Quedarse en casa con las obras del Tren de UPM en la puerta
Yanina Borloz: “Esto le está dando un mensaje a las multinacionales inescrupulosas que acá en Uruguay pueden hacer lo que quieran. Violar todas las normas, enfermar a la gente, destruir los ecosistemas, las dinámicas barriales”. La integrante del colectivo Por el costado de la vía agregó que este proyecto “Es un tren que divide comunidades, barrios, que está acá porque la empresa lo precisa, y va de zona franca a zona franca para llevarse todo”.
Las obras para el Ferrocarril Central avanzan aceleradamente a pesar de graves irregularidades que incluyen la falta de aprobación de medidas de seguridad y de gestión ambiental que ponen en peligro la vida de los vecinos. Además de que se ha dado una tala indiscriminada de vegetación, las viviendas linderas ya están sufriendo afectaciones provocadas por las vibraciones e incluso los vecinos denuncian haber recibido amenazas por parte de funcionarios de la empresa.
El proyecto del Tren de UPM, que se calcula que afectará a 37 mil personas en su área de influencia directa, ya está en marcha. En este momento, máquinas de gran porte están funcionando a máxima velocidad, excavadoras, rodillos para compactar que hacen vibrar el suelo. Sumado a esto, camiones que cargan la tierra de una fosa con zonas de más de dos metros de profundidad, donde se tratará de nivelar el área ferroviaria, llegando a excavar en las veredas. Así lo relata Yanina Borloz, integrante del colectivo Por el costado de la vía.
Sayago devastado
La militante social, vecina del tramo entre las calles Ariel y Millán donde está llevándose a cabo la obra, explicó que previo a esto se hizo toda una extracción de vegetación lindera, cortada sin un trabajo de trasplante. Entre esta se taló una palmera centenaria, y en el barrio Capurro se taló un ombú, sin el permiso correspondiente por ser una especie nativa patrimonial.
Borloz vive en un padrón compartido por cuatro viviendas linderas a la vía, desde las cuales tienen que estar todo el día haciendo guardia para cuidar el predio porque no hay garantías de seguridad. Indicó que son los propios vecinos los que están haciendo el registro de la obra con fotos y videos, para comunicar a la gente e incluso a las autoridades, de su desarrollo. Esto ha tenido implicaciones bastante graves, como un encontronazo con uno de los funcionarios de la empresa del Consorcio constructor del Ferrocarril Central, quién insistió en que el registro era ilegal y llamó al 911 -que nunca llegó- por interferencia al trabajo.
Barloz explicó que se pedían explicaciones, ya que se estaba trabajando con maquinaria pesada sin delimitación de obra y sin ningún tipo de medida de seguridad a media cuadra de sus casas.
Yanina Barloz detalló esta problemática: “No hay seguridad, no hay delimitación de obra, por lo menos en este tramo. La delimitación de obra es un estudio previo a la obra, que se debe hacer de acuerdo al proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo no es el proyecto genérico, es el proyecto definido tramo a tramo, donde se tiene que dar cuenta de qué maquinarias se utiliza, cuáles son las condiciones del territorio, las condiciones del entorno, viviendas habitadas; y desde allí se tiene que definir un área de seguridad. Un área donde las vibraciones no afecten, donde no corra riesgo de que se caigan árboles, por ejemplo. Nosotros tenemos unos árboles linderos; a la vecina le dijeron que iban a cortarlos, y que si se resistía llamaban a la policía. Eso es lo que está pasando, ese es el proceder que está teniendo Consorcio Constructor”.
Más irregularidades
Sin el proyecto ejecutivo, surgen dos puntos fundamentales.
