio Roure.
Ayer miércoles, el diputado dijo a Búsqueda que era cuestión de presentar un papel para que le levantaran la sanción, que el problema central no lo involucró a él. Cuando se le intentó leer las conclusiones de la inspección, que ponía su versión en entredicho, se negó a escucharlas.
El remate frustrado por deudas
En 2017, tres años después de la resolución de la Corte, Lust llegó a un acuerdo con los denunciantes, quienes lo habían demando por daños y perjuicios en 2013 y le reclamaban US$ 35.000.
El acuerdo fue ratificado por el Juzgado Penal de 4º turno en abril del 2017, pero al poco tiempo volvieron los problemas porque Lust no pagó los US$ 5.000 convenidos.
Así, el juicio se retomó y el 50% del inmueble en el que Lust todavía tiene su oficina —del cual es copropietario en partes iguales con su exsocio Roure— estuvo a punto de ser rematado.
El 19 de agosto del 2019, sin embargo, el rematador contratado para la ocasión informó en el juzgado que el inmueble tiene deudas con la intendencia por US$ 135.000, un monto muy superior al valor del bien. Por ese motivo, el remate fue suspendido.
Ayer miércoles Búsqueda consultó en la intendencia cuáles eran las deudas del padrón en el que Lust tiene su despacho. De Contribución Inmobiliaria debe casi $ 3,2 millones, de Tributos Domiciliarios $ 685.914, y de Adicional Mercantil $ 1.028.611. Todas esas deudas están en la Justicia.
Lust aseguró que en los próximos días va a ir a la intendencia para convenir el pago de las deudas. No sería la primera vez: en mayo de 2002 acordó un convenio para pagar en 25 cuotas la deuda de Contribución Inmobiliaria. Ni siquiera pagó la primera, según la información proporcionada por la intendencia.
Cuando Búsqueda le preguntó por el embargo y ese juicio civil generado a partir de su actuación como escribano, el diputado de Cabildo Abierto insistió con que el tema estaba cerrado.
—Yo tengo un escrito en mi escritorio —se lo digo por las dudas para que no meta la pata— en el cual Parodi (una de las denunciantes) dice que está todo arreglado, que no tiene nada que reclamar. Ese escrito yo nunca lo presenté porque a mí no me interesa presentar esas cosas.
—¿No lo presentó en el juzgado?
—No lo presenté en el juzgado, pero lo tengo engrampado en un sobre en el armario. Cuando yo quiera lo voy a presentar. ¡Cuando yo quiera! Entonces, yo dejo todo eso abierto y ustedes hagan lo que quieran. Si ustedes quieren publicar cualquier cosa, publican cualquier cosa, yo no voy a hacer nada porque no me encargo de desmentir nada. Pero yo si quiero, presento el escrito, que lo tengo y que yo quise no presentarlo.
—Si usted presenta eso, se le levanta el embargo de su oficina.
—Totalmente, totalmente. Pero vio que no tengo interés.
—¿No tiene interés de que le levanten el embargo?
—No me interesa. Es un tema que no me interesa, porque como tengo los escritos de que está todo cerrado, todo cancelado, todo desmentido, a la única persona a la que le interesa es a mí. Cuando a mí se me antoje presentarlo, lo voy a presentar.
Lust dijo que aceptaba que Búsqueda fuera a ver el documento que supuestamente le permite cerrar el caso y levantar el embargo. Pero no dejó sacarle fotos porque todavía no lo había presentado al juzgado.
Es una hoja presuntamente firmada por los dos denunciantes y su abogado, José Azuaga, que dice que se dan por satisfechos después del pago acordado por Lust. El diputado proporcionó un teléfono del abogado Azuaga para que Búsqueda lo llamara en ese momento. Pidió activar el altavoz para que todos pudieran escuchar la conversación.
“Esta gente ya arregló”, dijo Azuaga. “Se transó, la verdad es que no se llegó a determinar ninguna culpa ni nada porque la transacción es liquidar la cuestión. Entonces, a los ojos de la ley se terminó ahí”.
—¿Cuándo acordaron? —inquirió Búsqueda.
—Esto… fue ahí, por la pandemia, habrá sido por marzo —respondió Azuaga.
—Fue el año pasado que arreglamos, ¿te acordás? —interrumpió Lust.
—¿Sí?
—Sí, sí, sí.
—No, no. Yo creo que fue este año que arreglamos.
—Bueno, puede haber sido en enero, yo no me acuerdo.
—Se nos pausó por el tema de la pandemia y creo que arreglamos por ahí, en algún momento por abril.
Los vecinos
En el expediente del juicio civil hay una referencia a otro reclamo contra Lust.
La copropiedad del edificio en el que está la oficina del diputado, que todavía ejerce como abogado, inició un juicio para ejecutar la hipoteca que pesa sobre su inmueble para cobrar gastos comunes impagos. El año pasado acumuló $ 130.000 de deuda, según el expediente judicial.
Lust dijo a Búsqueda que tenía arreglado para pagar sus gastos comunes y que no iba a permitir que le remataran el inmueble por ese dinero.
El abogado de los copropietarios, Mauricio Montero, dijo ayer miércoles a Búsqueda que sus clientes no le habían planteado abandonar la vía judicial y que Lust suele pagar una parte y volver a acumular deudas.
De acuerdo al Registro de Actos Personales, la DGI embargó en 2017 a Lust por una deuda de $ 587.155, la Intendencia de Montevideo trabó otro en 2002 por $ 55.451 y la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones en 2001 por $ 49.060. El embargo más reciente fue dispuesto por la Justicia en mayo de 2018 por un reclamo de la Scuola Italiana de $ 1.001.192.