Embajador argentino alertó por “lobby británico” a favor de Malvinas en Uruguay

Alberto Iribarne dijo que la cancillería presentó una “protesta formal” por vuelos militares en el Aeropuerto de Carrasco
El gobierno de Argentina, encabezado por Alberto Fernández, visualiza dos focos de conflicto en su relación con Uruguay: la nueva planta de UPM en la ciudad de Paso de los Toros y el “importante lobby británico” que hay en Montevideo a favor de las Islas Malvinas, anunció el embajador designado en Uruguay de ese país, Alberto Iribarne.

Iribarne, un abogado de confianza de Fernández que fue ministro de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), hizo estos comentarios el martes de la semana pasada en una comisión del Senado argentino que aprobó su instalación en Uruguay.

“Existe un importante lobby británico en Uruguay, particularmente en Montevideo, que se ha manifestado en la visita de diputados uruguayos a las islas; en una exposición rural con un escritorio de las Islas Falkland, y en viajes de representantes de la sociedad rural uruguaya a la isla”, expresó y subrayó que los tres eran “ejemplos” de la existencia de un “lobby británico a favor de su presencia en las islas”.

Iribarne recalcó que los tres hechos habían provocado “protestas formales” de la cancillería argentina, que hasta el 10 de diciembre estuvo encabezada por el diplomático macrista Jorge Faurie.

Aunque había confirmado su asistencia, Fernández no estará en la asunción de Luis Lacalle Pou el próximo domingo debido a que ese día se realiza la Ceremonia de Apertura de Sesiones del Congreso, donde debe dar un discurso.

El gobierno argentino quiere que Uruguay no permita más que aviones militares del Reino Unido aterricen en el Aeropuerto de Carrasco durante su ruta hacia las Malvinas.

El embajador dijo que en 2019 hubo 13 vuelos –más de uno por mes– que aterrizaron en Carrasco y que “evidentemente” se estaba “violando un acuerdo tácito” de que la única posibilidad de reabastecer aviones británicos en Uruguay era cuando se tratara de “cuestiones de emergencia, peligro de vida o alguna enfermedad incurable”.

“Se está violando y es motivo de protesta por parte de las autoridades argentinas”, señaló.

El embajador tiene entre sus objetivos de gestión “reactivar” los grupos que existen de personalidades uruguayas que son “amigos de la presencia de la soberanía argentina de Malvinas”.

Iribarne, Daniel Filmus (secretario del área Malvinas e islas del Atlántico Sur) y el vicecanciller Pablo Tettamanti, participaron ese mismo martes de la reunión extendida que el canciller Felipe Solá mantuvo con el líder colorado Ernesto Talvi, quien será su par desde el 1° de marzo.

La decisión de la empresa finlandesa UPM de instalar su segunda planta de producción de celulosa en Paso de los Toros en el río Negro, a 270 kilómetros de su desembocadura en el río Uruguay, también es seguida de cerca y en alerta por Argentina, principalmente por la “contaminación que podría producir la pastera”.

Haciendo uso de una potestad planteada en el quinto punto de las notas reversales del acuerdo de La Haya, Argentina propuso en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) realizar un monitoreo conjunto en la desembocadura del río Negro.

El presidente de la CARU, el capitán de navío retirado uruguayo Gastón Silbermann dijo a El Observador que el monitoreo en ese punto está aprobado pero que aún no empezó porque los científicos están estudiando la zona.

“En los recursos hídricos aparecen algunas diferencias pero de baja intensidad. Uno de los temas más importantes que tiene que enfrentar la CARU es la instalación de UPM 2. Será la inversión directa extranjera más grande de su historia, producirá el doble que la pastera que está en Fray Bentos y significará más de un 1% del PIB uruguayo”, dijo Iribarne.

El embajador señaló que hay controversia con Uruguay porque cuando se anunció el proyecto “no se informó al mecanismo de consulta previa que existe en la CARU”.

“Hubo una información parcial, se está estudiando eso, el tema es qué contaminación podría producir esta nueva pastera. Se está en conversaciones preliminares, pero es uno de los temas (a atender)”, sentenció.

Más que un rumor
La cancillería argentina también monitorea la posible construcción por parte de capitales chinos de un puerto en Puntas de Sayago, que serviría como “base logística” para la “reparación, mantenimiento y suministro de recursos materiales” para las flotas que operan en la zona sur del Océano Atlántico, tal como informó El Observador en marzo de 2019.

Iribarne dijo que la información oficial que le había dado el gobierno uruguayo era que aún no existía un “proyecto concreto” por lo que todo eran “rumores” y “especulaciones”.

“Hay que estar atentos porque podría favorecer la pesca ilegal en el mar argentino”, expresó el diplomático en referencia a los buques que operan en la denominada “milla 201”, frente a la costa argentina y cerca de las Islas Malvinas, en aguas internacionales. En esta zona, los principales productos que se pescan son calamar y merluza. La flota pesquera y china está conformada por unos 600 buques.

El grupo Shandong Baoma Fishery confirmó en junio del año pasado su interés formal de invertir más de US$ 200 millones y su presidente Jiang Hongjun se reunió con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y el director ejecutivo de Uruguay XXI, Antonio Carámbula.

Hongjun dijo en 2016 al diario La República que los pesqueros debían regresar a China cada dos años para ser “reparados por completo”, lo que era muy “costoso” y que por eso era “necesario” construir en un país de la región “un puerto que sirva de base de pesquería y que esté preparado para la reparación de los barcos, el congelamiento de productos de mar y su depósito".

La Administración Nacional de Puertos (ANP) tiene 187 hectáreas en la zona y los chinos prevén usar 30. Proyectan la construcción de dos muelles de 800 metros de largo y 60 metros de ancho que incluirá amarraderos para procesar más de 200 mil toneladas de productos, una planta de elaboración de productos acuáticos, una fábrica de manufacturación de hielo, un depósito de combustible, un campo de estiba de contenedores, un edificio de oficinas, otro de alojamiento y un comedor para los empleados.

El actual gobierno rechaza que se instalen en régimen de Puerto Libre (“Zona Franca”) como habían solicitado los chinos, mientras que el director blanco en la ANP, Juan Curbelo, y futuro presidente del puerto en el nuevo gobierno está en contra de todo el proyecto porque considera que hará fracasar el puerto pesquero de Capurro en el que invertirán US$ 120 millones. Esa obra está previsto que finalice en 2022.

Diario EL OBSERVADOR - Montevideo - URUGUAY - 25 Febrero 2020