El nuevo gobierno concede a UPM mayores beneficios y garantías
La supuesta renegociación del contrato con la multinacional ratificó las concesiones anteriores, sumó beneficios y reforzó garantías de la empresa ante posibles conflictos
Víctor L. Bacchetta
La semana pasada, 10 después de su firma el 15 de mayo último, fue publicado el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno presidido por Luis Lacalle Pou y la multinacional finlandesa UPM sobre la planta de celulosa, ya en construcción en el departamento de Durazno. Desde su anuncio, el acuerdo generó cuestionamientos que ahora, con el documento a la vista, se pueden terminar de aclarar.
En la conferencia de prensa inicial, Lacalle Pou presentó el acuerdo como un logro especial de su gobierno. “Cumplimos con nuestra palabra, hay satisfacción por un acuerdo positivo de ambas partes y creemos que es el mejor camino elegido por el gobierno en momentos de pandemia; esto da certidumbre, genera tranquilidad a los que quieren invertir en Uruguay y dan trabajo”, comentó el mandatario.
Al hacer el anuncio, Lacalle Pou buscaba satisfacer el compromiso electoral de que, si estuviera a su alcance, renegociaría el contrato con UPM en mejores condiciones que su antecesor Tabaré Vázquez. También justificaba de esa manera su negativa a la petición realizada por numerosos ciudadanos de que, en el marco de la inesperada pandemia, aplicara el artículo que permitía suspender el contrato con UPM.
“Además hacemos un ahorro, porque el país no está en condiciones de gastar”, agregó el presidente. La reducción de los costos comprometidos por el gobierno anterior con UPM era el principal argumento para demostrar los logros del acuerdo. Pero justamente aquí, no solo surgió la polémica con sus antecesores, sino que la empresa dio una versión que relativizó las afirmaciones de Lacalle Pou.
Según el presidente, Uruguay ahorraba 268 millones de dólares, contando 60 millones en obras viales (renovación de rutas y refuerzo de puentes para los semirremolques de 48 toneladas y camiones), 68 millones en la infraestructura eléctrica y 140 millones en la compra de energía eléctrica. A lo anterior se agregarían dos nuevas inversiones de UPM en un vivero y la planta química por 55 millones.
Minutos después del anuncio de Lacalle Pou, el ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, principal responsable de las negociaciones con UPM del gobierno anterior, dijo a la prensa que al menos tres anuncios del presidente ya habían sido previstos en los acuerdos con la empresa. García prefirió no opinar sobre la inversión en la red eléctrica hasta conocer el nuevo acuerdo.
En el comunicado paralelo, la empresa se ocupó de resaltar que ambas partes están “plenamente comprometidas y ejecutando el acuerdo de inversión existente firmado entre UPM y el gobierno de Uruguay en noviembre de 2017”. Y sostuvo que el marco total de su participación “permanece incambiado como se comunicó anteriormente en la decisión final de inversión”, en torno a los 3 mil millones de dólares.
¿Quién estaba diciendo la verdad de lo ocurrido? ¿Hubo o no ahorro de los costos asumidos por el gobierno uruguayo con UPM? Según cálculos con las cifras oficiales, todavía incompletos, esos costos ascienden a unos 4.624 millones de dólares. La confrontación de los documentos permite constatar que, además de no haber ahorro para Uruguay, la empresa avanzó en nuevos beneficios y garantías.
"Vayamos por partes", dijo Jack
Con respecto a las obras viales, el Memorándum firmado el 15 de mayo dice que "UPM tiene la intención de realizar una contribución de 60 millones de dólares (...) a ser utilizada por Uruguay para financiar parcialmente las obras”. Aunque el documento habla de intención, el comunicado emitido ese día por la Presidencia lo dio como un hecho nuevo y Lacalle Pou lo definió como un ahorro logrado por su gobierno.
El comunicado de la empresa, en cambio, dijo que “UPM acelerará el financiamiento anteriormente planificado de 60 millones de dólares”. Si estaba planificado anteriormente, quiere decir que no era algo nuevo. La objeción del ex director de la OPP fue más contundente y mostró un artículo publicado en el portal de la Presidencia, el 7 de noviembre de 2017, donde él mismo anunció ese aporte de la empresa.
En cuanto a la conexión de la planta de celulosa con la red eléctrica, para vender los excedentes de energía a UTE o a otros consumidores, el Memorándum dice que “UPM tiene la intención de realizar una contribución de 68 millones de dólares”. El comunicado de la Presidencia lo informa como una inversión adicional, pero si es una inversión adicional quiere decir que no estaba prevista y entonces no es un ahorro.