Cuando se presenta el Proyecto Ferroviario Montevideo – Paso de los Toros en la DINAMA, se le da una aprobación general; a pesar de que los vecinos presentaron denuncias por todas las contradicciones, incongruencias, faltas, y por no adecuarse a leyes y normas que dan garantías. Pero esa aprobación general está sujeta a ciertas condiciones que tienen que ver con el proyecto ejecutivo: Consorcio Constructor tiene que presentar ese proyecto definido, y un Plan de Gestión Ambiental de Construcción, que tiene que estudiarlo la DINAMA y dar aprobación, modificarlo o negarlo.
Al no existir proyecto ejecutivo -afirmación dada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas-, se está realizando una obra irregularmente.
Tampoco está presentado el Plan de Gestión Ambiental de Construcción, lo que se contradice con la aprobación general que dio la DINAMA expuesta en la resolución ministerial del 18 de marzo de 2019, donde indica que “no se podrá iniciar la ejecución de ningún componente de la obra sin la aprobación previa”. Claramente, sin plan no hay aprobación.
Por otra parte, cuando se desarrolla una obra departamental, la Intendencia de Montevideo tiene que dar permiso de obra. Este permiso se tiene que dar contando con el proyecto ejecutivo, así que tampoco existe. Esto se repite en todos los departamentos.
Viviendas afectadas
Otra de las condiciones que se plantean en la resolución ministerial de aprobación, es que “como parte del proyecto ejecutivo se deberá implementar un programa de protección de las instalaciones e infraestructuras que contemple, entre otras cosas, un relevamiento y registro del estado de aquellas edificaciones vecinas a la obra que pudieran ser más vulnerables a impactos vibratorios generados por la fase de construcción del proyecto”.
“No se cumplió con nada, no se hizo el estudio estructural. Nosotros tenemos constatación de fisuras y grietas en nuestras viviendas al día de hoy. El problema va al punto de que cuando pasa el vibrador vibran los vidrios, se mueve la mesa, suenan los frascos”, compartió Borloz, agregando que hacia avenida Sayago los muros están rajados e incluso inclinados. Ya está en la Justicia un reclamo de una casa a la que se le cayó el marco de una puerta, con una persona adentro.
Responsabilidad de gobiernos
También, previo al inicio de obras se debería de haber conformado una comisión integrada por el MTOP, la empresa y los intendentes, la cual tiene que controlar, dar garantías, escuchar las quejas, y no existe.
La militante social expresó: “La diferencia del gobierno anterior a este es primero la responsabilidad. Quien lo firma, de la manera en la que se firmó, sin garantías, sin estudiar antecedentes de las empresas -que está demostrado que tienen demandas a nivel internacional por incumplimiento-. Pero esta administración, si bien nos ha escuchado, de alguna forma es peor, porque la obra está en un momento en el que genera más lesiones. Hay deberes que no están cumpliendo, y hay derechos que están violando”.
Los reclamos
Cuando todo se empezó a desarrollar de esta manera, los vecinos se comunicaron con el MTOP, hasta que fueron derivados a un área social. Yanina Borloz subrayó que es la primera vez que reciben una respuesta desde que luchan contra el proyecto.
A partir de esto, se realizó una reunión con Andrés Capretti, asesor del ministro, quien trasmitió que cuestionan el proyecto, y “pidieron paciencia”: “Ellos reconocen que no hubo acceso a la información, no se desarrolló como debía.
Más allá de si uno cuestiona o no el proyecto, más allá de si es para UPM u otra multinacional. Nosotros estaríamos en la misma situación si este proyecto se desarrolla como se está desarrollando, sea para la multinacional que sea”, afirmó la militante de Por el costado de la vía.
Tras esa instancia, los vecinos hicieron un planteo de indemnización por todas las lesiones y el pedido de una expropiación total. Se solicita a su vez compensación y expropiación a poseedores linderos a la vía que hace más de 10 años tienen una vivienda y servicios en esa área: “Porque ahora no sirve que me vengan a revisar la construcción, la fisura ya está. Tenemos pruebas, trámites con escribanos para la constatación, y todo eso lo pagamos nosotros. El Estado no está dando las garantías, entonces está vulnerando los derechos de las personas, porque solo lo puede hacer aquel que tenga recursos”.
