UPM
Eduardo Lust (Cabildo Abierto) realiza nuevas denuncias sobre UPM
El electo diputado Eduardo Lust (Cabildo Abierto), profesor de derecho Constitucional y Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, emitió un nuevo audio referido al contrato “ilegal e inconstitucional, firmado en noviembre de 2017 entre el gobierno y UPM por medio del cual Uruguay entrega a la empresa multinacional finlandesa parte de la soberanía, para que instale su nueva planta de celulosa a orillas del río Negro”.
En dicho audio, Lust remarca, además, que dos periodistas finlandeses, enviados por la televisión oficial de Finlandia a Uruguay realizarán un seguimiento del proceso de instalación de UPM II, “porque en Finlandia están sorprendidos debido a las características de esta planta y por los movimientos sociales que ha desatado”.
“Los periodistas finlandeses nos han confirmado que desde diciembre de 2019 hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Finlandia, por la cual se prohíbe la instalación de plantas de celulosa en Finlandia”, relató Lust.
Además confirmaron que por las zonas urbanas de las ciudades de Finlandia “no pasan trenes de carga, sólo trenes de pasajeros”.
Crimen ambiental
Lust también se refirió a un artículo reciente que publicó el periodista ambiental uruguayo Víctor Bacchetta, quien manifiesta que el 5 de diciembre de 2019 “se cambiaron las directrices de la calidad del agua del Río Uruguay para UPM I”.
El gobierno uruguayo “puso trabas burocráticas durante seis años para evitar que se conociera lo que hacía UPM”.
Remarcó que la primera visita del Comité Científico a la planta UPM I constató que “mezclaban los efluentes de la planta con agua del río antes de realizar el vertido, algo prohibido por la normativa vigente”.
UPM suspendió la dilución, “pero Uruguay modificó la norma por su cuenta elevando la temperatura admisible de los vertidos de tóxicos a 37ºC, cuando el digesto firmado por Uruguay y Argentina decía que para mantener las condiciones naturales del río, la temperatura no debía superar los 20ºC”.
Argentina consideró el cambio de temperatura como “una violación al Tratado, como también la carga de fósforo de los efluentes y otras transgresiones como el uso de un vertedero clandestino”.
“A UPM se le descubrió que tenía un vertedero clandestino para tirar desechos prohibidos al río, donde no llegaba el Comité Científico. Si eso es UPM I, imagínense lo que será UPM II”, remarcó Lust.
Añadió que del documento se desprende también que “Uruguay, en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), permitió verter al río ‘Endosulfán’, un componente químico tóxico, en una cantidad máxima de hasta dos miligramos por litro, cuando está prohibido en Uruguay desde 2012 y Argentina lo prohibió en 2013”.
“Se está cometiendo un crimen ambiental”, denunció Lust en su mensaje de audio.
Iniciativas populares
Por otro lado, recordó que los habitantes de las localidades donde pasará el tren de UPMII, al amparo del artículo 305 de la Constitución de la República, “recogieron el porcentaje de firmas necesarios para presentar ante las intendencias departamentales una iniciativa para que las Juntas Departamentales aprueben un decreto con fuerza de Ley en la jurisdicción, que prohíba el pasaje del tren de UPM por el centro de las ciudades. Esto es el primer paso para detener la nueva planta”.
Lust dijo que se presentarán las respectivas iniciativas “ante la Intendencia de durazno, el 28 de febrero de 2020; el 3 de marzo ante la Intendencia de Florida; y el 5 de marzo en Canelones”.
“La solución debe surgir de los gobiernos departamentales y si la rechazan se realizarán referéndums locales para que sean los pobladores quienes resuelvan si se realiza ese tren criminal, que transportará productos tóxicos y tirará 37 monumentos históricos”, sentencio.