Cuáles son las cuatro iniciativas con las que Eduardo Lust quiere "frenar" a UPM 2
El diputado electo de Cabildo Abierto promueve distintas acciones contra la empresa finlandesa
La revisión del contrato con la empresa UPM para la instalación de la segunda planta de la empresa en el territorio uruguayo no está en los planes del próximo gobierno. Después de ser electo presidente, Luis Lacalle Pou apeló a la seguridad jurídica de Uruguay para explicarle a los directivos de la empresa finlandesa por qué el cambio de autoridades en el Poder Ejecutivo no haría peligrar el contrato negociado con la administración de Tabaré Vázquez, que se cristalizó con el acuerdo complementario firmado en julio de 2019.
El próximo mandatario considera que está “todo el pescado vendido” y, aunque advierte que las obligaciones acordadas sean “totalmente desmedidas”, como dijo a El País, “hay muy poco margen” para hacer modificaciones. El artículo 24 de la Constitución reconoce la responsabilidad civil del Estado, lo que supone que la revisión de los términos no esté al alcance del futuro gobierno sin el consentimiento de la compañía, explicó a El Observador el abogado constitucionalista Eduardo Esteva.
Pero a pesar de ello, 2020 se perfila como un año en el que lo acordado entre UPM y Uruguay, en particular la instalación de la planta de celulosa y puesta en marcha del tren de carga que irá de Montevideo a Tacuarembó, estará en agenda de forma permanente.
El abogado constitucionalista Eduardo Lust, diputado electo por Cabildo Abierto que se declara “enemigo” de UPM, tiene previstas varias acciones para frenar el proyecto y forzar la anulación del contrato.
El primer paso lo dio en diciembre del año pasado, cuando terminó de redactar la iniciativa legislativa con la que vecinos de ocho localidades de Florida, Durazno y Canelones pretenden modificar el trazado de la vía de tren, después de haber juntado las firmas de 15% del electorado de esos centros poblados.
Las firmas van a ser entregadas en la primera semana de febrero a las correspondientes Juntas Electorales Departamentales, que deberán acreditar su validez. Ahora, las Juntas Departamentales tendrán que resolver en un plazo de 60 días si aprueban la modificación del trazado propuesta en cada localidad. Si los integrantes de la Junta no llegaran a un acuerdo en ese tiempo, antes de los 60 días el intendente deberá convocar a un referéndum local, para que los habitantes validen o no el trazado alternativo.
El intendente de Florida, Guillermo López, contó que está siguiendo “de cerca” cómo evoluciona este proceso y dijo que pedirá una reunión al futuro ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, para interiorizarse con el tema.
A cuatro meses de las elecciones departamentales y municipales, este proceso embreta a los jefes departamentales que pelean la reelección y serán cuestionados por no haber modificado el trazado cuando tuvieron la potestad hacerlo. “Oponerse es antipático. En Florida sin duda va a ser uno de los ejes de la campaña”, reconoció López.
Además, Lust dijo a El Observador que cuando entreguen las firmas presentarán recursos de amparo en los juzgados letrados en lo civil de Durazno, Florida y Canelones para frenar de forma provisoria la construcción, hasta que las juntas departamentales se pronuncien o se realicen los referéndums. “Podría pasar que el juez de un departamento dé lugar al recurso y el de otro no, pero entendemos que se cumplen todos los requisitos para esa medida cautelar”, expresó.
La principal apuesta del legislador electo, no obstante, es la demanda que presentará en marzo contra UPM y el Estado, con la que quiere que la Justicia declare la nulidad del contrato, anunció en el programa Así nos va, de radio Carve.
En diálogo con El Observador, el abogado constitucionalista reconoció que las probabilidades de que esto pase son pocas, que la demanda “tiene un valor simbólico” y que su principal motivación es otra: llevar como testigos a los jerarcas del actual Poder Ejecutivo.
“Les vamos a preguntar todo lo que les venimos preguntando y nunca nos contestaron. Lo importante es la comparecencia como testigos, porque si no van los lleva la Policía a que declare”, afirmó.
El diputado electo apuntó contra el presidente Vázquez; el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma; el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo; y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García. También contra los ministros Danilo Astori (Economía), Víctor Rossi (Transporte) y Eneida de León (Vivienda).
Cuando asuma su banca en la Cámara de Diputados, Lust tiene previsto hacer pedidos de informes a las autoridades designadas, para que le provean más información. El ingeniero agrónomo César Vega, diputado electo del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), dijo que tiene pensado invitarlo antes del 15 de febrero para dialogar sobre posibles acuerdos en la cámara baja para temas concretos.
El futuro ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y el próximo subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, indicaron a El Observador que el proyecto UPM no fue uno de los temas centrales de las reuniones con sus antecesores.
Los directivos de UPM rechazaron ser entrevistados por El Observador. Este viernes, la empresa anunció el comienzo de la primera etapa de reclutamiento y formación de personal para su segunda planta de celulosa. Según el comunicado, el programa se llevará adelante en la planta que está en Fray Bentos y "consiste en una primera instancia de capacitación teórica sobre la producción de celulosa, seguida de una etapa práctica en conjunto con el equipo de producción".