Ministerio de Vivienda propone redacción alternativa sobre áreas protegidas
Los artículos 500 y 501 no son respaldados por los socios de la coalición, que piden modificaciones como condición para votarlos
El ingreso de predios al Sistema Nacional de Áreas Protegidas podría cambiar a partir de la ley de urgente consideración. Los artículos 500 y 501 disponen que, para incorporar un predio privado al sistema, primero se deberá contar con el permiso del propietario. Si la persona no accede a tomar las medidas de protección exigidas, el Estado tendrá la posibilidad de expropiarlo.
La normativa vigente permite imponerle al dueño una serie de restricciones como, por ejemplo, la forestación con especies foráneas o la instalación de molinos de viento, dependiendo del tipo de área que se trate. La propuesta del Poder Ejecutivo apunta a equilibrar el interés individual y el bien común, según los legisladores del Partido Nacional.
La medida no convence a todos los integrantes de la coalición de gobierno, que buscan una redacción alternativa que contemple las posturas de los cinco partidos. Ninguno de los socios de la coalición está dispuesto a votar esos artículos sin modificaciones, dijeron a El Observador legisladores de Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Partido Independiente.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente –encabezado por la ministra Irene Moreira (Cabildo Abierto) y el subsecretario Tabaré Hackenbruch (Partido Colorado)– pondrá a consideración de los senadores una nueva versión.
Días atrás, el diputado nacionalista Gerardo Amarilla contó a El Observador que estaba trabajando en una versión alternativa de los artículos. A su juicio, el Estado podría valerse de un tercer mecanismo, a medio camino entre la expropiación y el consentimiento del propietario: la indemnización parcial a cambio de que el dueño respete las condiciones de conservación.
Cuando la delegación de la Facultad de Arquitectura compareció ante la comisión especial del Senado, este miércoles, puso sobre la mesa la capacidad económica del Estado para expropiar. El decano Marcelo Danza planteó que si los artículos se aprueban sin modificaciones, será difícil continuar con la incorporación de predios necesarios al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, debido a la coyuntura económica actual.
En el pasado, la decisión de declarar áreas protegidas enfrentó a productores y jerarcas del gobierno. Al término de su segundo mandato, el expresidente Tabaré Vázquez decretó la ampliación del área protegida de Quebrada de los Cuervos, en Treinta y Tres, prohibiéndose los parques eólicos, la forestación, la caza y la minería.
El actual subsecretario de Industria, Walter Verri, dijo entonces a Montevideo Portal que la decisión había ocasionado "malestar" en la gente de la zona, porque tendría incidencia "en muchas actividades mineras (...) vinculadas al cemento y la caliza".
Por otra parte, el 18 de mayo Naciones Unidas preguntó al gobierno uruguayo cómo los cambios legislativos propuestos ayudarían a cumplir los compromisos internacionales en materia de medioambiente y derechos humanos. El relator especial David R. Boyd recordó en una carta –a la que accedió El Observador– que el país se comprometió formalmente a conservar al menos 15% de su área continental y 2% de su superficie marina, mediante el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras medidas de conservación.