Ministros interpelados por UPM consideraron que habría sido mejor se convocara a las anteriores autoridades
Dictamen de ONU descartó afectación al sistema acuífero guaraní por instalación de la planta, según la ministra Moreira.
Entre menciones a Cristo y una recomendación a los legisladores para que vean la película Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, el diputado por Cabildo Abierto, Eduardo Lust, interpeló a los ministros Luis Alberto Heber (Transporte y Obras Públicas), Irene Moreira (Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente), Omar Paganini (Industria, Energía y Minería) y Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas) por el contrato que hizo el Estado uruguayo con la empresa finlandesa UPM para instalar la segunda planta en el centro del país.
Durante tres horas, Lust expuso los motivos por los cuales decidió realizar la interpelación a los secretarios de Estado. Se trata de la primera interpelación que se realiza bajo el nuevo gobierno y con la particularidad de que el miembro interpelante es un integrante de la propia coalición (Cabildo Abierto). Lust señaló que la decisión de levantar la cuarentena para el sector de la construcción se tomó un día después de la reunión que tuvo Lacalle Pou con ejecutivos de UPM. «Esto no es un ataque al presidente, es un hecho de la realidad», aclaró.
La primera en ser interpelada fue la ministra Arbeleche, quien destacó los cuestionamientos que Lust le hace al contrato al cual el gobierno llegó con la empresa extranjera. Dijo que habría sido «más fructífero» que esta interpelación se la hubiera hecho a las anteriores autoridades, del gobierno del Frente Amplio, quienes llevaron adelante este acuerdo. «Compartimos varios de los cuestionamientos del diputado pero no se refieren a nuestra actuación sino a la del gobierno anterior», manifestó. En esa misma línea, dijo que la administración frentista «no supo o no pudo llevar» adelante una negociación «balanceada».
Respecto a la inversión, para el novel equipo de gobierno es «positiva para el país». «Tiene un impacto significativo en términos de actividad y empleo, y lo es aún más en circunstancias de epidemia», debido a la pérdida de puestos de trabajo. Arbeleche dijo en su alocución que la construcción de la planta dará 10.000 puestos de trabajo de forma permanente, unas 4.000 actividades realizadas por UPM y contratistas, aclaró. «Se espera que la planta genere 1.000 millones de dólares, lo que significa 2,5% de aumento del Producto Bruto Interno (PBI), al igual que los bienes que se producen en el país», indicó.
Agregó que el nuevo acuerdo con la empresa al que llegó el Poder Ejecutivo fue «bueno». «La decisión del gobierno fue muy clara: mantener los compromisos asumidos y mejorar las condiciones en que la inversión se iba a llevar adelante. Estamos satisfechos con el resultado», insistió.
A su vez, la secretaria de Estado dijo que la aplicación de la cláusula extraña no imputable estuvo bajo consideración, pero «se evaluó que era mejor avanzar por el camino de un nuevo acuerdo con la empresa». «Pensando en la nación se eligió este camino porque era la manera de alcanzar mejores resultados; hemos sido transparentes. La opinión pública conoce lo que el nuevo gobierno alcanzó», apuntó.
Arbeleche indicó que con UPM serán fiscalizadores de todos los aspectos que generan esta inversión, específicamente en lo jurídico y en lo ambiental. El contrato es «perfectamente constitucional», aseguró la ministra. «Siempre hemos tenido una actitud coherente, con una visión favorable al proceso del desarrollo del país», añadió.
Por su parte el ministro de Industria Omar Paganini se refirió al acuerdo energético con UPM. Destacó la politica energética que incorporó fuentes renovables, pero criticó que el acuerdo anterior se hizo «comprometiendo más compras que la demanda requería». La ministra de Vivienda Irene Moreira destacó el énfasis puesto en la defensa del Medio Ambiente y en particular de los recursos hídricos. En relación al sistema acuífero guaraní, dijo que solicitó un dictamen al Centro Regional para la Gestión de aguas subterráneas de América Latina y el Caribe, organización de Naciones Unidas.
Agregó que el extenso informe, firmado por el licenciado en geología Alberto Mangarelli, concluye que la nueva planta de UPM «no causará ninguna afectación». Por otra parte, dijo que, en acuerdo con el presidente Luis Lacalle Pou, se aprobó un decreto que deroga la conocida «ley mordaza» que libera los resultados de investigación científica en el medio acuático. Por último, sobre las 21 horas, realizó su primera intervención el ministro de Transporte Luis Alberto Heber quien fue muy crítico del acuerdo celebrado por el gobierno anterior y UPM.
Manejó que tampoco le gustaba algunas obras de infraestructura y el proyecto del ferrocarril central. Señaló que los predios a expropiar no son 250 sino alrededor de 700 con un costo de unos 30 millones de dólares, y afirmó que este tema conlleva unos 47 puntos de conflicto.
Al cierre de esta edición, el ministro de Transporte seguía en uso de la palabra. El debate aún no había comenzado y a esa altura ya había unos 18 legisladores anotados para hablar, lo que llevaría el final de la sesión, que comenzó a las 15 horas, sin duda hasta muy altas horas de la noche y madrugada.