Artículo sobre huelga y ocupaciones divide a laboralistas y al PIT-CNT
Mientras los especialistas creen que va en línea con lo que plantea la OIT, desde la central sindical se entiende que lo propuesto es inconstitucional
En temas de derecho laboral la ley de urgente consideración presentada por el gobierno electo tuvo un articulado menor al de otras áreas como la de seguridad pública, por ejemplo, pero causó fuertes diferencias entre la central sindical y expertos laboralistas.
En el caso del derecho a huelga y las ocupaciones de lugares de trabajo, con un reclamo desde hace casi diez años desde las cúpulas empresariales en medio, la potencial normativa se dividió en dos partes. Una primera que establece cómo tienen que llevarse a cabo las medidas y en segundo orden se expresa que en caso de no cumplirse con lo establecido, el Poder Ejecutivo tendrá la facultad de intervenir sin mediación judicial. En este último punto radica el cambio más relevante que busca la nueva normativa.
“Toda medida de huelga deberá ejercerse de forma pacífica, sin perturbar el orden público y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección a ingresar en los locales de la empresa”, señala el artículo 349 del proyecto de ley presentado este miércoles.
Según el abogado laboralista, Matías Pérez del Castillo, el artículo 349 sobre el ejercicio del derecho de huelga, “es prácticamente un calco de lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Pérez del Castillo dijo que el Comité de Libertad Sindical de la OIT siempre ha reconocido que el ejercicio de derecho de huelga tiene sus limitantes, y que las medidas tienen que ser pacíficas y respetarse la libertad de trabajo de los no huelguistas.
Para el especialista, lo que plantea el artículo del proyecto presentado por el futuro gobierno en esencia restringe las medidas de piquete y ocupaciones tal como se dan en Uruguay.
El profesional, además, señaló que la ley va a tener sentido en tanto se derogen tres decretos: el 165/006 que establece que las ocupaciones son una extensión del derecho a huelga, el 354/010 que restringe las ocupaciones del sector público y el 76/017 sobre el derecho de la libre circulación en calles, caminos y carreteras que excluye a las huelgas de su ámbito de aplicación.
“Una ocupación que sea pacífica y deje a los trabajadores trabajar y a los empleadores también debería de permitirse. Lo que pasa que no va a ser eficaz esa medida”, explicó.
Por otro lado, argumentó que lo que se plantea es que sea el Poder Ejecutivo el que ponga restricciones en las medidas de huelga, dando lugar a que puedan actuar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o la Policía sin que haya actuación judicial. En este sentido, señaló que se va en línea con la OIT.
“Con esta solución a medida que entre a actuar el Poder Ejecutivo de repente se pueden evitar daños porque se resuelve el conflicto antes de tener que ir a la Justicia. Ante una medida de huelga violenta o que impida trabajar, lo que pueden hacer hoy los no huelguistas o los empresarios es ir a la Justicia a solicitar un proceso de amparo. Con esta norma la administración ahora tiene la potestad por ley de intervenir. Va a estar sujeto a lo que haga el gobierno con esta disposición”, explicó Pérez del Castillo, que lo consideró un avance positivo en relación a la actual legislación.
Por su parte, el experto en derecho laboral y seguridad social de CPA Ferrere, Alberto Baroffio, consideró que no se dice nada distinto a lo que se podía esperar.
“Lo que se hace es tomar en cuenta lo que han venido diciendo los jueces civiles en las acciones de amparo hasta el día de hoy. La ley deroga tácitamente el decreto que habilitaba una ocupación, ahorrando la discusión de si se puede o no se puede“, apuntó el especialista.
Lo que establece es que cuando se hace huelga no se puede ocupar porque no se permite trabajar a los que no hacen huelga, o circular libremente, comentó Baroffio, que insistió en que va en la línea de lo que se ha sentenciado en las acciones de amparo, que han dado la razón a los empresarios y han sentenciado que cesen las ocupaciones.
“Este proceso judicial podía demorar hasta una semana hasta que se pronunciará un juez”, dijo Baroffio.
Para el PIT-CNT es "anticonstitucional"
En tanto, la postura del PIT-CNT difiere de la de los profesionales. El presidente de la central sindical, Fernando Pereira, expresó en diálogo con El Observador que cree que el potencial cambio de normativa “es claramente anticonstitucional”.
“La OIT donde pone límites en las ocupaciones es cuando dice que habría que permitirse el ingreso de los trabajadores que quieran hacerlo y a la gerencia de la empresa. Pero no en la huelga general”, señaló el dirigente gremial.
Pereira expresó que si la ley estuviese sujeta únicamente a las ocupaciones “no tendría problema, pero no se habla de las ocupaciones, sino de la huelga en general”.
Según pudo saber El Observador, en la central de trabajadores se entiende que la exigencia en torno a que la huelga deba ejercerse sin perturbar el orden público abre la puerta para una interpretación restrictiva y quedará a la discrecionalidad interpretativa del Poder Ejecutivo lo que es pacífico y lo que no.
Esta discrecionalidad puede generar, consideran, que quede en manos del gobierno decir qué huelga es legítima y cuál no, lo que puede generar situaciones de conflicto. La huelga está consagrada como un derecho gremial en el artículo 57 de la Constitución de la República.
A su vez, sobre las condiciones de asegurar la libertad de trabajo para no huelguistas y el derecho de la dirección a ingresar a las empresas en casos de ocupación o piquete, para el PIT-CNT lo dispuesto en la ley de urgencia extralimita las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, debido a que se extiende a toda medida de huelga, cuando puede haber casos como huelgas en el transporte público.
La central interpreta que en ese caso se van a ver afectados trabajadores de otras ramas y que se puede entender que la medida incluye la afección a la “libertad de trabajo” de esos trabajadores.
El PIT-CNT además defiende la postura de que cuando se da una ocupación el derecho de propiedad no está en juego, ya que la medida no tiende a vulnerar ese derecho sino a garantizar otros, explicaron desde la central. También consideran que los piquetes son modalidades que puede asumir la huelga, por lo que la norma proyectada al declararlos ilegítimos está vulnerando la norma constitucional,
"Tanto la ocupación como los piquetes, a juicio de los órganos de contralor de la OIT, son modalidades de huelga, cuyo ejercicio debe permitirse siempre que se trate de acciones que se desarrollen pacíficamente", expresó Pereira en esta línea.