Efectivamente, por el contrato de 2017, UPM se hacía cargo de construir la conexión a 150 MW (megavatios) de la planta de celulosa a la red eléctrica nacional a un costo de 10 millones de dólares. Por el nuevo acuerdo, UTE debe cerrar el anillo de alta tensión entre Tacuarembó y Salto pasando por Chamberlain para permitir la conexión de UPM a 220 MW y esto tiene un costo adicional de 68 millones de dólares.
UTE tenía previsto ese anillo, pero ahora es un compromiso con plazos perentorios para construirle la conexión a UPM. De acuerdo con el ex Director de Energía, Ramón Méndez, esa obra se iba a hacer pero no ahora “ni menos en este momento, porque no era una urgencia”. Para Méndez, la urgencia de UPM puede provenir de que le convenga vender esa energía a Argentina o Brasil, en vez de a UTE.
Presidencia sostuvo que estas inversiones adicionales “implican una reducción de las obligaciones de compra de energía eléctrica a la empresa UPM” y estimó el ahorro en 140 millones de dólares en 20 años de vigencia del contrato. Pero ninguna frase del Memorándum respalda esta afirmación. Por el contrario, se aclara que “en todos los demás aspectos, los acuerdos de energía permanecerán incambiados”.
El contrato firmado en 2017 mencionaba los viveros entre las inversiones fuera de la Zona Franca de la planta de celulosa y el documento del proyecto presentado a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) en setiembre de 2018 incluyó la Planta Química donde se producen insumos fundamentales del proceso. No se trata por lo tanto de inversiones nuevas o adicionales como alegó el gobierno.
En resumidas cuentas, Uruguay no obtuvo ninguna reducción de sus compromisos económicos con la firma del nuevo acuerdo y el cambio en la conexión de UPM a la red eléctrica, que aumenta los costos para UPM e impone nuevas obligaciones a la UTE, es un beneficio adicional para la empresa. Pero aquí no termina la historia, el Memorándum incluye mayores compromisos y garantías para la empresa.
Atándose de pies y manos
Como si estuviera temiendo un futuro de conflictos asociados al proyecto, UPM reiteró en el acuerdo con el gobierno de Lacalle Pou las cláusulas sobre los procedimientos para designar peritos y árbitros en posibles controversias. Pero la más novedosa es aquella donde la empresa reafirma que no hará nuevas “contribuciones” a Uruguay y los representantes locales se comprometen a no buscar “cambios adicionales”.
“Las Partes reconocen y acuerdan que (i) la Contribución de UPM en Energía y la Contribución de UPM en Obras Viales serán la exclusiva y total contribución que UPM acuerda realizar en apoyo de ROU a efectos de mitigar los efectos negativos de la Pandemia, y que (ii) ROU no buscará realizar o invocar cambios adicionales a las obligaciones de cualquiera de las Partes bajo el Contrato de Inversión, el Contrato Complementario o cualquier otro acuerdo relacionado, ya sea en relación a la finalización de los acuerdos a los que se hace referencia en el presente MOU o de otro modo en el contexto de la Pandemia”, expresa la cláusula cuarta.
La cláusula quinta explica que este Memorándum de Entendimiento es “un acuerdo de buena fe” y, excepto la cláusula cuarta y las siguientes, no genera obligaciones para ninguna de las partes sino que solo expresa sus intenciones con respecto a las acciones propuestas. Esto quiere significar que las contribuciones anunciadas por UPM están sujetas a que Uruguay cumpla las condiciones establecidas.
De ahí en adelante, la cláusula sexta detalla la ley aplicable y la jurisdicción para la resolución de las posibles controversias entre Uruguay y UPM. Tras declarar que se regirán por las leyes uruguayas, el acuerdo establece que, si el diferendo “no puede resolverse mediante consultas amistosas”, las partes podrán remitir la decisión a un perito designado de común acuerdo o a un procedimiento de arbitraje.
Vuelve a ser mencionado entonces el tratado firmado entre Uruguay y Finlandia el 21 de marzo de 2002. Se enfatiza que cualquier demanda o acción ejercida por UPM en contra de Uruguay o de la UTE “no afectará o limitará los derechos, la legitimación ni las acciones o recursos de UPM bajo el Tratado Bilateral de Inversión”.
Se reitera asimismo que el caso de arbitraje se resolverá bajo las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial o, en su defecto, de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Legislación de Comercio Internacional (UNCITRAL), el mismo ámbito donde el gobierno mantiene actualmente la demanda de la minera Aratirí contra el estado uruguayo.
Según el Memorándum, la designación de los peritos para resolver disputas de orden técnico o comercial entre las partes será administrada por el Centro Internacional de Resolución Amigable de Disputas (ADR) de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Se establece que si las partes no pueden llegar a un acuerdo en el perito, el mismo será designado directamente por el Centro Internacional de ADR.