Borloz recordó que durante el gobierno de Tabaré Vázquez, a la senadora Graciela Bianchi se le expropió una chacra de 17 hectáreas que iba a ser cortada por el paso del tren, luego de que la legisladora amenazara con presentar un recurso de inconstitucionalidad: “Mientras a otra gente le están expropiando un metro y la dejan pegada a la vía. ¿Eso por qué no trascendió?”.
Más allá de toda la movilización a nivel colectivo, el reclamo que se ha hecho hasta ahora ha sido para una vivienda en esa zona de Montevideo. Se planteó que de no resolverse de esta manera, se irá a un recurso de amparo.
Montevideo, tu casa
De todas las problemáticas que tiene esto, ahora se está defendiendo particularmente el derecho a la vivienda digna. Yanina comentó que desde hace tiempo se viene intentando hacer un trámite de alineación en la IM para su padrón, pero está parado por la Intendencia. No se les permite poner en venta la propiedad sin poner en regla este trámite, que está imposibilitado por la falta de distancias de seguridad y del proyecto ejecutivo de la obra.
“Lo que nos está pasando es que el diálogo es constante, pero la cosa sigue. Hay una dimensión que es la de las palabras, y después está la dimensión de la realidad, donde las empresas siguen sin respetar nada. Nadie las controla.
Nos anunciaron que a partir de esto iban a tener una reunión el MTOP con Consorcio Constructor sobre el tema seguridad. ¿Qué hizo la empresa? Nos metió unas balizas y unos plásticos donde estamos nosotros para que no molestemos”, dijo Barloz, y agregó: “Nosotros estamos sufriendo contaminación ambiental, porque ni siquiera cumplen con lo que está establecido por ellos mismos. Regar tienen que regar para que no haya polvo, no lo cumplen. Delimitación del área de seguridad, no lo cumplen. Contaminación sonora; dicen que no hay ruido, que hay mitigación. Es venir, instalarse y ver cómo trabaja la empresa en el día, lo que le corresponde al MTOP y a la DINAMA”.
Cuando los vecinos les manifiestan a los operarios de la obra que es ilegal, no reciben respuesta: “Día a día estamos con comunicaciones constantes, somos nosotros los que pasamos la información al estado sobre lo que está pasando. Nosotros lo podemos hacer porque hemos hecho una investigación durante dos años, nos hemos movido de forma institucional en reuniones, presentando recursos y escritos en todas las instituciones de competencia. Pero hay gente que no puede hacerlo.
Es muy grave, no solo en cuanto a las lesiones individuales, es muy grave porque se está desmantelando una institución del Estado”, sostuvo Borloz.
El día después
¿Y qué va a pasar cuando los trenes y sus cargas comiencen a circular? La militante expresó que si en la fase de construcción no se respeta la serie de condiciones previas en el documento de aprobación general que da la DINAMA, no hay garantías que se haga en la fase operativa: “Se supone que tendrá que haber una fiscalización constante, un monitoreo, pero también en esta fase, y eso no se está realizando. Durante la fase de circulación tampoco se va a hacer”.
El propio MTOP describe en un documento que debe existir un área lateral, que es una calle de circulación por seguridad: “La calle no está, en esa calle hoy hay casas y está el Club Sayago. En esa fase operativa de esos trenes, puede que en algún momento se descarrile alguno, y esa área lateral de seguridad está contemplando ese tipo de emergentes. ¿Si hay un accidente qué pasa? ¿Si descarrila un tren dónde va a caer?”.
Borloz indicó que “esto le está dando un mensaje a las multinacionales inescrupulosas que acá en Uruguay pueden hacer lo que quieran. Violar todas las normas, enfermar a la gente, destruir los ecosistemas, las dinámicas barriales”, y llamó a que las autoridades asuman las responsabilidades: “Tanto los que lo firmaron en su momento como los que hoy están dejando que suceda”.