Con “poco margen” para renegociar, el gobierno busca aporte de UPM para obras asociadas
Luis Alberto Heber dijo que hay cláusulas firmadas que son “inaceptables” y Manini Ríos pidió revisar el contrato
El gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou encontró que hay “poco margen” para renegociar con UPM y busca que la empresa finlandesa aporte más dinero en las inversiones adicionales a la segunda planta de celulosa ubicada en Pueblo Centenario en el departamento de Durazno, según dijeron a El Observador fuentes al tanto de los diálogos.
La anterior administración, liderada por Tabaré Vázquez, se comprometió a realizar ciertas inversiones, como construir o refaccionar carreteras y caminos aledaños en la zona. Ahora, el Poder Ejecutivo busca que UPM financie o anticipe el pago de esas obras.
El gobierno quiere que UPM aporte “algo más” en las inversiones adicionales asociadas al proyecto, según supo El Observador. Además, todavía hay permisos y autorizaciones ambientales que tienen que seguir saliendo para que el cronograma de la obra pueda mantenerse. La construcción retomará su actividad el lunes 13 de abril.
Las nuevas autoridades participaron el jueves 2 de la primera reunión de trabajo con la empresa, en la que analizaron los aspectos globales de la inversión y se pusieron al día acerca de los compromisos asumidos por ambas partes. La inversión de US$ 3.000 millones será la más grande en la historia del país.
En el encuentro estuvieron presentes el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el prosecretario Rodrigo Ferrés, el director de la OPP, Isaac Alfie, y los ministros Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas), Luis Alberto Heber (Transporte y Obras Públicas), Pablo Mieres (Trabajo y Seguridad Social), Omar Paganini (Industria, Energía y Minería) e Irene Moreira (Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente).
Aunque no participó de la reunión, Lacalle Pou dijo en conferencia de prensa ese mismo día que “la inversión sigue adelante” y destacó “el apoyo a la ley forestal, al tratado de protección de inversiones” y a las inversiones de plantas de celulosa en el país.
De todos modos, recordó cuando en 2017 llamó a sala como senador a cinco ministros porque consideraba “que el gobierno estaba negociando de mala manera”. “Todas esas cosas las sigo pensando al día de hoy. También sigo pensando que lo que el Estado se comprometió es una marca país”, afirmó.
La unanimidad entre los cinco ministros relacionados con el proyecto es que se debe “mejorar todo lo que se pueda”. “Uruguay va a respetar lo acordado y sobre lo que no está firme la idea es mejorarlo”, expresó uno de ellos.
La mayoría de los jerarcas prefieren mantenerse en silencio acerca de los aspectos que buscan renegociar, en parte porque los están definiendo y en parte porque consideran que los cambios deben acordarse en privado antes de hacerse públicos.
El único que sí ha expresado su disconformidad con lo acordado es Heber, quien este lunes volvió a señalar, en entrevista con radio Carve, que el objetivo será “ayudarse mutuamente” aunque hay “poco margen” para negociar, porque el contrato dejó “muy pocos lugares” libres.
El ministro contó que desde que accedió al gobierno descubrió una serie de cláusulas –que no quiso detallar– que son “inaceptables” y criticó que el contrato no esté atado al Ferrocarril Central, una obra imprescindible para la realización del proyecto. “No defendieron los intereses del Uruguay ni la plata de los uruguayos; entregaron todo”, sentenció.
Una fuente del gobierno utilizó un término futbolero para definir la situación. Dijo que renegociar es como definir en el área chica pero consideró que el Ejecutivo aún no logró entrar al área, por lo que hay que esperar.
Este lunes, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, pidió que se revise el contrato debido a que lo firmado contempla esa posibilidad en caso de una epidemia, en referencia al punto 7 del acuerdo, que detalla las causas extrañas no imputables. “Evento o circunstancia imprevisible o irresistible que impide que una parte cumpla una, algunas o todas sus obligaciones de conformidad con este contrato, en la medida en que dicho evento o circunstancia no pueda ser superada y no pueda haber sido evitada o resistida por la parte afectada ejerciendo diligencia razonable", detalla el texto.
Manini Ríos consideró en entrevista con Radio Monte Carlo que el contrato tiene aspectos sumamente negativos para el país, como lo acordado para la financiación del Ferrocarril Central o la compra de energía eléctrica.
Este es uno de los puntos que el Ministerio de Industria está evaluando renegociar. Fuentes de esa cartera dijeron a El Observador que están elaborando un documento con los puntos sobre los que hay posibilidad de implementar modificaciones.
En el último de sus anexos, el contrato de inversión da cuenta de la existencia del memorándum de entendimiento de energía eléctrica, por el cual Uruguay a través de UTE se compromete a comprar el 100% del excedente de energía eléctrica generada como consecuencia del proceso industrial, por un plazo de veinte años. “El precio de compra de la energía eléctrica debe situarse en los US$ 72,5 por megavatio-hora, durante un período de veinte años, contado desde el inicio de las operaciones de la planta de celulosa por un volumen anual de 1 teravatio-hora por año a ser generado por ambas plantas”, señala el texto.
El memorándum podrá ser examinado en forma conjunta, si alguna de las partes lo solicita y "cada parte tendrá el derecho de proponer modificaciones, las que deberán ser aceptadas expresamente por todas las demás para su validez", finaliza el quinto punto.