Coalición cerró filas en apoyo a ministros interpelados por UPM
El Frente Amplio también respaldó lo informado por los ministros aunque hizo hincapié en lo hecho por la administración del expresidente Tabaré Vázquez.
Tras 16 horas de debate, a las 7 de la mañana de este jueves culminó la interpelación a los ministros Luis Alberto Heber (Transporte y Obras Públicas), Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas), Omar Paganini (Industria, Energía y Minería) e Irene Moreira (Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente), a instancias del diputado por Cabildo Abierto, Eduardo Lust.
Se trata del primer llamado a sala a ministros en el nuevo gobierno por un legislador que pertenece a la coalición gobernante. Lust dijo a radio Monte Carlo que quedó conforme pero «disgustado» porque el novel Poder Ejecutivo «continuará igual que el anterior en el proyecto de UPM». «Lo que se consiguió es lo único que se podía conseguir», agregó.
La interpelación quedó sin consecuencias políticas. A su vez, se presentaron dos mociones, una por parte del Partido Nacional votada por la coalición y otra del Frente Amplio. La moción nacionalista fue respaldada por 56 votos de los 91 diputados presentes en la que se respaldó a los ministros y se reconoció las negociaciones de mejora al contrato que hizo este gobierno.
La moción del Frente Amplio también respaldó a los ministros pero hizo hincapié en lo hecho por la administración de Tabaré Vázquez que «confirman el rumbo correcto de lo actuado por el gobierno anterior», dice la declaración. Además, se decidió pasar la versión taquigráfica a la Fiscalía por considerar que Lust hizo afirmaciones en las que parece conocer presuntas irregularidades cometidas por funcionarios públicos.
Para el diputado, la Justicia debería expedirse porque «no podían firmar ese contrato» y recordó que «por error» el Estado perdió 700 millones de dólares. «El Poder Judicial de repente lo archiva o dice que para poder saber se los debe citar, de repente no lo hicieron cometiendo un delito, pero lo que sí sé que en el Código Penal hay un artículo que dice que si uno le causa un perjuicio a la administración a cambio de algo, comete un delito que se llama ‘fraude’, pero como los que firmaron este contrato dicen que no cobraron coima, no recibieron nada, pero hay otra figura que se ha querido derogar en el Código Penal que dice que el que causa un daño a la administración a cambio de nada también comete un delito, porque la nación perdió 700 millones porque cambiaron el flete», manifestó Lust en el Parlamento.
Durante tres horas, Lust expuso los motivos por los cuales decidió realizar la interpelación a los secretarios de Estado. Allí, entre otras cosas, apuntó contra el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien se hizo presente por unos minutos. Señaló que la decisión de levantar la cuarentena para el sector de la construcción se tomó un día después de la reunión que tuvo Lacalle Pou con ejecutivos de UPM. «Esto no es un ataque al presidente, es un hecho de la realidad», dijo Lust.
La primera en ser interpelada fue la ministra Arbeleche, quien destacó los cuestionamientos que Lust le hace al contrato que el gobierno pactó con la empresa extranjera. Dijo que hubiese sido «más fructífero» que esta interpelación se la haya hecho a las anteriores autoridades, del gobierno del Frente Amplio, quienes llevaron adelante este acuerdo. «Compartimos varios de los cuestionamientos del diputado pero no se refieren a nuestra actuación sino a la del gobierno anterior», manifestó. En esa misma línea, dijo que la administración frentista «no supo o no pudo llevar» adelante una negociación «balanceada».
Respecto a la inversión, para el novel equipo de gobierno es «positiva para el país». «Tiene un impacto significativo en términos de actividad y empleo, y lo es aún más en circunstancias de epidemia», debido a la pérdida de puestos de trabajo. Arbeleche dijo en su alocución que la construcción de la planta dará 10.000 puestos de trabajo de forma permanente, unas 4.000 actividades realizadas por UPM y contratistas, aclaró. «Se espera que la planta genere 1.000 millones de dólares, lo que significa 2,5% de aumento del Producto Bruto Interno (PBI), al igual que los bienes que se producen en el país», indicó.
Agregó que el nuevo acuerdo con la empresa al que llegó el Poder Ejecutivo fue «bueno». «La decisión del gobierno fue muy clara: mantener los compromisos asumidos y mejorar las condiciones en que la inversión se iba a llevar adelante. Estamos satisfechos con el resultado», insistió.
A su vez, la secretaria de Estado dijo que la aplicación de la cláusula extraña no imputable estuvo bajo consideración, pero «se evaluó que era mejor avanzar por el camino de un nuevo acuerdo con la empresa». «Pensando en la nación se eligió este camino porque era la manera de alcanzar mejores resultados; hemos sido transparentes. La opinión pública conoce lo que el nuevo gobierno alcanzó», apuntó.
Arbeleche indicó que con UPM serán fiscalizadores de todos los aspectos que generan esta inversión, específicamente en lo jurídico y en lo ambiental. El contrato es «perfectamente constitucional», aseguró la ministra. «Siempre hemos tenido una actitud coherente, con una visión favorable al proceso del desarrollo del país», añadió. «Las partes reconocen y acuerdan que la decisión final de inversión de UPM sobre si procede o no con el proyecto de planta de celulosa quedará sujeta a la sola discreción de UPM, aún cuando cada una de las condiciones necesarias hayan sido satisfechas y el contrato complementario haya sido suscrito. Esto no es relato, es directamente el contrato», expresó, por otro lado.
Por su parte, el ministro Paganini se refirió al acuerdo energético con UPM. Destacó la política energética que incorporó fuentes renovables, pero criticó que el acuerdo anterior se hizo «comprometiendo más compras que la demanda requería». Resaltó el gasto que tendrá el Estado en la compra de energía a UPM. «Tenemos una central en Punta del Tigre que costó 800 millones de dólares y la usamos el 8% del tiempo en promedio y esa central hoy generaría energía más barata que la que está en la compra de UPM», apuntó.
En tanto, la ministra Moreira destacó el énfasis puesto en la defensa del Medio Ambiente y en particular de los recursos hídricos. En relación al sistema acuífero guaraní, dijo que solicitó un dictamen al Centro Regional para la Gestión de aguas subterráneas de América Latina y el Caribe, organización de Naciones Unidas. Agregó que el extenso informe, firmado por el licenciado en geología Alberto Mangarelli, concluye que la nueva planta de UPM «no causará ninguna afectación».
Por otra parte, dijo que, en acuerdo con el presidente Luis Lacalle Pou, se aprobó un decreto que deroga la conocida «ley mordaza» que libera los resultados de investigación científica en el medio acuático. Por su lado, Heber fue muy crítico con la administración anterior por el acuerdo celebrado con UPM. Manejó que tampoco le gusta el proyecto del ferrocarril central. Señaló que los predios a expropiar no son 250 sino alrededor de 700 con un costo de unos 30 millones de dólares, y afirmó que este tema conlleva unos 47 puntos de conflicto. A su vez, el ministro confirmó que se hará la obra de un bypass en Sarandí Grande para que el tren no pase por el medio de la ciudad. «Yo del pasado he dicho y sostengo hoy aquí en sala que los contratos, muchas de sus cláusulas, son inaceptables y son indignas. Lo dije y lo repito», concluyó.
«Conforme pero disgustado»
El miembro interpelante, el diputado Eduardo Lust, dijo a radio Monte Carlo que quedó conforme pero «disgustado» porque el novel Poder Ejecutivo «continuará igual que el anterior en el proyecto de UPM».