Opinion - @fernandeznelson
Lo que la “LUC” desune, la UPM2 puede unir
Una “tregua” no declarada pero de hecho, entre las coaliciones de gobierno y oposición, está por romperse, mientras los uruguayos reclaman unidad para salir de la crisis
Los uruguayos precisan que al presidente le vaya bien, al gobierno le vaya bien, porque en una crisis se asume que si le va bien al que preside, le va bien al país. El apoyo a su gestión y la valoración positiva de sus medidas, tienen un alto componente de deseo.
La sensación de ir todos en el mismo barco, en medio de una tormenta, hace mirar al capitán y creerle, o al menos querer creerle: tanto en el rumbo que fija como en la forma de conducir la nave. Y ese sentimiento va con la demanda de unidad (“remar para el mismo lado”), de sumar voluntades con el mismo fin, de no caer en enredos o diferencias.
¿Cómo se inserta en ese contexto el incipiente debate sobre el paquete de reformas impulsado por Lacalle Pou y resistido por el “bloque político y social de los cambios”, o sea el Frente Amplio, sindicatos de empleados, gremiales estudiantes y otras organizaciones de izquierda (*).
Los sondeos de opinión pública reflejan que 65% valora positivamente lo hecho por el gobierno, y ante algunas preguntas puntuales ese dato positivo para Lacalle Pou es aún más fuerte.
Dentro de ese amplio espectro, hay matices:
-los que votaron a Lacalle Pou en primera vuelta (28,6%)
-los que votaron a socios de la coalición y le apoyaron en segunda vuelta (un 20% más)
-muchos que no le votaron, ni confiaban que fuera bueno para presidente y ahora les gusta cómo maneja la situación y cómo comunica, él y sus ministros (no hay forma de cuantificar esa porción),y otros que no cambiaron mucho su opinión sobre el presidente, pero quieren que le vaya bien; precisan que le vaya bien.
Además, tomando la encuesta de esta semana de Opción (que tiene datos muy parecidos a los de Equipos y Factum de semana anterior, y sintoniza con la de Cifra), hay un 14% que “ni fu, ni fa”, sin apoyar o avalar, o sea que tampoco rechaza.
La franja más crítica con el gobierno está en un 20% aproximadamente y eso también se divide en dos partes, por lo que la más dura contra Lacalle Pou es de poco más de 10%.
Además de la baja crítica dura al gobierno, hay un reclamo de “no se peleen” en este momento, una valorización de “unidad”, lo que implica un desafío para la oposición. En medio de la crisis y luego de zigzagueos políticos, eso fue asumido por el Frente Amplio en la reunión con el presidente y comentarios posteriores de algunos de sus dirigentes.
Pero ahora cae la “Ley de Urgencia”, que contiene las reformas que para el Frente Amplio son como la Kriptonita para Superman.
No había “paz” entre la “multicolor” y el “bloque político-social” de izquierdas, pero había una “tregua” de hecho, ni escrita ni hablada, conveniente para ambas partes.
Más allá de declaraciones (tweets o posteos) fuera de tono, de un lado y otro se asumía que no había margen para enfrentamiento ni para choques. La sociedad quiere soluciones y no choques, quiere acciones concretas y no deliberaciones.
Ahora, el presidente ve que se le va el tiempo de legislar reformas, que se acercan los plazos constitucionales para el Presupuesto Nacional y que puede hipotecar su plan de gobierno, que justamente es lo que prometió en campaña y acordó con sus socios, para lo que conformó una mayoría parlamentaria que es para votar esas medidas.
El Frente advierte que el distanciamiento social por el covid-19 no permite un debate político normal en el Palacio, y que la urgencia es superar la crisis sanitaria y no debatir reformas.
Más allá del gesto de dar el texto para analizar con tiempo antes que comience el cronómetro a marcar las horas para votar, Lacalle Pou sabe que el envío del proyecto al Parlamento es una declaración de guerra, o mejor dicho, una interrupción de la tregua.
El choque es inevitable.
La coalición de gobierno asume que tiene que llevar a ley lo que prometió en campaña y lo que une a esos partidos para hacer los cambios votados por la ciudadanía.
La coalición opositora asume que es ahora o nunca; que debe “frenar” el giro político que entiende como “pérdida de conquistas”, como “avasallamiento de derechos”.
Si esa “tregua” no escrita se rompe como parece, ¿qué puede unir a las dos partes?
Hay dos motivos que, más allá del debate cruzado, pueden generar espacio de unidad.
Una, es el tratamiento de la crisis, el combate al drama sanitario-económico-social; y el plan para una transición gradual a la rutina cotidiana que había previo al shock del virus.
Otra, es el apoyo a los proyectos de inversión que venían de la administración anterior y ahora tienen continuidad, como las obras de infraestructura vial y educativa (por sistema PPP) y fundamentalmente lo de UPM-2.
El proyecto de la tercera planta de celulosa es una inversión de calidad, generadora de empleos plenos, no precarios, y en este caso no sólo con una mega-fábrica, sino con un moderno Ferrocarril Central, aparte de la nueva terminal portuaria en Montevideo y todo lo que se vincula con esa operación.
Para este año se estimaba que la economía crecería 2%, de lo cual 1,5% era por UPM2, o sea que sin eso, el producto per capita estaría estancado.
Ahora la economía está en fase de recesión y el año será duro para producción, empleo y consumo, por lo que esa obra, contemplando todas las exigencias de control ambiental correspondiente, pasa a tener una importancia creciente.
Esos apoyos, hechos con seriedad y buena comunicación, pueden mostrar la cara seria del Uruguay, la que se valora y elogia en el exterior.
Todavía resuena el duro mensaje televisado de la canciller alemana Angela Merkel del 18 de marzo: “Esta es una tarea histórica y solo podemos superarla unidos (…) Esta situación es seria y el desenlace está abierto. Aun cuando nunca hayamos vivido algo así, debemos demostrar que actuamos con el corazón y la razón, y así salvamos vidas. Depende, sin excepción, de cada uno y, en consecuencia, de todos nosotros”,
(*) Esa expresión de “bloque” fue acuñada por la izquierda en su proceso de crecimiento para llegar al gobierno, y en 2018 fue asumida por el Congreso del PIT-CNT como eje de una estrategia político-sindical; este verano derivó en la reactivación de una “intersocial” con varias organizaciones y “colectivos”, cuya primera medida común fue el “cacerolazo” del 25 de marzo).