Ciudadanos apelan a un camino constitucional «jamás aplicado» para «detener o desviar el tren de UPM»
Sostienen que los efectos negativos y los riesgos que generaría para las localidades que recorrerá hacen necesario cambiar la ruta. El abogado y diputado electo Eduardo Lust habló al respecto.
Eduardo Lust es el abogado de un grupo de «personas preocupadas por un aspecto clave en el contrato de la planta de UPM, que es el tren».
El diputado electo por Cabildo Abierto charló con República Radio sobre la iniciativa que están llevando adelante, que «nació de la preocupación de muchos habitantes de localidades por las que el tren de UPM pasaría por el centro de la ciudad».
Considerando los efectos negativos que consideran tendría sobre las diferentes localidades, la idea era encontrar «una iniciativa ciudadana que pudiera detener o desviar el tren, porque los partidos políticos estaban todos alineados atrás de UPM. Los habitantes le plantearon su inquietud a los dirigentes políticos, pero no tuvieron eco.
Ahí yo les sugerí ir por un camino que establece la Constitución desde el año 1918, que está vigente y jamás se aplicó en el país, que es la iniciativa legislativa local, que establece que un porcentaje de la población de una localidad puede plantear un texto a la Junta Departamental con un número de firmas que lo respalde, que es el 15% de los habitantes de la ciudad habilitados para votar, pidiéndole algo a la Junta, ya que ella no toma de por sí la iniciativa».
Siguen avanzando
Ahondando sobre los pasos dados en esa «iniciativa legislativa local», Lust explicó: «Ese fue el camino que se recorrió, se llegó al porcentaje requerido, y ahora viene la presentación de la iniciativa, que es un texto de un solo artículo, que prohíbe el pasaje del ferrocarril central por la planta urbana de las localidades donde pasa el tren, o sea que habría que hacer un bypass. La Junta lo tiene que tratar como un decreto con fuerza de ley en el departamento.
Si la Junta lo aprueba, se transformaría en un decreto que detendría al tren, y si no lo aprueba, la ley que regula y reglamenta el proceso establece que hay que hacer un referéndum local, en un plazo no mayor a 60 días desde que la Junta lo rechaza, y a su vez la Junta tiene otros 60 días para tratarlo, y ahí que resuelvan los habitantes de la localidad».
«Esto cambia el escenario»
La pregunta se imponía: si en las Juntas Departamentales hay representantes políticos, y estos están en contra, ¿no es demasiado optimista esperar que la Junta le dé el visto bueno al decreto?
«Eso era muy cierto hasta hace diez días. No hay duda que las Juntas están a favor del tren, porque si no, no hubiera habido necesidad de hacer esto, pero hace unos diez días el Intendente de Durazno, que es el principal impulsor del proyecto de UPM, declaró en la prensa local que ahora quiere que se haga el referéndum, porque según él desconocía la entidad del tren de UPM, y prefiere que sea la ciudadanía de Durazno la que resuelva.
El Intendente lo habrá dicho porque así lo siente, o porque en mayo hay elecciones, y se juntaron 7.000 firmas. Esa gente resuelve una elección. Pero cualquiera sea su elección, lo importante es lo que dijo.
Después, el presidente de la Junta Departamental de Florida, que es del partido blanco, en forma personal y en su rol, declaró que cuando llegue la iniciativa le va a proponer a sus ediles, que tienen la mayoría para hacerlo, que aprueben el decreto sin necesidad de referéndum.
A eso se suman las declaraciones de Olaizola, futuro Subsecretario del ministerio de Transporte, que expresó que si hubiera que desviar el tren, sacarlo de la planta urbana, habría que estudiar el tema y podría llegarse a hacer.
Entonces, esto cambia el escenario, porque hasta ahora parecía ser una decisión inamovible», sostuvo.
¿Por qué molesta el tren a los habitantes?
Abordando este punto, explicó Lust: «El tren de UPM no es de esos que podría llevar a decir a alguien ‘¿por qué les molesta el tren si AFE pasa por ahí?’. El tren de AFE es el que todos conocemos, que no es el de UPM. El de UPM va entre muros, o sea que cuando llegue a las ciudades como Sarandí Grande, 25 de Mayo, Cardal, 25 de Agosto, que son pequeñas poblaciones de cuatro o cinco mil habitantes, Santa Bernardina, que son 1.500, les van a hacer un muro que va a cortar la ciudad al medio.
Eso desde el punto de vista sociológico y antropológico destruye la ciudad. Va a haber un pasaje peatonal a un kilómetro. Pero además el tren de UPM cuando va de Paso de los Toros a Montevideo tiene casi un kilómetro de largo y lleva pasta de celulosa; cuando el viajes es al revés, son 22 vagones cisterna, que transporta 41.000 litros de ácido en cada vagón.
En 2015 descarrilló un tren de una papelera australiana en Australia, con esta misma carga, y hubo que evacuar 9.000 personas de una ciudad por la nube tóxica que provocó el descarrilamiento».
«Los trenes de carga deben ir por zonas rurales, y los de pasajeros por las urbanas, como pasa con los demás medios de transporte en las rutas nacionales. El tren de UPM cuando vaya por la zona rural, va entre tejidos. Pero al hacerlo por la zona urbana, el proyecto afecta 8.500 casas, y alrededor de 40.000 personas. No solo el tren que pasa, sino los tres años que dure el proyecto de construcción», agregó.
Por último, reflexionó: «está claro que ninguno de los que organizó esto vive en las vías. Habría que ver cómo reaccionarían si ellos vivieran y les pasara el tren veinte veces por día los 365 días del año. Un tren a 80 kilómetros, que cuando va por la planta urbana tiene que ir tocando la sirena, día y noche».